Los tribunales de Distrito debieron su existencia, como los de circuito, á la facultad con que la Constitucion invistió al Congreso para establecer tribunales inferiores á la Suprema Corte. (Art. 1, sec. 8.) El territorio de los Estados Unidos está actualmente dividido en treinta y cinco distritos, que generalmente comprenden todo un Estado; pero los Estados de New York, Pennsylvania, Virginia, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Louisiana, Mississippi y Alabama, tienen mas de un distrito. Con pocas excepciones, en cada distrito hay un tribunal. Este es unitario, y tiene cuatro períodos de sesiones cada año. En algunos, sin embargo, el tribunal tiene tres, dos ó un solo período de sesiones ordinarias, pudiendo tener todas las extraordinarias que el juez creyere conveniente. Hoy solo hay veintinueve jueces de distrito, y despues de la expedicion de la ley de 1801, la práctica ha venido á resolver que el Congreso puede suprimir discrecionalmente los tribunales inferiores existentes, y crear otros con distinta organizacion.
Con exclusion de los tribunales de los Estados, los jueces de distrito conocen de los delitos leves, sujetos á la jurisdiccion federal, cuyo castigo consista en multas que no excedan de cien pesos, prision hasta por seis meses, ó treinta azotes[78]cuando la pena deba ser corporal, cometidos en sus respectivos distritos ó en alta mar.[79]Tienen jurisdiccion privativa para conocer en primera instancia de todos los negocios civiles de la jurisdiccionde almirantazgo y marina,[80]entre los que se comprenden las aprehensiones (seizures) hechas en virtud de las leyes fiscales de navegacion ó comercio de la federacion, en alta mar ó en las aguas de sus distritos, navegables desde el mar, en buques de diez ó mas toneladas; de todas las demás aprehensiones hechas en virtud de las leyes federales, y de los litigios suscitados con motivo de las multas ó comisos decretados en virtud de dichas leyes. Conocen á prevencion con los tribunales de circuito y los de los Estados, de los litigios que entablaren los extranjeros quejándose de agravios[81](torts) cometidos con violacion del derecho internacional, ó de algun tratado de los Estados Unidos, y de todas las demandas en derecho comun, en que la Federacion fuere la parte actora y el interés que se versare exceda de doscientos pesos, fuera de las costas. Conocen, con exclusion de los tribunales de los Estados, de todos los litigios que se entablaren contra los cónsules y vice-cónsules, ménos cuando versaren sobre delitos de mayor gravedad que los mencionados.[82]Conocen tambien de las quejas interpuestas contra las capturas verificadas en las aguas de los Estados Unidos, ó dentro de una legua marítima de sus costas, sean quienes fueren los quejosos,[83]y de las que se dirijen á pedir la anulacion de las patentes obtenidas indebidamente.[84]
En aquellos casos en que algun litigante no hubiere tenido tiempo suficiente para ocurrir al tribunal de circuito, los jueces de distrito tienen la misma ámplia facultad que los magistrados de la Suprema Corte para decretar los "injunctions," que subsistirán en su distrito, hasta las próximas sesiones del tribunal de circuito (Ley de 13 de Febrero de 1807, c. 13, sec. 1.) Pueden además decretarlos en ciertos casos que especifica la ley de 15 de Mayo de 1820, expedida para la mejor organizacion del departamento del tesoro.
Fuera de las facultades generales que tienen los jueces de distrito, y sin perjuicio de ellas, tienen además la de los tribunales de circuito, cuando sus distritos estuvieren situados de manera que no permitan convenientemente la presencia en ellos del Magistrado de la Suprema Corte. (Ley de 19 de Febrero de 1831, c. 28.)
Con el fin de evitar los inconvenientes que resultarian de la diferencia de opiniones entre el juez de Distrito y el magistrado de la Suprema Corte, cuando los dos se reunen para formar el tribunal de circuito, se ha dispuesto que debe prevalecer la opinion del magistrado de la Corte en los casos en que se tratare de los recursos de apelacion ó error interpuestos contra los fallos dados por el juez de distrito; y en todos los demás casos de desacuerdo entre ellos, decidirá la Suprema Corte, á quien se remitirá bajo certificado el punto de diferencia,[85]no pudiendo imponerse la pena de prision, ni ninguna otra mientras exista tal desacuerdo. (Ley de 29 de Abril de 1802, c. 31, sec. 5, 6.)
Los tribunales superiores de los Territorios de los Estados Unidos en que no hubiere tribunales de distrito, ejercen la jurisdiccion de los tribunales de circuito, sujetos en sus fallos á la revision de la Suprema Corte por los recursos de apelacion y error. (Ley de Marzo 3 de 1805, c. 38, sec. 1). Los jueces de distrito y los de los tribunales territoriales de los Estados Unidos tienen obligacion de residir en sus respectivas demarcaciones,y ningun juez de la federacion puede patrocinar negocios, ni ejercer la profesion del foro. (Ley de 18 de Diciembre de 1812, sec. 1.)
Los tribunales de los Estados pueden en ciertos casos conocer de negocios pertenecientes á la jurisdiccion federal, en virtud de algunas leyes del Congreso. Las de 8 de Marzo de 1806, 21 de Abril de 1808 y 3 de Marzo de 1815, autorizaron á los tribunales de los condados situados en algunos distritos rentísticos de los Estados de New York, Pennsylvania y Ohio, ó contiguos á ellos, para conocer de las demandas que se entablaren por multas ó comisos impuestos en virtud de las leyes fiscales de la federacion; y los tribunales de un Estado ó condado, contiguos á cualquier distrito rentístico, conocerán de todos los juicios relativos á las contribuciones ó impuestos locales que puedan decretarse en lo sucesivo, así como de las multas y comisos que se impusieren por dichas contribuciones.
En la reseña que hemos hecho de la organizacion de los tribunales federales, se habrá notado que los rasgos mas característicos del sistema judicial americano se encuentran en la ley de 24 de Setiembre de 1789, que fué expedida durante el primer período de las sesiones del primer Congreso que se instaló conforme á la actual Constitucion. Esa ley ha pasado por el crisol de la experiencia sufriendo muy pocas alteraciones, prueba nada equívoca de la sabiduría de su plan, y de que está en consonancia con los intereses del país. Fué la obra de una profunda reflexion y de vastos conocimientos jurídicos, y el sistema que entonces se formó y planteó, ha dado tantos y tan benéficos resultados, que los tribunales de la federacion han ido aumentando constantemente su reputacion y prestigio. Los principales empleados (Officers) de los tribunales son los procuradores, los abogados, los secretarios y losMarshals.
