Parece que un Estado no tiene facultades para desvirtuar derechos adquiridos en virtud de unainterpretacionadmitida de la ley. «Lambertson v. Hogan,» 2Barr22.Cuando un Estado cede bienes, aunque sea á título de donacion, celebra un contrato de no desvirtuar los derechos que se adquieran de esta manera. Véase «Commercial Bank of Natchez v. Chambers» (8Smedes & Mark9). Se ha declarado inconstitucional, porque desvirtuaba la obligacion de los contratos, una ley expedida para dar validez á la escritura de traslacion de dominio, otorgada por unamujer casada, que por lo mismo era nula «Pearce v. Patton,» 7 B. Mon. 162.[175]La doctrina general que se aprobó en este caso dió orígen á la costumbre que se ha adoptado en algunos Estados, de insertar una cláusula en las leyes de fundacion de las corporaciones, reservándose la Legislatura la facultad de alterarlas ó suprimirlas. La Constitucion que sancionó el Estado de New York en 1846 [Art. 8, sec. 1] deja á salvo esa facultad respecto á todas las corporaciones que puedan crearse en lo sucesivo. Siempre que un Estado se haya reservado semejante facultad, sea en su Constitucion, en alguna ley general expedida para la formacion de sociedades, ó en la especial de la fundacion, se entiende que forma parte del contrato celebrado entre el mismo Estado y la corporacion, para el efecto de sustraer á ésta del amparo de la Constitucion federalIn re«Oliver Lee Co's Bank.» 21, New York, 9In re«Reciprocity Bank» 22, New York 9.[176]Parece que en el caso de «Bronson v. Kinzie» se admitió el principio de que podrian legalmente hacerse ciertas alteraciones en los recursos, cuando éstas no los desvirtuaran de una manera sustancial. Alguna analogía tiene con esta doctrina la que sentó el presidente de la Suprema Corte, Mr. Marshall en el caso de «Sturges v. Crowninshield»; pero es algo peligroso el principio, por ser susceptible de malas interpretaciones y estar expuesto á abusos, especialmente en los términos en que la emitió la Corte en el caso de «Evans v. Montgomery.» [4 Watts Serg. 218] En el caso de «Woodfice v. Hooper,» [4Humphrey, Tennessee 93] se declaró que si al celebrarse el contrato el acreedor tenia derecho á reducir á prision al deudor por falta de cumplimiento, este recurso podria ser abolido, porque en sí mismo no constituye parte del contrato, y aun podria mandarse poner en libertad al deudor si estaba preso, al hacerse ejecutar el contrato. Pero seria burlarse de la justicia y barrenar la Constitucion federal, el quitar por medio de una disposicion legislativa los recursos legales existentes para hacer cumplir la obligacion de los contratos, privando al acreedor de toda reparacion. Los tribunales no han ido tan léjos, ni han acometido la tarea de fijar límites respecto á los recursos que pueden y los que no pueden quitarse. El peligro consiste en que se abuse de esa facultad, llegando hasta quitar todos los recursos eficaces:Utor permisso: et demo unum, demo etiam unum, dum cadat. Es sensible que la vaguedad con que se expresó la Suprema Corte en la resolucion de algunos casos, haya dado lugar á que las Legislaturas de los Estados hubiesen legislado á su discrecion respecto á los recursos existentes cuando se celebraron los contratos. La mejor doctrina sobre este particular, es que todos los recursos existentes cuando se celebró el contrato, y que afectan los derechos é intereses de los contrayentes, llegan á ser parte integrante del mismo, y constituyen un derecho adquirido, que no debe modificarse. La Constitucion de New Jersey de 1844 [art. 4, se. 7] declara que la Legislatura no podrá privar á los contrayentes de los recursos que les concedia el derecho al tiempo de celebrarse el contrato. Esta es una sábia disposicion que añade una garantía muy importante á la religiosidad de los contratos. Toda suspension por estatuto de los recursos existentes cuando se celebró un contrato, ó de alguna parte de ellos, desvirtúa mas ó menos su obligacion. La genuina doctrina constitucional sobre esta materia se encuentra en la decision de los casos «Bronson v. Kinzie,» «Mc. Cracken v. Haywood» y «Lancaster Saving Institution v. Reizart.» En el caso deChadwick v. Moore[8 Watts t. Serg. 49,] se declaró que no era inconstitucional un decreto expedido por la Legislatura de Pennsylvania en 1842, suspendiendo por el término de un año los remates en los juicios ejecutivos, cuando la postura fuera por ménos de las dos terceras partes del valor en que se hubieran tasado los bienes embargados. El Presidente de la Corte del Estado, Mr. Gibson, que emitió la opinion del tribunal, sostenia á lo que parece, que la Legislatura podia suspender discrecionalmente el recurso por un término limitado, siempre que no fuera muy largo, creyendo que era mejor esta doctrina que la que defiende la integridad absoluta del principio constitucional respecto á los recursos existentes. Vide «James v. Stull,» [9BarbN. York 482,] «Bauher v. Nelson,» (9Gill, 299) «Stocking v. Baut.» 3 Denis, 274,Smith v. Moore, [2 California 524.] Para mí la doctrina mas sana es la que sentó el presidente de la Corte, Mr. Broson en el caso de «Quackenbush v. Danks» 1 Denis 128, sosteniendo que las leyes que en cuanto á la forma se ocupan exclusivamente de los recursos pueden tener el efecto práctico de nulificar el contrato.[177]La prohibicion constitucional es aplicable no solo á las leyes de los Estados, sino tambien á las Constituciones cuando desvirtúan las obligaciones de los contratos. «Dodge v. Wolsey,» 1HowardU. S. 3318.[178]En el caso deBronson v. Kinzie, 1HowardU. S. 311, se admitió que los contratos celebrados despues de promulgadas las leyes de esperas de Illinois, se sujetaban á ellas, siempre que debieran tener su cumplimiento en el mismo Estado, porque está en las facultades de los Estados declarar cuáles son las obligaciones legales y equitativas que producen los contratos celebrados y que deben ejecutarse dentro de su territorio.[179]Segun el Derecho Español [L. 3, tít. 15, Part. 5] los bienes que adquiere el deudor despues de la cesion solo quedan afectos al pago, en lo que excedan de lo que él necesite para su congrua sustentacion, (beneficio de competencia); mas no existe esta disposicion en el Derecho de la Luisiana. 3, Martin. [Louis] 588, id. 292.[180]Código, 7, 71, 1 Dig. 42, 3, 4, y 6;Voet ad Pand42, 3, 8;HeinecciiOpera, tom. V. pág. 620; tom. VI, pág. 384, 387:Code de Commerce, núm. 568.Repertoire Universel et Raisonné de Jurisprudence, por Merlin, tít. cession de biens;Esprit des Lois, tom. I, 114; 2 Bell's com. 580-597; 16 Johns, 244 note. Hub. Prœlect. tom. II, 14-54;Heinec. Elem. Jur. Civ. secund. ordine Pandect, p. 6, 1. 42, tít. 3;Elem. Jur. Ger.Lib. 2, tít. 13, sec. 387.[181]Voet ad Pand.42, 3, 10.[182]Para remover toda confusion en esta materia, es preciso no olvidar la diferencia que existe entre los derechos locales que confiere la ciudadanía de un Estado, y los que confiere la ciudadanía nacional en virtud de la Constitucion. Es incuestionable que, segun la mente de ésta, un extranjero solo puede adquirir la ciudadanía nacional cumpliendo con las prevenciones de las leyes de naturalizacion expedidas por el Congreso general; pero cada Estado, en uso de la soberanía local, que quedó reservada á los Estados en particular, puede constituir á los extranjeros ú otras personas sobre una base de absoluta igualdad con sus propios ciudadanos en cuanto á las garantías y derechos políticos que deban disfrutar dentro de su propia jurisdiccion, entendiéndose que las disposiciones que dictaren en este sentido no constituyen á dichos extranjeros en ciudadanos de los Estados Unidos, ni les confieren los derechos y prerogativas de ciudadanos en otros Estados.Véase el caso de Dred Scott. 19,How393.[183]En el caso de «Berney v. Tax Collector,» 2Bailey[S. C] 654 se declaró que era constitucional una contribucion impuesta por un Estado sobre dividendos de acciones de un banco nacional, que pertenecian á un ciudadano del mismo Estado. Y en el de «Union Bank v. The State» [9Yerger, 490] que las acciones de los bancos del Estado estaban sujetas al pago de contribuciones como bienes de propiedad particular, cuando pertenecian á personas avecindadas en el mismo Estado; no así cuando pertenecian á personas no residentes, porque la contribucion es personal, y las acciones son derechosad rem, no tienen localidad fija y siguen á la persona del dueño.