Los procuradores y abogados son admitidos ordinariamenteen los tribunales de justicia para ayudar á las partes á hacer valer sus derechos, y encargarse de sus negocios, cuando no comparecen á dirigirlos personalmente, como pueden hacerlo en virtud de la precitada ley de 24 de Setiembre de 1789, sec. 35. Esta facultad que tienen los litigantes de dirigir sus negocios por sí mismos, muy razonable en principio, es inútil en la práctica. En todos los países que se rigen por el derecho escrito, se ha palpado la necesidad de la abogacía, para facilitar y dar acierto en la aplicacion de las leyes á los casos particulares. A medida que los pueblos van dando proteccion á la propiedad, cultivando las artes, aumentando su comercio, su riqueza y su lujo creando con ellos las distinciones y refinamiento de la vida social, el derecho, gradual, pero necesariamente irá tomando el carácter de una complicada ciencia, cuya aplicacion requiera el saber y la habilidad de una profesion especial. En Roma, despues de la publicacion de la ley de las doce tablas, los litigantes se vieron en la necesidad de recurrir al auxilio de sus patronos y los procedimientos judiciales fueron materia del estudio de un cuerpo de hombres distinguidos.[86]La clasificacion en abogados y procuradores está tomada de la práctica de los tribunales ingleses. Los procuradores atienden á la parte mas práctica y mecánica de los negocios, mientras que los abogados se ocupan de hacer los escritos y alegatos, informar á la vista y dirigir los negocios en toda su secuela, señalando en cada caso los principios del derecho que los rigen. En la Suprema Corte de los Estados Unidos los grados deattorney(procurador) ycounsel(abogado) se mantienen distintos y separados, y no se pueden ejercer los dos á la vez. Así se dispuso por un acuerdo de Febrero de 1790, y aunque en Agosto de 1801 la misma Suprema Corte permitió que loscounsellorspudieran ejercer el oficio de losattorneys, prestando el correspondiente juramento, no los autorizó para que ejercieran simultáneamente los dos oficios, sino para que eligieran el que mas les conviniera. En los demás tribunales de la federacion, lo mismo que en los de New York y otros Estados, una persona puede desempeñar á la vez las dos profesiones.[87]
Además de los procuradores ordinarios hay un Procurador General de los Estados Unidos creado por la relacionada ley de 24 de Setiembre de 1789, sec. 35, que dispone que para ese cargo se nombre una persona idónea é instruida en la ciencia del derecho. Fuera de sus atribuciones especiales, esto funcionario tiene la de entablar y dirigir en la Suprema Corte todos los litigios en que estuviere interesada la federacion, y dar un parecer y consejo al Presidente de la República y á los jefes de los departamentos, en todas las cuestiones jurídicas que lo consultaren. Hay asimismo en cada distrito un funcionario público que debe desempeñar los oficios de procurador de los Estados Unidos en esa demarcacion judicial, (District Attorney) perseguir á los perpetradores de delitos sujetos á la jurisdiccion federal, é intentar todas las demandas civiles concernientes á la Union.[88]
A los tribunales toca nombrar á sus secretarios; pero el de juzgado de distrito,ex officioes secretario tambien del tribunal de Circuito en su distrito. Los secretarios tienen á su cargo el sello y los archivos de los tribunales, deben firmar y sellar todas sus disposiciones, llevando constancias de sus procedimientos y fallos. Su cargo es de tanta importancia, que además del juramento que prestan de desempeñar fielmente su empleo, se les impone la obligacion de dar una fianza. (Ley de 24 de Setiembre de 1789, sec. 7). Para precaver los abusos, está mandado que todas las cantidades que deban enterarse en los tribunales de circuito ó distrito por los negocios que penden en ellos, se depositen inmediatamente en los bancos, no pudiendo disponerse de ninguna cantidad sin órden firmada por el juez y refrendada por el secretario, quien en los períodos de las sesiones ordinarias de los tribunales, presentará una relacion de las cantidades que estén á su disposicion. (Ley de Marzo 3 de 1807, cap. 108.)
El oficio de los "Marshals" tiene analogía con él de losSheriffsen elcommon law. Son nombrados por el Presidente de acuerdo con el Senado, por cuatro años; pero son amovibles á voluntad. LosMarshalsdeben asistir á los tribunales de Circuito y Distrito, hacer cumplir en su demarcacion todas las órdenes que conforme á derecho les fueren comunicadas, y pedir el auxilio que necesiten para cumplir con sus deberes. Las leyes le imponen ciertas obligaciones especiales. La facultad de nombrar sus delegados (Deputy Marshals) es una consecuencia de su mismo empleo, quedando responsables civilmente por la conducta que observen dichos auxiliares, quienes podrán ser removidos no solo por los Marshals, sino tambien por los tribunalesde circuito ó distrito. (Ley de 24 de Setiembre de 1779, sec. 27.) La ley dice que losMarshalsson amovibles ávoluntad, sin haber expresado de quién. Poco despues de que se organizó el gobierno, se suscitó la cuestion de si la facultad de remover á los empleados que son amovibles, podia residir en alguna autoridad distinta de la que los nombró, y si para la remocion era necesaria la concurrencia del Senado, como lo habia sido para su nombramiento. Así fué como el autor delFederalista(núm. 77) interpretó la constitucion, antes de que la ratificaran los Estados. "El consentimiento del Senado," decia, "será necesario tanto para remover como para nombrar," y agrega: "los que pueden valorizar mejor lo importante que es la regularidad en la administracion, estarán mas dispuestos á admitir la conveniencia de una disposicion, que liga la vida oficial de los hombres públicos con la aprobacion ó desaprobacion de cuerpo que, segun todas las probabilidades, será ménos inconstante que ninguno de los otros departamentos del Gobierno por la fijeza de su organizacion."
Pero el Congreso dió otra interpretacion muy distinta á la carta fundamental, despues de un detenido exámen y discusion. En el decreto que estableció el departamento del Tesoro (2 de Setiembre de 1789, sec. 7ª) se dió por sentado que el Secretario del despacho en ese ramo podia ser libremente removido por el Presidente. La ley usa de estas palabras: "Cuando el Secretario fuereremovido de su encargo por el Presidente de los Estados Unidos, ó en cualquier otro caso de vacante, entrará á desempeñar el sub-secretario, etc." Esto equivalia á una interpretacion legislativa de la constitucion; así se recibió entonces, y ha servido como fundamento para resolver la cuestion. Es aplicable á todos los demás empleados del gobierno que nombran el Presidente y el Senado, cuyo término de duracion no esté expresamente designado por ley. Se funda en la poderosa razon de que los empleados subalternos en el ramo ejecutivo deben desempeñar sus funciones sujetos á la voluntad del gefe de ese ramo, á quien se invistió con el poder ejecutivo en general, y toda participacion del Senado en ese poder es la excepcion de la regla general y debe interpretarse estrictamente. El Presidente es el alto funcionario responsable por la fiel observancia de la ley; la facultad de remover á los empleados esun incidente de sus deberes, y á veces aun puede ser necesaria para su cumplimiento.