[184]Con el mismo fundamento se declaró en el caso de "Dobbins v. The Commissioners of Erie County" [16Petersv. s. 435] que los empleados federales no estaban sujetos á la cuotizacion de los Estados por razon de sus empleos, porque esto equivaldria á disminuir la gratificacion que les dá la ley. En el caso de «Melcher v. The City of Boston» la Suprema Corte de Justicia de Massachusetts declaró en Marzo de 1845 [9Metcalf73] que aun no estaba decidido si seria legal imponer contribuciones sobre los sueldos de los empleados federales y si estaba ó nó comprendido en la resolucion del citado caso de Dobbins. En este caso se declaró queun empleado del correo, no estaba exento de las contribuciones impuestas sobre sus sueldos.La Corte de Apelaciones de New York en el caso «Bank of The Commonwealth v. Commissioners of Taxes» [23 New York 192] decidido recientemente declaró que los bonos de la deuda pública de los Estados Unidos estaban sujetos á las contribuciones de los Estados, sea que pertenecieran á particulares ó á corporaciones. Los decretos del Estado previenen que las contribuciones se impongan sobre toda la masa de la propiedad existente en un territorio y no sobre los bienes individuales que posee cada causante. En esto se fundaba la distincion que hizo el magistrado Denio entre este caso y el de «Weston v. The City of Charleston.» Se declaró que los bonos de los Estados Unidos estaban sujetos á las contribuciones porque entraban en la masa comun de toda la propiedad del Estado, sin que se pudiera decir que habian sido impuestas por mala disposicion de ánimo respecto á las propiedades de la federacion. El Presidente de la Corte disintió y en tal virtud se llevó la cuestion á la Suprema Corte de los Estados Unidos, la que revocó el fallo, declarando que dichos bonos no estaban sujetos á las contribuciones de los Estados. 2Black620.[185]«Commonwealth v. Clary» (8 Massachusetts, 72) «Commonwealth v. Young» (1Hall's Journal of Jurisprudence, 53.)[186]1 Hall's journal of jurisprudence, 47. En el casoUnited States v. Ames, [1Wood Minot76] seguido ante el tribunal federal del circuito de Massachusetts, (Octubre de 1845) el Sr. Magistrado Woodbury, hizo un análisis muy prolijo y erudito de la jurisdiccion sobre las tierras ubicadas en sitios enagenados á ella por un Estado, declarando, que si las posee en propiedad, sin haber mediado cesion de jurisdiccion por parte del Estado, deberá regir en cuanto á sus derechos y acciones el fuerorei sitæ, que comprende á todos los que poseen tierras allí, sean ó nó vecinos del lugar, á no ser que las leyes del Congreso hayan dispuesto otra cosa, tal es por ejemplo el caso análogo en cuanto al principio, en que el gobierno federal es tenedor de una libranza. Véase «United States v. Barker» (12Wheaton, 561) ó es responsable por pérdidas sufridas sobre letras de cambio de procedencia extrangera, por averías generales, por aluviones de los rios, compensacion &c. Pero si además de la enagenacion de las tierras ha habido cesion de jurisdiccion, aquellas quedan sujetas á las leyes del Congreso, y no á las de los Estados, y no deberá permitirse que éstos pongan obstáculos á la consecucion del objeto para que fueron cedidos los terrenos por medio de la imposicion de contribuciones, de anegarlos, ó de cualquiera otra manera que pugne en lo mas pequeño con las disposiciones que diere el gobierno general, quien podrá castigar cualquier delito que se cometiere allí y expeler á los intrusos. Mas si el Congreso no hubiere prescrito ningun recurso especial y adecuado á la propiedad pública, deberá aplicarse el derecho comun ó las leyes de los Estados. Pero los Estados Unidos tienen jurisdiccion sobre su territorio, aun cuando no haya habido cesion respecto á las tierras en particular, pues que la posesion de éstas tiene objetos especiales y debe ser protegida.[187]En virtud de la facultad constitucional de que nos ocupamos, el Congreso puede prescribir cualquiera disposicion relativa á reglamentar el comercio; y en virtud de la que tiene para acuñar moneda, puede dictar las que estime oportunas para proteger el cuño nacional. Es por lo mismo constitucional la ley de 3 de Marzo de 1825 que impone penas á los que introduzcan moneda falsificada á los Estados Unidos con intencion de hacerla circular, así como para los que la circulen, &c. "The United States v. Marigold," (9How U. S.).[188]En el caso deSinnot v. Davenport[22HowardU. S. 227] se declaró que la ley del Estado de Alabama, que impuso á los dueños de los vapores que navegan en aguas del Estado, la obligacion de dar una noticia con expresion del nombre del vapor, nombres y vecindad de sus dueños, y el interés que cada uno representara antes de que dichos vapores salieran del puerto de Mobila, era nula respecto á los buques que tenian la correspondiente licencia para hacer el comercio de cabotage conforme á las leyes del Congreso. Tambien la Suprema Corte de New York en el caso deCisco v. Roberts, [6Boser.494] declaró que no tenian fuerza obligatoria las leyes que expidió el Estado reglamentando el pilotage, cuando el Congreso ya habia legislado sobre el particular, en uso de sus facultades. De la misma manera es nula la ley del Estado de California, que impuso un derecho de sello sobre las facturas del oro y la plata que se exportaran del Estado, por ser un derecho sobre artículos de exportacion,Almy v. California(24HowardU. S. 169.)[189]El año de 1846, la facultad de reglamentar el comercio entre los diversos Estados, sufrió un debate muy luminoso en el tribunal de Distrito de la federacion en Missouri, tratándose del casoThe United States v. The Steamboat James Morrison[relatado en el «New York Legal Observer,» Setiembre de 1846] en el que se revisó, ilustró y aplicó la doctrina asentada en el caso «Gibbons v. Ogden,» con la limitacion, que no contraría el principio en que se fundó esa ejecutoria, de que losferry boats, [botes de vapor que cruzan de una orilla á otra] que no salen de los límites del Estado, no necesitan licencia de la federacion segun la ley de 7 de Julio de 1838, pues dicha facultad no abraza una navegacion de un carácter tan señaladamente interior y que ninguna conexion tiene con el comercio de fuera del Estado. La ley exige la licencia para hacer el comercio de cabotaje, y aquí no se trataba de eso. Pero se admitió, sin embargo, que era comercio de cabotaje el que hacia un buque entre dos ó mas puertos de rio de un mismo Estado, siempre que se enlaza y formara parte divisible de un comercio general entre dos ó mas Estados. En el Estado de New York hay una decision anterior á ésta, que la contraría abiertamente, y es la que dió en el caso «The United States v. Jackson,» el tribunal del Distrito meridional del Estado, en 1841 (N. York Legal Observer, Diciembre de 1846.) En ella se declaraba que la mencionada ley de 1838, comprendia toda clase de buques, sin excepcion alguna, movidos exclusiva ó parcialmente por vapor; que todo buque de vapor necesitaba la licencia é inspeccion, sea cual fuere el comercio á que se dedicara, ó los lugares entre los cuales hiciera viajes, hallándose comprendidos en esta disposicion aun losferry boatsque cruzaban entre puntos situados en un solo Estado.[190]En el caso de «Cumming v. Corporation of Savannah,» uno de los tribunales superiores del Estado de Georgia declaró en 1816, que era legal la recaudacion de un impuesto municipal decretado por una ley de un Estado, sobre todo producto, que no siendo del mismo Estado, era remitido para venderse allí en comision, y que no podia tenerse como un derecho sobre importaciones. (R. M. Charlton26). En el caso de «Green v. The City of Savannah» [ibid368] se declaró que los Estados tienen derecho de imponer contribuciones tanto á las importaciones como á las exportaciones, para el efecto de hacer cumplir sus leyes de inspeccion. Así tambien se ha declarado que no era contraria á la constitucion federal la ley de un Estado imponiendo una contribucion á los vendedores al menudeo de mercancías extrangeras, apesar de que la ley comprendia tanto á los importadores como á los demás vendedores de esa clase de mercancías. «Biddle v. The Commonwealth,» [13Serg. &c. Rawle, 405]. Pero la decision de este caso puede considerarse como revocada por la que se dió en el de «Brown V. State of Maryland,» que ya hemos citado, pues tiende á prohibir al importador á que venda el artículo importadopor bultos, y el derecho de vender está inseparablemente enlazado con la ley que permite la importacion[190a]. La ley del Estado de Pennsylvania en que se fundaba la decision, era válida como se habia publicado al principio, sin la enmienda que tuvo despues, porque eximia á los importadores que vendian las mercancías en el mismo bulto ó fardo en que se habia importado.La contribucion impuesta por un Estado á los corredores de cambio, no pugna con la facultad constitucional de reglamentar el comercio.Nathan v. Louisiana, [8Howard U. S.73]. No es nula una contribucion impuesta á los agentes de compañías extrangeras de seguros.People v. Thurber[13Illinois, 554]. Tampoco lo es la ley de un Estado que grava con contribuciones á los extrangeros no domiciliados en los Estados Unidos por las cantidades que recibieren á título de herencia, donacion ó legado.Mayer v. Prima[8Howard, U. S.490].[190a]En el caso de "Padelford v. Mayor" [14George438] se declaró que una ley municipal imponiendo una contribucion sobre el "monto total de las ventas de mercancías" no pugna con la cláusula de la Constitucion que prohibe á los Estados imponer contribuciones ó derechos sobre las importaciones. Era por lo mismo legal la recaudacion que se hacia sobre el precio de los géneros importados, vendidos por los importadores en su forma original.