La cuestion nunca ha sido sometida á la investigacion judicial, y la inteligencia que se dió á la constitucion en 1789 sigue descansando en esta declaracion aislada é incidental del congreso, y en la práctica que ha seguido el gobierno desde esa época. Hoy debe considerarse segura y definitivamente resuelta y esa interpretacion es razonable y de utilidad práctica. Sin embargo, en nuestra historia constitucional es un hecho notable que una facultad tan trascendental, que deja al solo arbitrio del Presidente la remocion de los empleados cuando para nombrarlos es necesario la aprobacion del Senado, haya dependido únicamente de una mera deduccion en virtud de una declaracion oficiosa del primer Congreso, contra la respetable autoridad delFederalista, habiendo merecido la aprobacion ó acquiescencia de algunos hombres distinguidos, aún de entre aquellos mismos que negaban ó dudaban que el Congreso tuviera facultades para crear un banco nacional.[89]
El "Marshal" debe otorgar una fianza de veinte mil pesos en favor de la Union, de que él y sus auxiliares cumplirán fielmente con las obligaciones de su encargo, además del juramento que prestan. Es un principio del derecho comun que la muerte del principal pone fin á las facultades del sustituto ó delegado; pero con el objeto de evitar los inconvenientes que pudieran resultar de la aplicacion del principio á este caso, é impedir los males consiguientes á la acefalía del empleo, la ley de organizacion de los tribunales de justicia dispuso que en caso de que muriere elMarshal, sus delegados continuarán desempeñando sus funciones en nombre del finado, hasta que otro sea nombrado y juramentado, salvo el caso de que hubieransido expresamente removidos. Si el "Marshal" fuere removido ó espirare el plazo para que se le nombró, hará cumplir sin embargo las órdenes pendientes que se le hubieren comunicado, quedando responsable por los presos que tuviere á su cargo hasta que no los entregue á su sucesor en debida forma. (Ibid,sec.28) En cuanto á la custodia de los presos, la ley federal dispone que elMarshallos entregue al alcaide de alguna de las cárceles del Estado en que desempeña sus funciones, siempre que la legislatura de dicho Estado, obsequiando la recomendacion del Congreso de la Union hubiere impuesto á los alcaides la obligacion de recibirlos; pero en los Estados donde no fuere así, elMarshalproveerá una prision bajo la direccion del juez de distrito.[90]
RESUMEN. Párrafo I. De la manera de probar la constitucionalidad de una facultad.—II. De los negocios en que conoce la Suprema Corte desde su principio.—III. De su jurisdiccion para conocer en apelacion.—IV. Del "Writ of Mandamus."—V. Del caso en que un Estado fuere parte interesada.—VI. Al Congreso toca reglamentar la jurisdiccion para conocer en apelacion.—VII. El poder judicial se limita á los casos que dimanan de la Constitucion, los tratados y las leyes.—VIII. La jurisdiccion para conocer en apelacion se limita á la materia que conste de autos.—IX. El que un Estado sea parte no la excluye.
Hasta aquí he considerado bajo un punto de vista general los grandes departamentos en que está dividido el gobierno de los Estados Unidos: paso ahora á hacer un exámen mas prolijo de sus facultades y deberes, así como del grado de subordinacion en que están constitucionalmente colocados los gobiernos de los Estados.
La Constitucion de los Estados Unidos es un instrumento que contiene concesiones de facultadesespecíficas, y el gobierno de la Federacion no puede reclamar otras que las que le otorga esa carta, sea expresa ó tácitamente por una deduccion necesaria. Las facultades con que estaban investidos los gobiernos de los Estados por sus respectivas constituciones y las que se reservó el pueblo de esos Estados antes de que se sancionara la Constitucion, quedaron intactas y sin cercenarse, ménos en aquellos casos en que fueron delegadas á la Federacion. Debemos averiguar cuál es la verdadera inteligencia de la Constitucion, y la extension precisa que tienen las facultades que quedaron reservadas á los Estados, por la opinion conocida y las respectivas prácticas de los gobiernos, cuando no haya habido conflicto entre ellos; pero en todos los demás casos, cuando la cuestion tiene un carácter judicial, debemos hacerlo por medio de las decisiones de la Suprema Corte de los Estados Unidos, que todos debian estudiar y conocer en las cuestiones principales del derecho constitucional. El pueblo de los Estados Unidos declaró que la constitucion es la suprema ley de la tierra, y debe ser universal é implícitamente obedecida. Toda ley del Congreso ó de las legislaturas de los Estados, y cualquiera parte de las constituciones de los mismos, que pugnen con la constitucion federal, serán necesariamente nulas. Este es un principio claro y bien establecido en la jurisprudencia constitucional. Se declaró que el poder judicial de la Union abrazatodos los casosque en derecho y equidad dimanan de la constitucion; y cuando judicialmente se le somete un caso, á ese poder toca decidir cuál es la ley de la tierra. La resolucion de la Suprema Corte de los Estados Unidos en casos semejantes debe ser final y decisiva, porque la constitucion le dá la facultad de decidir, y no concede apelacion de su fallo.
Con respecto al poder judicial, se puede decir en general lo que la Suprema Corte decia en el caso de "Turner v. The Bank of North América(4Dallas8)", que si se esceptuan unos cuantos casos que especifica la carta fundamental, al Congreso toca la facultad de conferirlo; que sin su intervencion los tribunales no podrian ejercer jurisdiccion en todos los casos á que se extiende dicho poder; y últimamente que no estáobligadoá hacer extensiva la jurisdiccion de los tribunales federales á todas las materias que la constitucion pudiera autorizarlos para conocer. además, es un punto ya resuelto[91]que el Congreso no ha delegado el ejercicio del poder judicial á los tribunales de circuito, sino es en ciertos casos especificados. Para conferir jurisdiccion á esos tribunales es necesario queconcurranla constitucion y una ley del Congreso. Intencionalmente se ha dejado sin ejercicio una gran parte de poder judicial que la constitucion facultó al Congreso para conferir, y que éste no ha puesto en accion por medio de una ley.[92]La seccion 11 del "Judiciary Act" de 1789 que dá jurisdiccion á los tribunales de circuito, no tiene toda la amplitud que dá la constitucion; así por ejemplo, esos tribunales no pueden expedir unmandamussino únicamente cuando es necesario para el ejercicio de su jurisdiccion, (Smith v. Jackson, 1Paine453).
La jurisdiccion que tiene la Suprema Corte para conocer desde un principio es muy limitada, y se ha declarado judicialmente (Marbury v. Madison Cranch, 137.) que el Congreso no tiene facultad para ampliarla. La constitucion la restringe á los casos que afectan á los embajadores y demás ministros públicos, á los cónsules, y á aquellos en que un Estado es parte interesada, (Art. 3 sec. 2) y ha sido materia de disputa si tiene el carácter de exclusiva, segun la mente de la constitucion. Parece que el "Judiciary Act" de 1789 consideró que el Congreso tenia facultad para investir á otros tribunales con jurisdiccion concurrente sobre los casos especificados, supuesto que para algunos de ellos la confirió á los tribunales de circuito (sec. 13). En el caso "The United States versus Ravara(2Dallas297)" se suscitó esta cuestion en el tribunal de circuito del distrito de Pennsylvania, y se declaró que el Congreso podia investir á otros tribunales con jurisdiccion para conocer á prevencion de los mismos casos en que la Suprema Corte podia conocer enúnica instancia, y que la espresion "conocerá originariamente" no debia entenderse como si importara el conocimiento privativo de los casos enumerados. Pero la decision que dió la Suprema Corte en el negocio de "Marbury v. Madison" (1Cranch137) se inclina mucho á establecer el principio de la jurisdiccion privativa en dichos casos. En el de "Pennsylvania v. Kosloff" (5Serg and Raule545) se tuvo esta decision como derogatoria de la deRavara, y sin embargo en el caso "The United States v. Ortega" (11Wheaton467) la Suprema Corte dejó indecisa la cuestion, absteniéndose intencionalmente de resolverla.[93]
Admitiendo que el Congreso pueda discrecionalmente hacer partícipes á otros tribunales de esta jurisdiccion que tiene la Suprema Corte para conocer en primera instancia, se ha declarado, como veremos mas adelante, que no puede ampliarla, es decir, que no puede investir á la misma Corte con jurisdiccion para conocer en el mismo grado de otros casos, fuera de los designados en la constitucion[94]. Por lo mismo es la jurisdiccion que tiene la Suprema Corte para conocer en apelacion la que le dá casi toda su respetabilidad y eficacia, constituyéndola objeto constante de la atencion y solicitud de los gobiernos y del pueblo de los diversos Estados.
En ciertos casos la Suprema Corte tiene jurisdiccion para conocer en apelacion de las decisiones finales de los tribunales de los Estados; pero, ni en derecho estricto ni en equidad tiene facultad para revisar sus propias decisiones. (Washington Bridge Company v. Stewart, 3How.V. 413.)
Ya hemos visto que conforme al "Judiciary Act" la Suprema Corte puede por el "Writ of Error" revisar, confirmando ó revocando las sentencias definitivas de todos los tribunales de última instancia de los Estados, ya sean de equidad ó de estricto derecho, cuando en los litigios en que aquellas se pronunciaron se tocare la cuestion de la validez de un tratado y la decision fuere contraria á ella; ó cuando se suscitare alguna disputa acerca de su inteligencia, y la decision fuere contraria al título, derecho ó privilegio que se pretende tener en virtud de dicho tratado. Si la sentencia de la Corte fuere revocatoria, podrá entonces á su discrecion, ó devolver la causa al tribunal de su orígen para que la falle en definitiva; ó si, ya esto se hubiera hecho una ves antes, puede fallarla ella misma, y mandar ejecutar su fallo. En la precitada ley, la expresionsentencia finalsignifica todo fallo ó decreto que decideun litigio particular, y no debe limitarse á aquellos fallos que impiden la instauracion de un nuevo litigio por el mismo derecho[95]. En virtud de esta jurisdiccion que para conocer en apelacion tiene la Corte, en el caso de "Clarke v. Harwood" (3Dallas343) se declaró que si el tribunal superior de un Estado revoca el fallo de otro inferior, y en la súplica la Suprema Corte de los Estados Unidos revoca el del tribunal superior, éste quedará completamente sin efecto, y la Corte puede mandar al tribunal que conoció en 1ª instancia que haga ejecutar su decision. Sin embargo, en el caso de "Fairfax v. Hunter" (7Cranch608) se otorgó el "Writ of Error," por la Suprema Corte de los Estados Unidos contra un fallo del tribunal de apelaciones del Estado de Virginia, que denegaba cierto derecho que un litigante pretendia tener segun la inteligencia de los tratados con la Gran Bretaña de 1783 y 1794, y se revocó el fallo de ese tribunal, devolviéndole la causa y pidiéndole que hiciera cumplir la sentencia del inferior que habia revocado. El tribunal de Virginia al recibir la causa, declaró que no estaba sujeto á la jurisdiccion que tiene la Suprema Corte de los Estados Unidos para revisar en apelacion y que la ley del Congreso, en la parte que daba esa extension á las facultades de la Corte, no estaba fundada en la Constitucion: que los procedimientos de la Corte relativos á ese tribunal, eran procedimientos seguidoscoram non judicey por consiguiente se negó á obedecer su mandato. A esta denegacion se concedió el "writ of error", y la causa volvió á subir á la Suprema Corte en el incidente relativo á la resolucion del tribunal inferior, negando la constitucionalidad del estatuto en la parte que concede el recurso de apelacion contra los fallos de los tribunales de los Estados.Martin v. Hunter, 1Wheaton304.
Difícilmente habria podido suscitarse en un tribunal una cuestion mas grave, que envolviera consideraciones tan delicadas y que afectara tan de cerca la conservacion y tranquilidad de la Union americana. Al resolverla la Corte expuso que la Constitucion necesariamente se habia expresado en términos generales, y no habia especificado detalladamente las facultades que concedia ni declarado los medios que debieran emplearse para ponerlas en ejecucion, tarea que habria sido peligrosa y difícil, si no imposible: que por lo mismo habia dejado al arbitrio del Congreso el emplear los que le parecieran convenientes llegada la vez, para alcanzar fines que eran legítimos, normando el ejercicio de sus facultades por su propia sabiduría y las exigencias del bien público.
Declaró que el poder judicial de la Union comprende todos los casos que dimanan de los tratados celebrados con su autoridad. En el caso de que nos ocupamos era absoluta la delegacion del poder judicial; el pueblo americano podia investir al gobierno de la Union con él, ó con cualquiera otro, prohibiendo á los Estados el ejercicio de todo poder que á su juicio fuera incompatible con los fines que tuvo por objeto alcanzar el pacto federal. Segun los preceptos mismos de este pacto, el Congreso debia crear tribunales inferiores, invistiéndolos con aquella jurisdiccion que pertenece privativamente á la Union, pero que la Suprema Corte solo podia ejercer, conociendo en grado de apelacion. Todo el poder judicial de la Union debe residir siempre en algunos tribunales creados en virtud de su autoridad, sea para conocer en primera instancia ó en apelacion. La delegacion de ese poder habia sido completa, y el Congreso tenia un imperioso deber de dar alguna disposicion respecto á la jurisdiccion de los tribunales federales para conocer en grado de apelacion, en todos aquellos casos en que la Constitucion daba á la Suprema Corte una jurisdiccion privativa pero no para conocer en primera instancia.
En el análisis que la Suprema Corte hizo del poder judicial, sostiene que en los casos que especifica la Constitucion se deben distinguir dos clases. La mente de ésta fué que las facultades del poder judicial, sea en la primera instancia ó en grado de apelacion, debian extenderse absolutamente átodos los casosque en estricto derecho y en equidad dimanaran de la misma Constitucion, leyes de la Union, ó tratados celebrados con su autoridad: á todos los que afectan á los embajadores, á los demás ministros públicos y cónsules, y á todos los de la jurisdiccion de almirantazgo y marina, supuesto que todos ellos son de vital interés para la soberanía de la Union, entran en su política y afectan tanto los derechos nacionales como la ley y cortesía de las naciones. Por lo mismo la jurisdiccion, sea en la primera instancia ó en grado de apelacion, debe ser proporcionada á los males que tiene por objeto remediar, y á la política que se quiso seguir. Pero en cuanto á la otra especie de casos, parece que la Constitucion exprofeso no empleó la palabratodas, ni extendió las facultades del poder judicial á conocer de todas las controversias, sino de aquellas solamente en que la Union fuere parte interesada, de las que se ventilaban entre dos ó mas Estados, ó entre ciudadanos de diferentes Estados etc. dejando al Congreso calificar su jurisdiccion, ya sea en primera instancia ó en apelacion, segun lo creyera conveniente al bien público. Pero sea cual fuere el fundamento de esa distincion, la Suprema Corte sostuvo como evidente que el poder judicial de la Union en algunos casos excluye inevitablemente toda autoridad de los Estados, y en todos los demás en que el Congreso discrecionalmente podia ordenarlo de esa manera. El "Judiciary Act" en todas sus disposiciones, pero particularmente en las secciones 9ª 11ª y 13ª, dió por sentado que en todos los casos á que se extienden las facultades judiciales de la Union el Congreso puede constitucionalmente investir á los tribunales federales con jurisdiccion privativa. La jurisdiccion criminal, y la de almirantazgo y marina deben tener ese carácter, y hoy los Estados solo pueden ejercer una jurisdiccion concurrente, sobre aquellos casos de que podian conocer antes de la Constitucion, independientemente del poder nacional.