[191]Art. 1. Sec. 19 de la Constitucion. Por la ley de 5 de Febrero de 1801, c. 83, el Congreso aprobó una disposicion de la legislatura de Maryland, que nombraba un oficial de sanidad para el puerto de Baltimore, y autorizó al Estado para cobrar una contribucion de un centavo por tonelada á todos los buques procedentes del extranjero que entrasen al distrito de Baltimore, cuyo producto debia destinarse á los objetos especificados en dicha disposicion. Esta ley prueba cuan estricto es el sentido en que se toma la cláusula constitucional citada en el texto.[192]Opinion del Presidente de la Suprema Corte de Justicia Mr. Marshall en el caso deGibbons v. Ogden(9Wheaton, 203). En el casoThe City of New York v. Miln[11Peters U. S.102] se declaró que la ley del Estado, de Febrero de 1824, que impuso á los capitanes de los buques que llegaban de cualquier puerto de fuera del Estado, la obligacion de presentar á las veinticuatro horas de su llegada, una relacion por escrito dando razon de los nombres, edad y último domicilio legal de los pasageros, y obligando á los mismos capitanes ó á los dueños de los buques, á otorgar una fianza de que indemnizarian á la ciudad de todos los gastos que le ocasionaran los pasajeros que no eran ciudadanos, no era un reglamento de comercio, sino de policía, y que debia tenerse como constitucional y válida. El caso fué muy discutido, pero no me parece que sea fácil dar á la ley de New York otro carácter que el de un reglamento de comercio, ni eximirla de las doctrinas anteriores de la Corte sobre que la facultad de reglamentar el comercio con las naciones extranjeras debe ser necesariamenteprivativadel gobierno de la federacion. Siguiéndose el principio sentado en esta decision, en el caso deNorris v. City of Boston[4Metcalf, 282] se declaró que no pugnaba con la Constitucion federal la ley del Estado que no permite desembarcar á los pasageros de nacionalidad extrangera hasta que el dueño, capitan ó consignatario del buque en que llegasen hubiere satisfecho dos pesos por cada pasajero, el producto de cuyo impuesto se debia invertir en la mantencion de los extranjeros desvalidos [paupers] en el Estado, teniéndose como un reglamento de policía municipal y no de comercio. Así tambien en el caso deWorsley v. Second Municipality of New Orleans(9Rob. Louisiana, 324) se declaró que un bando de la municipalidad de Nueva Orleans, que imponia un derecho sobre todo bulto que se introdujera ó exportara del lugar, era válido y no pugnaba con la Constitucion federal. No fué la mente de la Constitucion autorizar al Congreso para intervenir en las leyes que dictaran los Estados sobre muelles y otros medios usados por el comercio, y sobre la conservacion de puertos etc. Una derrama impuesta con el objeto de espensar la construccion de puentes y calzadas, ó con el de remover las obstrucciones de las corrientes de agua, y que gravita sobre los que reciben el beneficio de estas obras, no es contribucion, impuesta sin derecho.En el caso de "Howell v. The State of Maryland" [3Gill.14] el tribunal de Apelaciones de New York decidió en Diciembre de 1845, que la ley del Estado que impone una contribucion sobre el interés que tienen personas residentes en el Estado en buques de cualquiera especie, sea que estén dentro ó fuera de puerto, era válida y no pugnaba con la Constitucion federal ni la ley del Congreso sobre matrículas.Las leyes de New York autorizan al Comisionado de sanidad para exigir á los capitanes de todos los buques que lleguen al puerto del mismo nombre $1.50 por los mismos capitanes, dos pesos por cada pasagero de primera clase, &c., con aplicacion al hospital de Marina y á la sociedad para reforma de jóvenes delincuentes, &c. Otra ley de Massachusetts de 1837 no permite desembarcar á los pasageros extrangeros hasta que hayan pagado dos pesos para auxilio de extrangeros desvalidos. La cuestion de constitucionalidad de estas leyes se presentó á la Suprema Corte el mes de Febrero de 1849, en los casos, de "Smith V. Turner" y "Norris V. City of Boston" y dicho tribunal la falló en contra, declarándolas inconstitucionales, por ser verdaderos reglamentos de comercio, que solo el Congreso podia expedir. El Presidente de la Suprema Corte y otros tres de los magistrados disintieron, considerando dichas leyes como parte del sistema del Estado sobre desvalidos, y declarando que no pugnaban con ningun tratado ó ley de la Union, 1Howard U. S.282.En los últimos casos que hemos citado, el Sr. Magistrado Wayne observó que el caso de "New York v. Miln." [11Peters U. S.102] equivocadamente se habia publicado como decision de la Corte, pues solo tres magistrados de los siete que la formaban concurrieron en la opinion del Magistrado Thomson. Véase el caso "The People V. Brooks" [4Denis, 469].[193]En el caso de "Smith v. State of Maryland" (18Howard, U. S.91) se declaró que la ley que reglamenta el uso de los criaderos de ostras que existen dentro de los límites de un Estado, pudo decretar la confiscacion de los buques que violasen sus prevenciones, aun cuando estuvieran matriculados y tuvieran la correspondiente licencia para el comercio de cabotage conforme á las leyes federales.[193a][193a]En virtud de las facultades que tienen los Estados para dictar disposiciones de policía, pueden establecer requisitos para la navegacion en sus aguas, además de los que contiene la ley del Congreso referente al comercio de cabotage; y esas disposiciones serán válidas siempre que no pugnen con la Constitucion ó leyes de la Union. "Fitch. v. Livingston," 4Sandford, 493. Las leyes de policía de los puertos, dictadas por los Estados son constitucionales, "Wardens of New Orleans v. Ship. M. J. Ward," (14Louisiana Ann.289).[194]En el caso «The Fire Department v. Noble,» (3E. D. Smith440) seguido ante el tribunal de «Common Pleas» de New-York, se examinó la cláusula de la Constitucion que dispone que «los ciudadanos de un Estado tendrán en los demás todas las prerogativas é inmunidades que los ciudadanos de éstos,» y se declaró que era constitucional la ley de un Estado que impone contribuciones á las compañías de seguros, exigiendo su pago como requisito para que puedan asegurar, aun cuando no debieren su incorporacion al Estado, con tal de que hagan negocios en él.[195]Esta cláusula quedó modificada por el artículo XII de las enmiendas.
Parece que un Estado no tiene facultades para desvirtuar derechos adquiridos en virtud de unainterpretacionadmitida de la ley. «Lambertson v. Hogan,» 2Barr22.Cuando un Estado cede bienes, aunque sea á título de donacion, celebra un contrato de no desvirtuar los derechos que se adquieran de esta manera. Véase «Commercial Bank of Natchez v. Chambers» (8Smedes & Mark9). Se ha declarado inconstitucional, porque desvirtuaba la obligacion de los contratos, una ley expedida para dar validez á la escritura de traslacion de dominio, otorgada por unamujer casada, que por lo mismo era nula «Pearce v. Patton,» 7 B. Mon. 162.[175]La doctrina general que se aprobó en este caso dió orígen á la costumbre que se ha adoptado en algunos Estados, de insertar una cláusula en las leyes de fundacion de las corporaciones, reservándose la Legislatura la facultad de alterarlas ó suprimirlas. La Constitucion que sancionó el Estado de New York en 1846 [Art. 8, sec. 1] deja á salvo esa facultad respecto á todas las corporaciones que puedan crearse en lo sucesivo. Siempre que un Estado se haya reservado semejante facultad, sea en su Constitucion, en alguna ley general expedida para la formacion de sociedades, ó en la especial de la fundacion, se entiende que forma parte del contrato celebrado entre el mismo Estado y la corporacion, para el efecto de sustraer á ésta del amparo de la Constitucion federalIn re«Oliver Lee Co's Bank.» 21, New York, 9In re«Reciprocity Bank» 22, New York 9.[176]Parece que en el caso de «Bronson v. Kinzie» se admitió el principio de que podrian legalmente hacerse ciertas alteraciones en los recursos, cuando éstas no los desvirtuaran de una manera sustancial. Alguna analogía tiene con esta doctrina la que sentó el presidente de la Suprema Corte, Mr. Marshall en el caso de «Sturges v. Crowninshield»; pero es algo peligroso el principio, por ser susceptible de malas interpretaciones y estar expuesto á abusos, especialmente en los términos en que la emitió la Corte en el caso de «Evans v. Montgomery.» [4 Watts Serg. 218] En el caso de «Woodfice v. Hooper,» [4Humphrey, Tennessee 93] se declaró que si al celebrarse el contrato el acreedor tenia derecho á reducir á prision al deudor por falta de cumplimiento, este recurso podria ser abolido, porque en sí mismo no constituye parte del contrato, y aun podria mandarse poner en libertad al deudor si estaba preso, al hacerse ejecutar el contrato. Pero seria burlarse de la justicia y barrenar la Constitucion federal, el quitar por medio de una disposicion legislativa los recursos legales existentes para hacer cumplir la obligacion de los contratos, privando al acreedor de toda reparacion. Los tribunales no han ido tan léjos, ni han acometido la tarea de fijar límites respecto á los recursos que pueden y los que no pueden quitarse. El peligro consiste en que se abuse de esa facultad, llegando hasta quitar todos los recursos eficaces:Utor permisso: et demo unum, demo etiam unum, dum