La jurisdiccion para conocer en grado de apelacion no selimitó por la Constitucion exclusivamente á la Suprema Corte. El Congreso puede establecer una série de tribunales inferiores, dando á cada uno jurisdiccion para conocer tanto en primera instancia como en apelacion. Se declaró que la jurisdiccion que tiene la Corte para conocer en apelacion de aquellos casos de que no puede conocer en primera instancia, estaba sujeta á las restricciones y disposiciones que el Congreso tuviere á bien prescribir. Al Congreso, por lo mismo, quedaba reservada la facultad discrecional de reglamentar el ejercicio de la jurisdiccion de apelacion en todas sus diversas formas, y esa jurisdiccion no se limitaba á los casos que pendieran ante los tribunales federales, pues que si así fuera, se deduciria necesariamente que la jurisdiccion de los tribunales federales excluia la de los tribunales de los Estados, en todos los casos que enumera la Constitucion. Si el poder judicial de la federacion comprende todos los casos que dimanan de la Constitucion, las leyes y los tratados de la Union, y todos los que pertenecen á la jurisdiccion de almirantazgo y marina, los tribunales de los Estados no podrian tener, de una manera compatible con la expresa concesion constitucional, ninguna jurisdiccion sobre esos casos, si no se pudiera apelar de sus decisiones para ante la federacion. La jurisdiccion de segunda instancia que tienen los tribunales de la federacion debe extenderse á las decisiones de los tribunales de los Estados, mientras éstos tengan jurisdiccion concurrente sobre los casos que la Constitucion declaró pertenecer al conocimiento del poder judicial federal. Es muy claro que la Constitucion previó que algunos casos de los que pertenecen al conocimiento judicial de la federacion se presentarian ante los tribunales de los Estados en el ejercicio de su jurisdiccion ordinaria, y que estos tribunales tendrian que conocer incidentalmente de casos que dimanaban de la Constitucion, leyes y tratados de la Union; y como el poder judicial de la Union se extiende á todos esos casos, de los mismos términos de la Constitucion se deduce como una consecuencia necesaria, que la jurisdiccion que tienen los tribunales federales para conocer en apelacion, debió extenderse, y de facto se extendió á las decisiones de los tribunales de los Estados, y comprende todos los casos de que puede conocer el poder judicial.
Los casos que se enumeraron como pertenecientes al conocimiento de los tribunales federales, son aquellos que se relacionan con la tranquilidad, la paz y la soberanía de la nacion, ó aquellos en que se presumió que las simpatías, las preocupaciones, los celos y los intereses de un Estado, pudieran alguna vez obstruir la administracion regular de la justicia, ó influir en ella de alguna manera. En todos, la facultad de conocer en apelacion se funda en los principios mas palmarios de política y de prudencia, y es considerada como indispensable para llenar debidamente los grandes y benéficos fines de la Constitucion. Además era necesaria para que en todos los Estados Unidos hubiera uniformidad en las decisiones de aquellas cuestiones que dimanaban de la Constitucion, pues serian deplorables los males que resultarian de interpretaciones y fallos contradictorios sobre todos esos puntos de interés general.
Tambien pertenece al ejercicio de la jurisdiccion de apelacion, el derecho que tiene el demandado para declinar la jurisdiccion de los tribunales de los Estados, y llevar su causa ante los de la Union, cuando á éstos toca conocer de sus garantías, derecho que puede ejercitarse antes ó despues del fallo de dichos tribunales, á discrecion del Congreso. La Suprema Corte por una série de argumentos que parecen ser incontestables y concluyentes, resolvió que la jurisdiccion que tiene la Union para conocer en apelacion, comprende los casos seguidos ante los tribunales de los Estados, y que la seccion 25ª del "Judiciary Act" de 1789 que autoriza su ejercicio por medio delwrit of errory en los casos que especifica, está fundada en el texto y en la mente de la Constitucion. En tal virtud se revocó el fallo que dió el tribunal de apelaciones de Virginia al recibir la causa en devolucion, negando la jurisdiccion de la Corte, confirmándose el del tribunal de distrito del mismo Estado que ese tribunal habia revocado.
La Suprema Corte no creyó necesario discutir ó decidir la cuestion relativa á sus facultades para expedir la órden compulsoria delmandamusá los tribunales de los Estados á fin de hacer cumplir su sentencia de revocacion. Parece que uno de los magistrados que extendió una opinion separada en el caso, creia que la Suprema Corte en el ejercicio de su jurisdiccion de apelacion era el juez supremo de las partes y de la causa; peroque no tenia la facultad de compeler á los tribunales de los Estados. La Corte misma no insinuó ninguna opinion sobre si ella podia ó no entablar procedimientos compulsorios ó restrictivosin personamcontra dichos tribunales; sin duda no creyó prudente asumir mas autoridad de la que le concedia la Constitucion, que la que era estrictamente necesaria en esa vez. Si la jurisdiccion para conocer en apelacion tenia un fundamento sólido, como evidentemente lo tenia en el caso, parece natural que debia necesariamente incluir todo el poder coercitivo indispensable para hacerla respetar.
Otra de las cuestiones muy debatidas y detenidamente consideradas por la Suprema Corte, fué la de si ella tenia facultades para librar unmandamus, cuando no resultaba como incidente de un caso sometido á su jurisdiccion para conocer en apelacion, ó no lo requeria alguno de los casos de que podia conocer en única instancia. En el caso de "Marbury v. Madison," (1Cranch137) el actor habia sido propuesto al Senado para juez de paz en el distrito de Colombia por el Presidente de la República, quien despues de haber obtenido el consentimiento y aprobacion de esa Cámara, le confirió el nombramiento; éste era completo, hallándose ya firmado su despacho por el Presidente, y sellado con el sello de los Estados Unidos. Pero á pesar de esto, el Secretario de Estado no quiso dar curso al despacho, lo que fué considerado por el quejoso como una violacion de un derecho ya adquirido y legal, que le daba accion á pedir una reparacion por el "writ of mandamus," y se cuestionaba si la Suprema Corte podia constitucionalmente expedirlo.[97]
La seccion 13 del "Judiciary Act," facultaba á la Suprema Corte para expedir elmandamusen todos los casos en que los principios y la práctica del derecho facultan á los tribunales y funcionarios públicos de la Union para hacerlo. Incuestionablemente la ley era aplicable y daba la facultad; solo quedaba en pié la cuestion de su constitucionalidad. La Corte opinaba que la ley era inconstitucional en este particular, porque la facultad de expedir elmandamusen el presente caso importaria un ejercicio de la jurisdiccion de primera instancia que no está comprendido en la Constitucion, y el Congreso no puede dar á la Corte jurisdiccion para conocer originariamente de mas casos que los determinados por la Constitucion. No puede darle jurisdiccion para conocer en grado de apelacion de los casos en que segun la Constitucion debe conocer originariamente, ni viceversa. Para que la Corte pueda expedir el "mandamus," es necesario probar que lo hace en ejercicio de la jurisdiccion de apelacion, ó que es necesario para poderla ejercer.
La Suprema Corte podrá por lo mismo expedir unmandamusá un tribunal de circuito de la Federacion previniéndole que remita testimonio de lo actuado, pues esto sí seria el ejercicio de una facultad, autorizada por los principios y la práctica legal.[98]
La Constitucion dá á la Suprema Corte jurisdiccion para conocer originariamente de aquellos casos en que fuere parte interesada un Estado. En el caso de "Fowler versus Lindsey" (3Dallas, 411) se presentó la cuestion de cuándo debia considerarse un Estado como parte interesada.[99]Los litigantes en el caso reclamaban terrenos en virtud de títulos expedidos por diversos Estados. El actor presentó su demanda de lanzamiento en el tribunal de circuito de Connecticut, alegando que derivaba su título de una concesion de ese Estado, en cuya jurisdiccion estaban ubicados los terrenos. El demandado por su parte alegaba, que él los habia obtenido mediante una concesion del Estado de New York, y que en ese territorio estaban legalmente y de facto ubicados. En cuanto á la jurisdiccion que tiene la Suprema Corte por razon del interés que un Estado tenga en una controversia, el tribunal sentó la regla de que debe ser un caso en que el Estado sea parte nominal ó realmente, y que no basta que pueda afectarlo por las consecuencias, como por ejemplo que tenga que resarcir á su concesionario en caso de la eviccion. Aunque la controversia fuera relativa al suelo ó jurisdiccion entre dos Estados, sin embargo si ocurro en un litigio seguido entre dos individuos, en el que de autos no resulte ser parte ninguno de los dos Estados, no es un caso que pertenece á la jurisdiccion originaria de la Suprema Corte, porque los Estados mismos siempre pueden disputar su derecho al suelo en la Suprema Corte, cualquiera que fuere la decision que ésta hubiere dado en el litigio de los particulares que no afecta los derechos de dichos Estados en cuanto á jurisdiccion territorial, la que puede quedar intacta aunque el Estado se hubiera desprendido del derecho al suelo. En semejantecaso, la Suprema Corte no quiso conceder uninjunctionpedido por el Estado de New York contra el de Connecticut para que se suspendiera el litigio sobre lanzamiento, aunque ese litigio particular, envolvia una reclamacion general sobre el suelo y jurisdiccion, porque dicho Estado no era parte interesada en el litigio que se seguia ante el tribunal de circuito, ni le afectaba su decision.[100]
La Suprema Corte solo tiene jurisdiccion de apelacion en los casos en que le fué concedida terminantemente. En el caso de "Wiscart v. Dauchy" (3Dallas321) la Suprema Corte consideró que toda la jurisdiccion que podia ejercer para conocer en apelacion, dependia de las disposiciones del Congreso supuesto que la Constitucion la habia concedido con esa taxativa. Debia conocer en ese grado "con las restricciones y segun las disposiciones reglamentarias que estableciere el Congreso;" si el Congreso no hubiera dado un reglamento para normar los procedimientos que debieran seguirse en la apelacion, la Corte no podria usar de su jurisdiccion, así como no podia separarse de él una vez expedido. De conformidad con este principio, en el caso de "Clarke v. Bazadone" (1Cranch, 212) la misma Corte declaró que no podia entablarse ante ella elwrit of errorcontra la decision de un tribunal de la Federacion del territorio del Noroeste de Ohio, porque la ley del Congreso no habia concedido el recurso de la apelacion, ni elwrit of errorcontra las decisiones de semejante tribunal. Se habia alegado que el poder judicial comprende todos los casos que dimanan de la Constitucion, y que cuando la Suprema Corte no tenia jurisdiccion para conocer originariamente, debia tenerla para la apelacion, con las excepciones y bajo los reglamentos que estableciera el Congreso: que la facultad de conocer en apelacion se deriva de laConstitucion, y cuando el Congreso no la hubiera reglamentado y restringido, debia ser ámplia y completa en todos los casos sujetos al poder judicial de la Union. Pero á pesar de esto, la Corte siguió normando sus procedimientos por la doctrina que habia establecido, de que si bien es cierto que la Constitucion le confiere jurisdiccion para conocer en apelacion, ésta está limitada por las leyes que arreglan la administracion de justicia, las cuales deben ser consideradas como otras tantas restricciones á dicha jurisdiccion, y una negativa de su ejercicio en todos los casos, ménos en aquellos en que las mismas leyes la conceden terminantemente y la reglamentan. Este fué el mismo principio que se declaró explícitamente en el caso "The United States versus More" (3Cranch, 159) y en el de "Durouseau v. the United States" (6Cranch, 307). En el primero, la regla de interpretacion se hizo extensiva á declarar que no cabia el recurso de apelacion ó de error para ante la Suprema Corte contra la decision dada por el tribunal de circuito del distrito de Colombia en una causa criminal, porque, segun los términos del estatuto, la jurisdiccion para conocer en apelacion solo tiene lugar en los casos civiles. Despues en el caso "Ex parte Kearney," (7Wheaton, 38) se declaró generalmente que en los negocios criminales, las leyes de la Federacion no habian concedido á la Suprema Corte jurisdiccion para conocer en apelacion de las decisiones de los tribunales de circuito.[101]Tampoco tiene jurisdiccion para conocer en apelacion de los fallos de los tribunales de circuito en los casos que se les someten por elwrit of error, procedentes de un tribunal de distrito; pero puede conocer en súplica de los juicios y fallos de los tribunales de circuito en los negocios en que éstos hubieren conocidoen apelacionde las sentencias de los tribunales de distrito.