cadat. Es sensible que la vaguedad con que se expresó la Suprema Corte en la resolucion de algunos casos, haya dado lugar á que las Legislaturas de los Estados hubiesen legislado á su discrecion respecto á los recursos existentes cuando se celebraron los contratos. La mejor doctrina sobre este particular, es que todos los recursos existentes cuando se celebró el contrato, y que afectan los derechos é intereses de los contrayentes, llegan á ser parte integrante del mismo, y constituyen un derecho adquirido, que no debe modificarse. La Constitucion de New Jersey de 1844 [art. 4, se. 7] declara que la Legislatura no podrá privar á los contrayentes de los recursos que les concedia el derecho al tiempo de celebrarse el contrato. Esta es una sábia disposicion que añade una garantía muy importante á la religiosidad de los contratos. Toda suspension por estatuto de los recursos existentes cuando se celebró un contrato, ó de alguna parte de ellos, desvirtúa mas ó menos su obligacion. La genuina doctrina constitucional sobre esta materia se encuentra en la decision de los casos «Bronson v. Kinzie,» «Mc. Cracken v. Haywood» y «Lancaster Saving Institution v. Reizart.» En el caso deChadwick v. Moore[8 Watts t. Serg. 49,] se declaró que no era inconstitucional un decreto expedido por la Legislatura de Pennsylvania en 1842, suspendiendo por el término de un año los remates en los juicios ejecutivos, cuando la postura fuera por ménos de las dos terceras partes del valor en que se hubieran tasado los bienes embargados. El Presidente de la Corte del Estado, Mr. Gibson, que emitió la opinion del tribunal, sostenia á lo que parece, que la Legislatura podia suspender discrecionalmente el recurso por un término limitado, siempre que no fuera muy largo, creyendo que era mejor esta doctrina que la que defiende la integridad absoluta del principio constitucional respecto á los recursos existentes. Vide «James v. Stull,» [9BarbN. York 482,] «Bauher v. Nelson,» (9Gill, 299) «Stocking v. Baut.» 3 Denis, 274,Smith v. Moore, [2 California 524.] Para mí la doctrina mas sana es la que sentó el presidente de la Corte, Mr. Broson en el caso de «Quackenbush v. Danks» 1 Denis 128, sosteniendo que las leyes que en cuanto á la forma se ocupan exclusivamente de los recursos pueden tener el efecto práctico de nulificar el contrato.[177]La prohibicion constitucional es aplicable no solo á las leyes de los Estados, sino tambien á las Constituciones cuando desvirtúan las obligaciones de los contratos. «Dodge v. Wolsey,» 1HowardU. S. 3318.[178]En el caso deBronson v. Kinzie, 1HowardU. S. 311, se admitió que los contratos celebrados despues de promulgadas las leyes de esperas de Illinois, se sujetaban á ellas, siempre que debieran tener su cumplimiento en el mismo Estado, porque está en las facultades de los Estados declarar cuáles son las obligaciones legales y equitativas que producen los contratos celebrados y que deben ejecutarse dentro de su territorio.[179]Segun el Derecho Español [L. 3, tít. 15, Part. 5] los bienes que adquiere el deudor despues de la cesion solo quedan afectos al pago, en lo que excedan de lo que él necesite para su congrua sustentacion, (beneficio de competencia); mas no existe esta disposicion en el Derecho de la Luisiana. 3, Martin. [Louis] 588, id. 292.[180]Código, 7, 71, 1 Dig. 42, 3, 4, y 6;Voet ad Pand42, 3, 8;HeinecciiOpera, tom. V. pág. 620; tom. VI, pág. 384, 387:Code de Commerce, núm. 568.Repertoire Universel et Raisonné de Jurisprudence, por Merlin, tít. cession de biens;Esprit des Lois, tom. I, 114; 2 Bell's com. 580-597; 16 Johns, 244 note. Hub. Prœlect. tom. II, 14-54;Heinec. Elem. Jur. Civ. secund. ordine Pandect, p. 6, 1. 42, tít. 3;Elem. Jur. Ger.Lib. 2, tít. 13, sec. 387.[181]Voet ad Pand.42, 3, 10.[182]Para remover toda confusion en esta materia, es preciso no olvidar la diferencia que existe entre los derechos locales que confiere la ciudadanía de un Estado, y los que confiere la ciudadanía nacional en virtud de la Constitucion. Es incuestionable que, segun la mente de ésta, un extranjero solo puede adquirir la ciudadanía nacional cumpliendo con las prevenciones de las leyes de naturalizacion expedidas por el Congreso general; pero cada Estado, en uso de la soberanía local, que quedó reservada á los Estados en particular, puede constituir á los extranjeros ú otras personas sobre una base de absoluta igualdad con sus propios ciudadanos en cuanto á las garantías y derechos políticos que deban disfrutar dentro de su propia jurisdiccion, entendiéndose que las disposiciones que dictaren en este sentido no constituyen á dichos extranjeros en ciudadanos de los Estados Unidos, ni les confieren los derechos y prerogativas de ciudadanos en otros Estados.Véase el caso de Dred Scott. 19,How393.[183]En el caso de «Berney v. Tax Collector,» 2Bailey[S. C] 654 se declaró que era constitucional una contribucion impuesta por un Estado sobre dividendos de acciones de un banco nacional, que pertenecian á un ciudadano del mismo Estado. Y en el de «Union Bank v. The State» [9Yerger, 490] que las acciones de los bancos del Estado estaban sujetas al pago de contribuciones como bienes de propiedad particular, cuando pertenecian á personas avecindadas en el mismo Estado; no así cuando pertenecian á personas no residentes, porque la contribucion es personal, y las acciones son derechosad rem, no tienen localidad fija y siguen á la persona del dueño.[184]Con el mismo fundamento se declaró en el caso de "Dobbins v. The Commissioners of Erie County" [16Petersv. s. 435] que los empleados federales no estaban sujetos á la cuotizacion de los Estados por razon de sus empleos, porque esto equivaldria á disminuir la gratificacion que les dá la ley. En el caso de «Melcher v. The City of Boston» la Suprema Corte de Justicia de Massachusetts declaró en Marzo de 1845 [9Metcalf73] que aun no estaba decidido si seria legal imponer contribuciones sobre los sueldos de los empleados federales y si estaba ó nó comprendido en la resolucion del citado caso de Dobbins. En este caso se declaró queun empleado del correo, no estaba exento de las contribuciones impuestas sobre sus sueldos.La Corte de Apelaciones de New York en el caso «Bank of The Commonwealth v. Commissioners of Taxes» [23 New York 192] decidido recientemente declaró que los bonos de la deuda pública de los Estados Unidos estaban sujetos á las contribuciones de los Estados, sea que pertenecieran á particulares ó á corporaciones. Los decretos del Estado previenen que las contribuciones se impongan sobre toda la masa de la propiedad existente en un territorio y no sobre los bienes individuales que posee cada causante. En esto se fundaba la distincion que hizo el magistrado Denio entre este caso y el de «Weston v. The City of Charleston.» Se declaró que los bonos de los Estados Unidos estaban sujetos á las contribuciones porque entraban en la masa comun de toda la propiedad del Estado, sin que se pudiera decir que habian sido impuestas por mala disposicion de ánimo respecto á las propiedades de la federacion. El Presidente de la Corte disintió y en tal virtud se llevó la cuestion á la Suprema Corte de los Estados Unidos, la que revocó el fallo, declarando que dichos bonos no estaban sujetos á las contribuciones de los Estados. 2Black620.[185]«Commonwealth v. Clary» (8 Massachusetts, 72) «Commonwealth v. Young» (1Hall's Journal of Jurisprudence, 53.)[186]1 Hall's journal of jurisprudence, 47. En el casoUnited States v. Ames, [1Wood Minot76] seguido ante el tribunal federal del circuito de Massachusetts, (Octubre de 1845) el Sr. Magistrado Woodbury, hizo un análisis muy prolijo y erudito de la jurisdiccion sobre las tierras ubicadas en sitios enagenados á ella por un Estado, declarando, que si las posee en propiedad, sin haber mediado cesion de jurisdiccion por parte del Estado, deberá regir en cuanto á sus derechos y acciones el fuerorei sitæ, que comprende á todos los que poseen tierras allí, sean ó nó vecinos del lugar, á no ser que las leyes del Congreso hayan dispuesto otra cosa, tal es por ejemplo el caso análogo en cuanto al principio, en que el gobierno federal es tenedor de una libranza. Véase «United States v. Barker» (12Wheaton, 561) ó es responsable por pérdidas sufridas sobre letras de cambio de procedencia extrangera, por averías generales, por aluviones de los rios, compensacion &c. Pero si además de la enagenacion de las tierras ha habido cesion de jurisdiccion, aquellas quedan sujetas á las leyes del Congreso, y no á las de los Estados, y no deberá permitirse que éstos pongan obstáculos á la consecucion del objeto para que fueron cedidos los terrenos por medio de la imposicion de contribuciones, de anegarlos, ó de cualquiera otra manera que pugne en lo mas pequeño con las disposiciones que diere el gobierno general, quien podrá castigar cualquier delito que se cometiere allí y expeler á los intrusos. Mas si el Congreso no hubiere prescrito ningun recurso especial y adecuado á la propiedad pública, deberá aplicarse el derecho comun ó las leyes de los Estados. Pero los Estados Unidos tienen jurisdiccion sobre su territorio, aun cuando no haya habido cesion respecto á las tierras en particular, pues que la posesion de éstas tiene objetos especiales y debe ser protegida.[187]En virtud de la facultad constitucional de que nos ocupamos, el Congreso puede prescribir cualquiera disposicion relativa á reglamentar el comercio; y en virtud de la que tiene para acuñar moneda, puede dictar las que estime oportunas para proteger el cuño nacional. Es por lo mismo constitucional la ley de 3 de Marzo de 1825 que impone penas á los que introduzcan moneda falsificada á los Estados Unidos con intencion de hacerla circular, así como para los que la circulen, &c. "The United States v. Marigold," (9How U. S.).[188]En el caso deSinnot v. Davenport[22HowardU. S. 227] se declaró que la ley del Estado de Alabama, que impuso á los dueños de los vapores que navegan en aguas del Estado, la obligacion de dar una noticia con expresion del nombre del vapor, nombres y vecindad de sus dueños, y el interés que cada uno representara antes de que dichos vapores salieran del puerto de Mobila, era nula respecto á los buques que tenian la correspondiente licencia para hacer el comercio de cabotage conforme á las leyes del Congreso. Tambien la Suprema Corte de New York en el caso deCisco v. Roberts, [6Boser.494] declaró que no tenian fuerza obligatoria las leyes que expidió el Estado reglamentando el pilotage, cuando el Congreso ya habia legislado sobre el particular, en uso de sus facultades. De la misma manera es nula la ley del Estado de California, que impuso un derecho de sello sobre las facturas del oro y la plata que se exportaran del Estado, por ser un derecho sobre artículos de exportacion,Almy v. California(24HowardU. S. 169.)[189]El año de 1846, la facultad de reglamentar el comercio entre los diversos Estados, sufrió un debate muy luminoso en el tribunal de Distrito de la federacion en Missouri, tratándose del casoThe United States v. The Steamboat James Morrison[relatado en el «New York Legal Observer,» Setiembre de 1846] en el que se revisó, ilustró y aplicó la doctrina asentada en el caso «Gibbons v. Ogden,» con la limitacion, que no contraría el principio en que se fundó esa ejecutoria, de que losferry boats, [botes de vapor que cruzan de una orilla á otra] que no salen de los límites del Estado, no necesitan licencia de la federacion segun la ley de 7 de Julio de 1838, pues dicha facultad no abraza una navegacion de un carácter tan señaladamente interior y que ninguna conexion tiene con el comercio de fuera del Estado. La ley exige la licencia para hacer el comercio de cabotaje, y aquí no se trataba de eso. Pero se admitió, sin embargo, que era comercio de cabotaje el que hacia un buque entre dos ó mas puertos de rio de un mismo Estado, siempre que se enlaza y formara parte divisible de un comercio general entre dos ó mas Estados. En el Estado de New York hay una decision anterior á ésta, que la contraría abiertamente, y es la que dió en el caso «The United States v. Jackson,» el tribunal del Distrito meridional del Estado, en 1841 (N. York Legal Observer, Diciembre de 1846.) En ella se declaraba que la mencionada ley de 1838, comprendia toda clase de buques, sin excepcion alguna, movidos exclusiva ó parcialmente por vapor; que todo buque de vapor necesitaba la licencia é inspeccion, sea cual fuere el comercio á que se dedicara, ó los lugares entre los cuales hiciera viajes, hallándose comprendidos en esta disposicion aun losferry boatsque cruzaban entre puntos situados en un solo Estado.[190]En el caso de «Cumming v. Corporation of Savannah,» uno de los tribunales superiores del Estado de Georgia declaró en 1816, que era legal la recaudacion de un impuesto municipal decretado por una ley de un Estado, sobre todo producto, que no siendo del mismo Estado, era remitido para venderse allí en comision, y que no podia tenerse como un derecho sobre importaciones. (R. M. Charlton26). En el caso de «Green v. The City of Savannah» [ibid368] se declaró que los Estados tienen derecho de imponer contribuciones tanto á las importaciones como á las exportaciones, para el efecto de hacer cumplir sus leyes de inspeccion. Así tambien se ha declarado que no era contraria á la constitucion federal la ley de un Estado imponiendo una contribucion á los vendedores al menudeo de mercancías extrangeras, apesar de que la ley comprendia tanto á los importadores como á los demás vendedores de esa clase de mercancías. «Biddle v. The Commonwealth,» [13Serg. &c. Rawle, 405]. Pero la decision de este caso puede considerarse como revocada por la que se dió en el de «Brown V. State of Maryland,» que ya hemos citado, pues tiende á prohibir al importador á que venda el artículo importadopor bultos, y el derecho de vender está inseparablemente enlazado con la ley que permite la importacion[190a]. La ley del Estado de Pennsylvania en que se fundaba la decision, era válida como se habia publicado al principio, sin la enmienda que tuvo despues, porque eximia á los importadores que vendian las mercancías en el mismo bulto ó fardo en que se habia importado.La contribucion impuesta por un Estado á los corredores de cambio, no pugna con la facultad constitucional de reglamentar el comercio.Nathan v. Louisiana, [8Howard U. S.73]. No es nula una contribucion impuesta á los agentes de compañías extrangeras de seguros.People v. Thurber[13Illinois, 554]. Tampoco lo es la ley de un Estado que grava con contribuciones á los extrangeros no domiciliados en los Estados Unidos por las cantidades que recibieren á título de herencia, donacion ó legado.Mayer v. Prima[8Howard, U. S.490].[190a]En el caso de "Padelford v. Mayor" [14George438] se declaró que una ley municipal imponiendo una contribucion sobre el "monto total de las ventas de mercancías" no pugna con la cláusula de la Constitucion que prohibe á los Estados imponer contribuciones ó derechos sobre las importaciones. Era por lo mismo legal la recaudacion que se hacia sobre el precio de los géneros importados, vendidos por los importadores en su forma original.[191]Art. 1. Sec. 19 de la Constitucion. Por la ley de 5 de Febrero de 1801, c. 83, el Congreso aprobó una disposicion de la legislatura de Maryland, que nombraba un oficial de sanidad para el puerto de Baltimore, y autorizó al Estado para cobrar una contribucion de un centavo por tonelada á todos los buques procedentes del extranjero que entrasen al distrito de Baltimore, cuyo producto debia destinarse á los objetos especificados en dicha disposicion. Esta ley prueba cuan estricto es el sentido en que se toma la cláusula constitucional citada en el texto.[192]Opinion del Presidente de la Suprema Corte de Justicia Mr. Marshall en el caso deGibbons v. Ogden(9Wheaton, 203). En el casoThe City of New York v. Miln[11Peters U. S.102] se declaró que la ley del Estado, de Febrero de 1824, que impuso á los capitanes de los buques que llegaban de cualquier puerto de fuera del Estado, la obligacion de presentar á las veinticuatro horas de su llegada, una relacion por escrito dando razon de los nombres, edad y último domicilio legal de los pasageros, y obligando á los mismos capitanes ó á los dueños de los buques, á otorgar una fianza de que indemnizarian á la ciudad de todos los gastos que le ocasionaran los pasajeros que no eran ciudadanos, no era un reglamento de comercio, sino de policía, y que debia tenerse como constitucional y válida. El caso fué muy discutido, pero no me parece que sea fácil dar á la ley de New York otro carácter que el de un reglamento de comercio, ni eximirla de las doctrinas anteriores de la Corte sobre que la facultad de reglamentar el comercio con las naciones extranjeras debe ser necesariamenteprivativadel gobierno de la federacion. Siguiéndose el principio sentado en esta decision, en el caso deNorris v. City of Boston[4Metcalf, 282] se declaró que no pugnaba con la Constitucion federal la ley del Estado que no permite desembarcar á los pasageros de nacionalidad extrangera hasta que el dueño, capitan ó consignatario del buque en que llegasen hubiere satisfecho dos pesos por cada pasajero, el producto de cuyo impuesto se debia invertir en la mantencion de los extranjeros desvalidos [paupers] en el Estado, teniéndose como un reglamento de policía municipal y no de comercio. Así tambien en el caso deWorsley v. Second Municipality of New Orleans(9Rob. Louisiana, 324) se declaró que un bando de la municipalidad de Nueva Orleans, que imponia un derecho sobre todo bulto que se introdujera ó exportara del lugar, era válido y no pugnaba con la Constitucion federal. No fué la mente de la Constitucion autorizar al Congreso para intervenir en las leyes que dictaran los Estados sobre muelles y otros medios usados por el comercio, y sobre la conservacion de puertos etc. Una derrama impuesta con el objeto de espensar la construccion de puentes y calzadas, ó con el de remover las obstrucciones de las corrientes de agua, y que gravita sobre los que reciben el beneficio de estas obras, no es contribucion, impuesta sin derecho.En el caso de "Howell v. The State of Maryland" [3Gill.14] el tribunal de Apelaciones de New York decidió en Diciembre de 1845, que la ley del Estado