La Constitucion dice que el poder judicial se extenderá á todos los casos que dimanen de la Constitucion, las leyes y los tratados de los Estados Unidos, y se ha cuestionado qué significa la expresioncaso que dimana de un tratado. En el de "Owings v. Norwood" (5Cranch, 344) se trataba de un lanzamiento entre dos ciudadanos de Maryland por unos terrenos ubicados en este Estado; y el demandado presentó un título válido conferido á un súbdito británico, alegando que lo protegia el tratado celebrado con la Gran Bretaña en 1794. El tribunal de apelaciones resolvió contra el título presentado, y la Suprema Corte de los Estados Unidos decidió que el caso no estaba comprendido en su jurisdiccion da apelacion, pues que no dimanaba del tratado, que no habia sido materia de la controversia, ni directa ni incidentalmente. Ni el título ni el derecho á reclamar que se disputaba, nacian del tratado; y la cuestion de si esta circunstancia era ó no un impedimento para que recobrara el actor, debia ser resuelta exclusivamente por el tribunal del Estado.[102]
En cuanto al recurso de apelacion y alwrit of error, el "Judiciary Act" de 1789 exije que el error aparezca de autos, y que se relacione directamente con alguna cuestion relativa á la inteligencia de la Constitucion, los tratados ó los estatutos, ó á la legitimidad de las autoridades de la Union. Segun esta ley, no es necesario que en los autos se haga constar en términos la mala interpretacion que se dió á la autoridad de la Union,ni que fué reducida á cuestion en el litigio; pero si es necesario que se señale alguna ley del Congreso, aplicable al caso, para que proceda la jurisdiccion de apelacion de la Corte. Bastará que aparezca que el caso envuelve alguna cuestion de derecho que depende de la jurisdiccion de apelacion de la Corte, segun la seccion 25 del "Judiciary Act;" y que la sentencia del tribunal del Estado debió haberlo tocado virtualmente.[103]Pero sobre este punto la Corte ha sido tan explícita, que en el caso de "Miller v. Nicholls" (Wheaton, 4, p. 311) á pesar de que habia la creencia de que se habia infringido la ley del Congreso que da prelacion á los Estados Unidos en el cobro de sus créditos en casos de insolvencia, como este hecho no aparecia de autos, la Corte resolvió que no podia conocer. En el ejercicio de la jurisdiccion de apelacion, la Suprema Corte solo puede conocer de las cuestiones que nazcan dehechos que constan de autos; y en todos los casos en que la jurisdiccion se constituye por razon de la parte, debe entenderse que lo es la que se menciona en los mismos autos. (Governor of Georgia v. Madrazo, 1PetersU. S. 110,Hickie v. Starkieibid98.Fisher v. Cakerell5ib.248.)
La Corte puede tener jurisdiccion para conocer de un negocio en apelacion aunque un Estado sea parte interesada en él, y en el mismo grado puede conocer de las decisiones dadas por los tribunales de los Estados en casos que resulten de la soberanía de la Union. En el caso de "Cohens v. Virginia" (Wheaton6. p. 264) se volvió á discutir muy extensamente sobre lajurisdiccion que tienen los tribunales federales para conocer en apelacion de los negocios fallados por los tribunales de los Estados, y se defendió con razones muy sólidas y con muchos precedentes que la Suprema Corte sí la tiene segun la Constitucion. La cuestion versaba sobre la validez de una ley del Congreso que estableció una lotería en el distrito de Colombia, y el demandado fué criminalmente perseguido ante los tribunales de Virginia porque vendia billetes de dicha lotería en el Estado, infringiendo una ley de su legislatura. Fué condenado por el tribunal de última instancia del Estado, á que estaba sujeta su causa, á pesar de que reclamaba la proteccion de la ley del Congreso. La causa se llevó ante la Suprema Corte por elwrit of error, con el fundamento de que envolvia la cuestion de si tenia validez el fallo del Tribunal siendo contraria la ley de Virginia á otra de la Federacion, y de que habia sido favorable á la del Estado. Uno de los puntos principales del caso, era el de si la Suprema Corte tenia jurisdiccion para conocer de él.
La Corte resolvió que el carácter de las partes, una de las cuales era un Estado, y la otra un ciudadano del mismo, no excluia su jurisdiccion para conocer en apelacion. Se concedió jurisdiccion á los tribunales federales en dos clases de negocios. En la primera, su jurisdiccion depende de la naturaleza de la causa, sean quienes fueren las partes interesadas; y en la segunda, depende enteramente del carácter de las partes interesadas, sin que nada importe la materia de la controversia. El gobierno general aunque limitado en cuanto á sus objetos, en ellos es supremo, como lo es tambien en todos los casos en que tiene facultad para obrar. Los tribunales federales tienen jurisdiccion para conocer de los casos que dimanan de la Constitucion y leyes de la Federacion, sean quienes fueren las partes interesadas en ellos. En muchos, la soberanía de los Estados queda restringida, ó desaparece del todo, cuando el Congreso no tiene mas facultades que la tácita de mantener los principios establecidos en la Constitucion. Uno de los instrumentos por medio de los cuales podia darse cumplimiento á ese deber de una manera pacífica, era el poder judicial. Se autorizó á este departamento para que decidieratodos los casossea cual fuese su naturaleza, que dimanaran de la Constitucion,las leyes y los tratados de la Union; y en esta concesion general de jurisdiccion, no se exceptuaban aquellos casos en que un Estado pudiera ser parte interesada. Además, es un axioma en política, que en todo gobierno bien constituido, el poder judicial debe ser coextensivo al poder legislativo, y capaz de resolver todas las cuestiones que nazcan de la Constitucion y las leyes. Resultarian fatales consecuencias de que los tribunales de la Federacion no fueran competentes para conocer en apelacion de los fallos de los tribunales de los Estados, porque un Estado fuera parte interesada en el negocio, pues que eso postraria al gobierno y á las leyes de la Union á los piés de cada Estado. El gobierno no podria hacer uso de sus facultades por sus propios medios en ningun Estado, cuando éste estuviera dispuesto á resistir su ejecucion, valiéndose de sus leyes. Si los tribunales federales no pudieran corregir los fallos de los tribunales de los Estados cuando éstos imponian penas prescritas por las leyes de los mismos Estados, á los individuos que hacian cumplir las de la Union, cada miembro de ésta tendria unvetocontra la voluntad de toda la Federacion. Ningun gobierno debe ser tan defectuoso en su organizacion, que no contenga en sí mismo los medios de asegurar la ejecucion de sus propias leyes. Si cada Estado tuviera libertad para interpretar á su modo las facultades constitucionales del Congreso, legislar de conformidad con su propia opinion, haciendo cumplir esa legislacion por medio de la imposicion de penas, y resistir ó derogar por medio de una ley las disposiciones ó medidas legítimas de la Federacion, quedaria destruida la Constitucion, ó vendria á ser tan ineficaz como lo fué la antigua confederacion. Para evitar estos males, la Constitucion, sábiamente y de una manera muy clara, dió al poder judicial la facultad de interpretar la Constitucion y las leyes en cada caso, manteniéndolas ilesas de toda violacion, cualquiera que sea la parte de donde esta pudiera venir, hasta donde pueden hacerlo las decisiones judiciales.
En el caso de que nos venimos ocupando, la jurisdiccion dependia de la naturaleza del negocio, puesto que resultaba de una ley de la Union. No era un caso ordinario de una controversia entre un Estado y uno de sus ciudadanos, porque entonces la jurisdiccion habria dependido del carácter de las partes interesadas. La Corte declaró que era competente para conocer del caso en apelacion, á pesar de que una de las partes interesadas era un Estado; pues que afectaba la validez de una ley del Congreso, declarada sin efecto por la decision del tribunal del Estado; y que por punto general, tenia jurisdiccion para conocer en apelacion de todos los casos que dimanan de la Constitucion, las leyes y los tratados de la Union, sin que fuera un impedimento la circunstancia de ser parte un Estado.