que impone una contribucion sobre el interés que tienen personas residentes en el Estado en buques de cualquiera especie, sea que estén dentro ó fuera de puerto, era válida y no pugnaba con la Constitucion federal ni la ley del Congreso sobre matrículas.Las leyes de New York autorizan al Comisionado de sanidad para exigir á los capitanes de todos los buques que lleguen al puerto del mismo nombre $1.50 por los mismos capitanes, dos pesos por cada pasagero de primera clase, &c., con aplicacion al hospital de Marina y á la sociedad para reforma de jóvenes delincuentes, &c. Otra ley de Massachusetts de 1837 no permite desembarcar á los pasageros extrangeros hasta que hayan pagado dos pesos para auxilio de extrangeros desvalidos. La cuestion de constitucionalidad de estas leyes se presentó á la Suprema Corte el mes de Febrero de 1849, en los casos, de "Smith V. Turner" y "Norris V. City of Boston" y dicho tribunal la falló en contra, declarándolas inconstitucionales, por ser verdaderos reglamentos de comercio, que solo el Congreso podia expedir. El Presidente de la Suprema Corte y otros tres de los magistrados disintieron, considerando dichas leyes como parte del sistema del Estado sobre desvalidos, y declarando que no pugnaban con ningun tratado ó ley de la Union, 1Howard U. S.282.En los últimos casos que hemos citado, el Sr. Magistrado Wayne observó que el caso de "New York v. Miln." [11Peters U. S.102] equivocadamente se habia publicado como decision de la Corte, pues solo tres magistrados de los siete que la formaban concurrieron en la opinion del Magistrado Thomson. Véase el caso "The People V. Brooks" [4Denis, 469].[193]En el caso de "Smith v. State of Maryland" (18Howard, U. S.91) se declaró que la ley que reglamenta el uso de los criaderos de ostras que existen dentro de los límites de un Estado, pudo decretar la confiscacion de los buques que violasen sus prevenciones, aun cuando estuvieran matriculados y tuvieran la correspondiente licencia para el comercio de cabotage conforme á las leyes federales.[193a][193a]En virtud de las facultades que tienen los Estados para dictar disposiciones de policía, pueden establecer requisitos para la navegacion en sus aguas, además de los que contiene la ley del Congreso referente al comercio de cabotage; y esas disposiciones serán válidas siempre que no pugnen con la Constitucion ó leyes de la Union. "Fitch. v. Livingston," 4Sandford, 493. Las leyes de policía de los puertos, dictadas por los Estados son constitucionales, "Wardens of New Orleans v. Ship. M. J. Ward," (14Louisiana Ann.289).[194]En el caso «The Fire Department v. Noble,» (3E. D. Smith440) seguido ante el tribunal de «Common Pleas» de New-York, se examinó la cláusula de la Constitucion que dispone que «los ciudadanos de un Estado tendrán en los demás todas las prerogativas é inmunidades que los ciudadanos de éstos,» y se declaró que era constitucional la ley de un Estado que impone contribuciones á las compañías de seguros, exigiendo su pago como requisito para que puedan asegurar, aun cuando no debieren su incorporacion al Estado, con tal de que hagan negocios en él.[195]Esta cláusula quedó modificada por el artículo XII de las enmiendas.
Parece que un Estado no tiene facultades para desvirtuar derechos adquiridos en virtud de unainterpretacionadmitida de la ley. «Lambertson v. Hogan,» 2Barr22.
Cuando un Estado cede bienes, aunque sea á título de donacion, celebra un contrato de no desvirtuar los derechos que se adquieran de esta manera. Véase «Commercial Bank of Natchez v. Chambers» (8Smedes & Mark9). Se ha declarado inconstitucional, porque desvirtuaba la obligacion de los contratos, una ley expedida para dar validez á la escritura de traslacion de dominio, otorgada por unamujer casada, que por lo mismo era nula «Pearce v. Patton,» 7 B. Mon. 162.
[175]La doctrina general que se aprobó en este caso dió orígen á la costumbre que se ha adoptado en algunos Estados, de insertar una cláusula en las leyes de fundacion de las corporaciones, reservándose la Legislatura la facultad de alterarlas ó suprimirlas. La Constitucion que sancionó el Estado de New York en 1846 [Art. 8, sec. 1] deja á salvo esa facultad respecto á todas las corporaciones que puedan crearse en lo sucesivo. Siempre que un Estado se haya reservado semejante facultad, sea en su Constitucion, en alguna ley general expedida para la formacion de sociedades, ó en la especial de la fundacion, se entiende que forma parte del contrato celebrado entre el mismo Estado y la corporacion, para el efecto de sustraer á ésta del amparo de la Constitucion federalIn re«Oliver Lee Co's Bank.» 21, New York, 9In re«Reciprocity Bank» 22, New York 9.
[176]Parece que en el caso de «Bronson v. Kinzie» se admitió el principio de que podrian legalmente hacerse ciertas alteraciones en los recursos, cuando éstas no los desvirtuaran de una manera sustancial. Alguna analogía tiene con esta doctrina la que sentó el presidente de la Suprema Corte, Mr. Marshall en el caso de «Sturges v. Crowninshield»; pero es algo peligroso el principio, por ser susceptible de malas interpretaciones y estar expuesto á abusos, especialmente en los términos en que la emitió la Corte en el caso de «Evans v. Montgomery.» [4 Watts Serg. 218] En el caso de «Woodfice v. Hooper,» [4Humphrey, Tennessee 93] se declaró que si al celebrarse el contrato el acreedor tenia derecho á reducir á prision al deudor por falta de cumplimiento, este recurso podria ser abolido, porque en sí mismo no constituye parte del contrato, y aun podria mandarse poner en libertad al deudor si estaba preso, al hacerse ejecutar el contrato. Pero seria burlarse de la justicia y barrenar la Constitucion federal, el quitar por medio de una disposicion legislativa los recursos legales existentes para hacer cumplir la obligacion de los contratos, privando al acreedor de toda reparacion. Los tribunales no han ido tan léjos, ni han acometido la tarea de fijar límites respecto á los recursos que pueden y los que no pueden quitarse. El peligro consiste en que se abuse de esa facultad, llegando hasta quitar todos los recursos eficaces:Utor permisso: et demo unum, demo etiam unum, dum cadat. Es sensible que la vaguedad con que se expresó la Suprema Corte en la resolucion de algunos casos, haya dado lugar á que las Legislaturas de los Estados hubiesen legislado á su discrecion respecto á los recursos existentes cuando se celebraron los contratos. La mejor doctrina sobre este particular, es que todos los recursos existentes cuando se celebró el contrato, y que afectan los derechos é intereses de los contrayentes, llegan á ser parte integrante del mismo, y constituyen un derecho adquirido, que no debe modificarse. La Constitucion de New Jersey de 1844 [art. 4, se. 7] declara que la Legislatura no podrá privar á los contrayentes de los recursos que les concedia el derecho al tiempo de celebrarse el contrato. Esta es una sábia disposicion que añade una garantía muy importante á la religiosidad de los contratos. Toda suspension por estatuto de los recursos existentes cuando se celebró un contrato, ó de alguna parte de ellos, desvirtúa mas ó menos su obligacion. La genuina doctrina constitucional sobre esta materia se encuentra en la decision de los casos «Bronson v. Kinzie,» «Mc. Cracken v. Haywood» y «Lancaster Saving Institution v. Reizart.» En el caso deChadwick v. Moore[8 Watts t. Serg. 49,] se declaró que no era inconstitucional un decreto expedido por la Legislatura de Pennsylvania en 1842, suspendiendo por el término de un año los remates en los juicios ejecutivos, cuando la postura fuera por ménos de las dos terceras partes del valor en que se hubieran tasado los bienes embargados. El Presidente de la Corte del Estado, Mr. Gibson, que emitió la opinion del tribunal, sostenia á lo que parece, que la Legislatura podia suspender discrecionalmente el recurso por un término limitado, siempre que no fuera muy largo, creyendo que era mejor esta doctrina que la que defiende la integridad absoluta del principio constitucional respecto á los recursos existentes. Vide «James v. Stull,» [9BarbN. York 482,] «Bauher v. Nelson,» (9Gill, 299) «Stocking v. Baut.» 3 Denis, 274,Smith v. Moore, [2 California 524.] Para mí la doctrina mas sana es la que sentó el presidente de la Corte, Mr. Broson en el caso de «Quackenbush v. Danks» 1 Denis 128, sosteniendo que las leyes que en cuanto á la forma se ocupan exclusivamente de los recursos pueden tener el efecto práctico de nulificar el contrato.
[177]La prohibicion constitucional es aplicable no solo á las leyes de los Estados, sino tambien á las Constituciones cuando desvirtúan las obligaciones de los contratos. «Dodge v. Wolsey,» 1HowardU. S. 3318.
[178]En el caso deBronson v. Kinzie, 1HowardU. S. 311, se admitió que los contratos celebrados despues de promulgadas las leyes de esperas de Illinois, se sujetaban á ellas, siempre que debieran tener su cumplimiento en el mismo Estado, porque está en las facultades de los Estados declarar cuáles son las obligaciones legales y equitativas que producen los contratos celebrados y que deben ejecutarse dentro de su territorio.
[179]Segun el Derecho Español [L. 3, tít. 15, Part. 5] los bienes que adquiere el deudor despues de la cesion solo quedan afectos al pago, en lo que excedan de lo que él necesite para su congrua sustentacion, (beneficio de competencia); mas no existe esta disposicion en el Derecho de la Luisiana. 3, Martin. [Louis] 588, id. 292.
[180]Código, 7, 71, 1 Dig. 42, 3, 4, y 6;Voet ad Pand42, 3, 8;HeinecciiOpera, tom. V. pág. 620; tom. VI, pág. 384, 387:Code de Commerce, núm. 568.Repertoire Universel et Raisonné de Jurisprudence, por Merlin, tít. cession de biens;Esprit des Lois, tom. I, 114; 2 Bell's com. 580-597; 16 Johns, 244 note. Hub. Prœlect. tom. II, 14-54;Heinec. Elem. Jur. Civ. secund. ordine Pandect, p. 6, 1. 42, tít. 3;Elem. Jur. Ger.Lib. 2, tít. 13, sec. 387.
[181]Voet ad Pand.42, 3, 10.
[182]Para remover toda confusion en esta materia, es preciso no olvidar la diferencia que existe entre los derechos locales que confiere la ciudadanía de un Estado, y los que confiere la ciudadanía nacional en virtud de la Constitucion. Es incuestionable que, segun la mente de ésta, un extranjero solo puede adquirir la ciudadanía nacional cumpliendo con las prevenciones de las leyes de naturalizacion expedidas por el Congreso general; pero cada Estado, en uso de la soberanía local, que quedó reservada á los Estados en particular, puede constituir á los extranjeros ú otras personas sobre una base de absoluta igualdad con sus propios ciudadanos en cuanto á las garantías y derechos políticos que deban disfrutar dentro de su propia jurisdiccion, entendiéndose que las disposiciones que dictaren en este sentido no constituyen á dichos extranjeros en ciudadanos de los Estados Unidos, ni les confieren los derechos y prerogativas de ciudadanos en otros Estados.
Véase el caso de Dred Scott. 19,How393.
[183]En el caso de «Berney v. Tax Collector,» 2Bailey[S. C] 654 se declaró que era constitucional una contribucion impuesta por un Estado sobre dividendos de acciones de un banco nacional, que pertenecian á un ciudadano del mismo Estado. Y en el de «Union Bank v. The State» [9Yerger, 490] que las acciones de los bancos del Estado estaban sujetas al pago de contribuciones como bienes de propiedad particular, cuando pertenecian á personas avecindadas en el mismo Estado; no así cuando pertenecian á personas no residentes, porque la contribucion es personal, y las acciones son derechosad rem, no tienen localidad fija y siguen á la persona del dueño.
[184]Con el mismo fundamento se declaró en el caso de "Dobbins v. The Commissioners of Erie County" [16Petersv. s. 435] que los empleados federales no estaban sujetos á la cuotizacion de los Estados por razon de sus empleos, porque esto equivaldria á disminuir la gratificacion que les dá la ley. En el caso de «Melcher v. The City of Boston» la Suprema Corte de Justicia de Massachusetts declaró en Marzo de 1845 [9Metcalf73] que aun no estaba decidido si seria legal imponer contribuciones sobre los sueldos de los empleados federales y si estaba ó nó comprendido en la resolucion del citado caso de Dobbins. En este caso se declaró queun empleado del correo, no estaba exento de las contribuciones impuestas sobre sus sueldos.
La Corte de Apelaciones de New York en el caso «Bank of The Commonwealth v. Commissioners of Taxes» [23 New York 192] decidido recientemente declaró que los bonos de la deuda pública de los Estados Unidos estaban sujetos á las contribuciones de los Estados, sea que pertenecieran á particulares ó á corporaciones. Los decretos del Estado previenen que las contribuciones se impongan sobre toda la masa de la propiedad existente en un territorio y no sobre los bienes individuales que posee cada causante. En esto se fundaba la distincion que hizo el magistrado Denio entre este caso y el de «Weston v. The City of Charleston.» Se declaró que los bonos de los Estados Unidos estaban sujetos á las contribuciones porque entraban en la masa comun de toda la propiedad del Estado, sin que se pudiera decir que habian sido impuestas por mala disposicion de ánimo respecto á las propiedades de la federacion. El Presidente de la Corte disintió y en tal virtud se llevó la cuestion á la Suprema Corte de los Estados Unidos, la que revocó el fallo, declarando que dichos bonos no estaban sujetos á las contribuciones de los Estados. 2Black620.
[185]«Commonwealth v. Clary» (8 Massachusetts, 72) «Commonwealth v. Young» (1Hall's Journal of Jurisprudence, 53.)
[186]1 Hall's journal of jurisprudence, 47. En el casoUnited States v. Ames, [1Wood Minot76] seguido ante el tribunal federal del circuito de Massachusetts, (Octubre de 1845) el Sr. Magistrado Woodbury, hizo un análisis muy prolijo y erudito de la jurisdiccion sobre las tierras ubicadas en sitios enagenados á ella por un Estado, declarando, que si las posee en propiedad, sin haber mediado cesion de jurisdiccion por parte del Estado, deberá regir en cuanto á sus derechos y acciones el fuerorei sitæ, que comprende á todos los que poseen tierras allí, sean ó nó vecinos del lugar, á no ser que las leyes del Congreso hayan dispuesto otra cosa, tal es por ejemplo el caso análogo en cuanto al principio, en que el gobierno federal es tenedor de una libranza. Véase «United States v. Barker» (12Wheaton, 561) ó es responsable por pérdidas sufridas sobre letras de cambio de procedencia extrangera, por averías generales, por aluviones de los rios, compensacion &c. Pero si además de la enagenacion de las tierras ha habido cesion de jurisdiccion, aquellas quedan sujetas á las leyes del Congreso, y no á las de los Estados, y no deberá permitirse que éstos pongan obstáculos á la consecucion del objeto para que fueron cedidos los terrenos por medio de la imposicion de contribuciones, de anegarlos, ó de cualquiera otra manera que pugne en lo mas pequeño con las disposiciones que diere el gobierno general, quien podrá castigar cualquier delito que se cometiere allí y expeler á los intrusos. Mas si el Congreso no hubiere prescrito ningun recurso especial y adecuado á la propiedad pública, deberá aplicarse el derecho comun ó las leyes de los Estados. Pero los Estados Unidos tienen jurisdiccion sobre su territorio, aun cuando no haya habido cesion respecto á las tierras en particular, pues que la posesion de éstas tiene objetos especiales y debe ser protegida.
[187]En virtud de la facultad constitucional de que nos ocupamos, el Congreso puede prescribir cualquiera disposicion relativa á reglamentar el comercio; y en virtud de la que tiene para acuñar moneda, puede dictar las que estime oportunas para proteger el cuño nacional. Es por lo mismo constitucional la ley de 3 de Marzo de 1825 que impone penas á los que introduzcan moneda falsificada á los Estados Unidos con intencion de hacerla circular, así como para los que la circulen, &c. "The United States v. Marigold," (9How U. S.).
[188]En el caso deSinnot v. Davenport[22HowardU. S. 227] se declaró que la ley del Estado de Alabama, que impuso á los dueños de los vapores que navegan en aguas del Estado, la obligacion de dar una noticia con expresion del nombre del vapor, nombres y vecindad de sus dueños, y el interés que cada uno representara antes de que dichos vapores salieran del puerto de Mobila, era nula respecto á los buques que tenian la correspondiente licencia para hacer el comercio de cabotage conforme á las leyes del Congreso. Tambien la Suprema Corte de New York en el caso deCisco v. Roberts, [6Boser.494] declaró que no tenian fuerza obligatoria las leyes que expidió el Estado reglamentando el pilotage, cuando el Congreso ya habia legislado sobre el particular, en uso de sus facultades. De la misma manera es nula la ley del Estado de California, que impuso un derecho de sello sobre las facturas del oro y la plata que se exportaran del Estado, por ser un derecho sobre artículos de exportacion,Almy v. California(24HowardU. S. 169.)
[189]El año de 1846, la facultad de reglamentar el comercio entre los diversos Estados, sufrió un debate muy luminoso en el tribunal de Distrito de la federacion en Missouri, tratándose del casoThe United States v. The Steamboat James Morrison[relatado en el «New York Legal Observer,» Setiembre de 1846] en el que se revisó, ilustró y aplicó la doctrina asentada en el caso «Gibbons v. Ogden,» con la limitacion, que no contraría el principio en que se fundó esa ejecutoria, de que losferry boats, [botes de vapor que cruzan de una orilla á otra] que no salen de los límites del Estado, no necesitan licencia de la federacion segun la ley de 7 de Julio de 1838, pues dicha facultad no abraza una navegacion de un carácter tan señaladamente interior y que ninguna conexion tiene con el comercio de fuera del Estado. La ley exige la licencia para hacer el comercio de cabotaje, y aquí no se trataba de eso. Pero se admitió, sin embargo, que era comercio de cabotaje el que hacia un buque entre dos ó mas puertos de rio de un mismo Estado, siempre que se enlaza y formara parte divisible de un comercio general entre dos ó mas Estados. En el Estado de New York hay una decision anterior á ésta, que la contraría abiertamente, y es la que dió en el caso «The United States v. Jackson,» el tribunal del Distrito meridional del Estado, en 1841 (N. York Legal Observer, Diciembre de 1846.) En ella se declaraba que la mencionada ley de 1838, comprendia toda clase de buques, sin excepcion alguna, movidos exclusiva ó parcialmente por vapor; que todo buque de vapor necesitaba la licencia é inspeccion, sea cual fuere el comercio á que se dedicara, ó los lugares entre los cuales hiciera viajes, hallándose comprendidos en esta disposicion aun losferry boatsque cruzaban entre puntos situados en un solo Estado.
[190]En el caso de «Cumming v. Corporation of Savannah,» uno de los tribunales superiores del Estado de Georgia declaró en 1816, que era legal la recaudacion de un impuesto municipal decretado por una ley de un Estado, sobre todo producto, que no siendo del mismo Estado, era remitido para venderse allí en comision, y que no podia tenerse como un derecho sobre importaciones. (R. M. Charlton26). En el caso de «Green v. The City of Savannah» [ibid368] se declaró que los Estados tienen derecho de imponer contribuciones tanto á las importaciones como á las exportaciones, para el efecto de hacer cumplir sus leyes de inspeccion. Así tambien se ha declarado que no era contraria á la constitucion federal la ley de un Estado imponiendo una contribucion á los vendedores al menudeo de mercancías extrangeras, apesar de que la ley comprendia tanto á los importadores como á los demás vendedores de esa clase de mercancías. «Biddle v. The Commonwealth,» [13Serg. &c. Rawle, 405]. Pero la decision de este caso puede considerarse como revocada por la que se dió en el de «Brown V. State of Maryland,» que ya hemos citado, pues tiende á prohibir al importador á que venda el artículo importadopor bultos, y el derecho de vender está inseparablemente enlazado con la ley que permite la importacion[190a]. La ley del Estado de Pennsylvania en que se fundaba la decision, era válida como se habia publicado al principio, sin la enmienda que tuvo despues, porque eximia á los importadores que vendian las mercancías en el mismo bulto ó fardo en que se habia importado.
La contribucion impuesta por un Estado á los corredores de cambio, no pugna con la facultad constitucional de reglamentar el comercio.Nathan v. Louisiana, [8Howard U. S.73]. No es nula una contribucion impuesta á los agentes de compañías extrangeras de seguros.People v. Thurber[13Illinois, 554]. Tampoco lo es la ley de un Estado que grava con contribuciones á los extrangeros no domiciliados en los Estados Unidos por las cantidades que recibieren á título de herencia, donacion ó legado.Mayer v. Prima[8Howard, U. S.490].
[190a]En el caso de "Padelford v. Mayor" [14George438] se declaró que una ley municipal imponiendo una contribucion sobre el "monto total de las ventas de mercancías" no pugna con la cláusula de la Constitucion que prohibe á los Estados imponer contribuciones ó derechos sobre las importaciones. Era por lo mismo legal la recaudacion que se hacia sobre el precio de los géneros importados, vendidos por los importadores en su forma original.
[191]Art. 1. Sec. 19 de la Constitucion. Por la ley de 5 de Febrero de 1801, c. 83, el Congreso aprobó una disposicion de la legislatura de Maryland, que nombraba un oficial de sanidad para el puerto de Baltimore, y autorizó al Estado para cobrar una contribucion de un centavo por tonelada á todos los buques procedentes del extranjero que entrasen al distrito de Baltimore, cuyo producto debia destinarse á los objetos especificados en dicha disposicion. Esta ley prueba cuan estricto es el sentido en que se toma la cláusula constitucional citada en el texto.
[192]Opinion del Presidente de la Suprema Corte de Justicia Mr. Marshall en el caso deGibbons v. Ogden(9Wheaton, 203). En el casoThe City of New York v. Miln[11Peters U. S.102] se declaró que la ley del Estado, de Febrero de 1824, que impuso á los capitanes de los buques que llegaban de cualquier puerto de fuera del Estado, la obligacion de presentar á las veinticuatro horas de su llegada, una relacion por escrito dando razon de los nombres, edad y último domicilio legal de los pasageros, y obligando á los mismos capitanes ó á los dueños de los buques, á otorgar una fianza de que indemnizarian á la ciudad de todos los gastos que le ocasionaran los pasajeros que no eran ciudadanos, no era un reglamento de comercio, sino de policía, y que debia tenerse como constitucional y válida. El caso fué muy discutido, pero no me parece que sea fácil dar á la ley de New York otro carácter que el de un reglamento de comercio, ni eximirla de las doctrinas anteriores de la Corte sobre que la facultad de reglamentar el comercio con las naciones extranjeras debe ser necesariamenteprivativadel gobierno de la federacion. Siguiéndose el principio sentado en esta decision, en el caso deNorris v. City of Boston[4Metcalf, 282] se declaró que no pugnaba con la Constitucion federal la ley del Estado que no permite desembarcar á los pasageros de nacionalidad extrangera hasta que el dueño, capitan ó consignatario del buque en que llegasen hubiere satisfecho dos pesos por cada pasajero, el producto de cuyo impuesto se debia invertir en la mantencion de los extranjeros desvalidos [paupers] en el Estado, teniéndose como un reglamento de policía municipal y no de comercio. Así tambien en el caso deWorsley v. Second Municipality of New Orleans(9Rob. Louisiana, 324) se declaró que un bando de la municipalidad de Nueva Orleans, que imponia un derecho sobre todo bulto que se introdujera ó exportara del lugar, era válido y no pugnaba con la Constitucion federal. No fué la mente de la Constitucion autorizar al Congreso para intervenir en las leyes que dictaran los Estados sobre muelles y otros medios usados por el comercio, y sobre la conservacion de puertos etc. Una derrama impuesta con el objeto de espensar la construccion de puentes y calzadas, ó con el de remover las obstrucciones de las corrientes de agua, y que gravita sobre los que reciben el beneficio de estas obras, no es contribucion, impuesta sin derecho.
En el caso de "Howell v. The State of Maryland" [3Gill.14] el tribunal de Apelaciones de New York decidió en Diciembre de 1845, que la ley del Estado que impone una contribucion sobre el interés que tienen personas residentes en el Estado en buques de cualquiera especie, sea que estén dentro ó fuera de puerto, era válida y no pugnaba con la Constitucion federal ni la ley del Congreso sobre matrículas.
Las leyes de New York autorizan al Comisionado de sanidad para exigir á los capitanes de todos los buques que lleguen al puerto del mismo nombre $1.50 por los mismos capitanes, dos pesos por cada pasagero de primera clase, &c., con aplicacion al hospital de Marina y á la sociedad para reforma de jóvenes delincuentes, &c. Otra ley de Massachusetts de 1837 no permite desembarcar á los pasageros extrangeros hasta que hayan pagado dos pesos para auxilio de extrangeros desvalidos. La cuestion de constitucionalidad de estas leyes se presentó á la Suprema Corte el mes de Febrero de 1849, en los casos, de "Smith V. Turner" y "Norris V. City of Boston" y dicho tribunal la falló en contra, declarándolas inconstitucionales, por ser verdaderos reglamentos de comercio, que solo el Congreso podia expedir. El Presidente de la Suprema Corte y otros tres de los magistrados disintieron, considerando dichas leyes como parte del sistema del Estado sobre desvalidos, y declarando que no pugnaban con ningun tratado ó ley de la Union, 1Howard U. S.282.
En los últimos casos que hemos citado, el Sr. Magistrado Wayne observó que el caso de "New York v. Miln." [11Peters U. S.102] equivocadamente se habia publicado como decision de la Corte, pues solo tres magistrados de los siete que la formaban concurrieron en la opinion del Magistrado Thomson. Véase el caso "The People V. Brooks" [4Denis, 469].
[193]En el caso de "Smith v. State of Maryland" (18Howard, U. S.91) se declaró que la ley que reglamenta el uso de los criaderos de ostras que existen dentro de los límites de un Estado, pudo decretar la confiscacion de los buques que violasen sus prevenciones, aun cuando estuvieran matriculados y tuvieran la correspondiente licencia para el comercio de cabotage conforme á las leyes federales.[193a]
[193a]En virtud de las facultades que tienen los Estados para dictar disposiciones de policía, pueden establecer requisitos para la navegacion en sus aguas, además de los que contiene la ley del Congreso referente al comercio de cabotage; y esas disposiciones serán válidas siempre que no pugnen con la Constitucion ó leyes de la Union. "Fitch. v. Livingston," 4Sandford, 493. Las leyes de policía de los puertos, dictadas por los Estados son constitucionales, "Wardens of New Orleans v. Ship. M. J. Ward," (14Louisiana Ann.289).
[194]En el caso «The Fire Department v. Noble,» (3E. D. Smith440) seguido ante el tribunal de «Common Pleas» de New-York, se examinó la cláusula de la Constitucion que dispone que «los ciudadanos de un Estado tendrán en los demás todas las prerogativas é inmunidades que los ciudadanos de éstos,» y se declaró que era constitucional la ley de un Estado que impone contribuciones á las compañías de seguros, exigiendo su pago como requisito para que puedan asegurar, aun cuando no debieren su incorporacion al Estado, con tal de que hagan negocios en él.
[195]Esta cláusula quedó modificada por el artículo XII de las enmiendas.