La Corte observó que la enmienda constitucional que declara que el poder judicial no debe interpretarse de manera que comprenda los litigios entablados ó seguidos en justicia ó equidad contra un Estado por individuos particulares, no era aplicable alwrit of error, que no es un litigio contra un Estado, segun la mente de la Constitucion; y la jurisdiccion de la Suprema Corte para conocer de los casos que dimanan de la Constitucion, las leyes y los tratados de la Union, puede proceder, interponiéndose este recurso contra las decisiones del tribunal de un Estado. En cuanto á los casos previstos en la Constitucion y á las facultades que ella concede, los Estados Unidos forman una nacion y un pueblo, y el poder judicial debe ser competente no solo para decidir sobre la validez de la Constitucion y leyes de un Estado, si pugnaren con la Constitucion y leyes generales, sino tambien para revisar el fallo del tribunal del mismo Estado, que manda hacer cumplir aquellas leyes inconstitucionales. Los tribunales federales, ó deben ejercer una jurisdiccion privativa sobre todos los negocios que afectan á la Constitucion, las leyes y los tratados de la Union, ó tener facultad para revisar los fallos que en ellos dieren los tribunales de los Estados. Si éstos, que son tan diversos, tuvieran jurisdiccion final sobre unos mismos casos, provenientes de unas mismas leyes, el gobierno seria una hidra de la que no podria resultar mas que contradiccion y complicacion. No puede haber una proposicion mas clara que la de que la Suprema Corte de la nacion debe tener facultad para revisar las decisiones de los tribunales locales en cuestiones que afectan á la nacion, pues de lo contrario quedarian frustrados los objetos mas importantes del gobierno, y ya no seriamos una nacion para ningun objeto práctico. La doctrina iria hasta destruir los grandesprincipios fundamentales en que descansa todo el edificio de la Union.[104]
Hemos concluido el exámen de los puntos mas importantes que se han presentado en la jurisprudencia de los Estados Unidos sobre la jurisdiccion de la Suprema Corte, tanto para conocer originalmente, como en apelacion. En todas las cuestiones en que se ha tratado de las facultades que tiene, sea por la Constitucion, ó por la seccion 25 del "Judiciary Act" de 1789, la misma Suprema Corte las ha sostenido con entereza á la vez que discrecion.
RESUMEN. Párrafo I. Los tribunales federales no están investidos con la jurisdiccion criminal del derecho comun.—II. De la jurisdiccion civil del derecho comun.—III De la jurisdiccion que tienen los tribunales federales para conocer de los negocios en que es parte interesada un extranjero.—IV. De su jurisdiccion en los litigios seguidos entre ciudadanos de distintos Estados.—V. De su jurisdiccion en un litigio que afecta á un Estado, sin que éste aparezca como parte en autos.
Ha sido muy controvertido el punto de si los tribunales federales tienen jurisdiccion del derecho comun, y en caso de tenerla, hasta qué punto pueden ejercerla.
En el caso "The United States v. Worrall" (2Dallas384) seguido ante el tribunal de circuito en Philadelphia, se tratabade un reo acusado y convicto de conato de sobornar al recaudador de rentas interiores. Se entabló el artículo de declinatoria, alegándose que toda la jurisdiccion de los tribunales federales se derivaba de la misma carta federal, ó de las leyes que el Congreso expidiera para hacerla cumplir, y que el delito de que se trataba no infringia ninguna disposicion constitucional, ni legislativa. El Congreso, se decia, puede expedir todas las leyes que estime necesarias para el cumplimiento de las prevenciones de la Constitucion, y una vez dadas, los tribunales de circuito tendrán expedita su jurisdiccion para proceder en caso de que se infrinjan, supuesto que son los únicos competentes para conocer de los delitos contra la Union. Verdad es que el Congreso ya habia dictado una ley para castigar varios delitos, incluso el de soborno de los jueces, administradores de las aduanas ó de las contribuciones indirectas (excise); pero esa ley nada habia dicho respecto al soborno del recaudador de las interiores, y por lo mismo no habia criado ó declarado el delito. Se presentaba por lo tanto netamente esta cuestion: ¿Cuáles son los delitos que dimanan de la Constitucion y leyes de la Union de que pueden conocer las autoridades de ésta? Por casos que dimanan de una ley debemos entender aquellos que dependen de su inteligencia, en cuanto á hacer alguna cosa que ella prohibe ó prescribe; y si para que los tribunales federales pudieran conocer de un delito ó de una accion civil bastara simplemente que el acto implicara ó afectara á un empleado federal, se estableceria una fuente de jurisdiccion que destruiria todas las barreras que existen entre las autoridades judiciales de los Estados y el gobierno general. Es verdad que el conato de sobornar á un empleado público constituye un delito en el derecho comun: pero la Constitucion federal no hace ninguna referencia á la autoridad de ese derecho. Cada una de las facultades que confiere fué materia de una concesion definida y aun así no pueden tener efecto hasta que se hayan puesto en ejercicio por medio de las leyes. El Congreso tiene la facultad de dar una ley declarando criminal el acto de querer sobornar al recaudador; pero no lo habia hecho hasta entonces, y no era un delito conocido en el código legislativo ni constitucional de la federacion.
En contestacion á este argumento, se dijo que sí estabacomprendido el delito en la letra de la Constitucion, supuesto que dimanaba de una ley federal, y era una tentativa de obstruir ó impedir el cumplimiento de las leyes de la federacion por medio del soborno. Que si el recaudador hubiera aceptado la cantidad que se le habia ofrecido para sobornarlo, los tribunales federales habrian tenido jurisdiccion para procesarle; luego, segun los principios de analogía, deben tenerla tambien para conocer del delito que cometió la persona que lo intentaba. Cuando se formó causa á Henfield por haber servido en un crucero francés contra los holandeses, se ejerció una facultad del derecho comun aplicada á una ofensa contra el derecho internacional y á la violacion de un tratado, que no contenia ningun castigo determinado para el caso.
Las opiniones de los dos magistrados que formaban el tribunal fueron discordantes. El magistrado del circuito fué de parecer que el tribunal no era competente para conocer de una causa seguida á virtud del derecho comun. Admitia que el Congreso tenia facultades para definir y castigar el delito de soborno; pero como el hecho que motivaba la causa no habia sido declarado criminoso por ley, los tribunales federales no podian abrir un proceso criminal para conocer de él. Los Estados Unidos en su carácter de nacion no tienen el derecho comun; sus tribunales carecen de la jurisdiccion criminal que dimana de ese derecho, y el Congreso nada habia dispuesto con respecto al delito de que se trataba. Segun su opinion, mientras que el Congreso no definiera el delito y señalara el castigo, el tribunal carecia de jurisdiccion para conocer de él.
El juez de distrito, por el contrario, sostenia que la Union constitucionalmente tiene la jurisdiccion del derecho comun para castigar los delitos, y que puede ejercerla, ó por medio del Congreso mediante la expedicion de una ley, ó por medio de sus tribunales mediante una averiguacion criminal. El delito de que se trataba atacaba el bienestar de la federacion, y por su misma naturaleza estaba sujeto á la jurisdiccion de ésta.
Este caso no resolvió por lo mismo tan difícil y complicada cuestion del derecho constitucional, por haber disentido los magistrados en sus votos; pero éstos contienen algunos de los principales argumentos en pro y en contra.
En el caso "The United States v. Burr," que tuvo su primera instancia en el tribunal de circuito de Virginia, en 1807, el Presidente de la Suprema Corte de los Estados Unidos declaró que las leyes particulares de los Estados no podian ser consideradas como reglas de decision en las causas seguidas por delitos contra la federacion, porque nadie podia ser condenado ni encausado en los tribunales federales en virtud de las leyes de un Estado. La expresioncausas en derecho comun(trials at common law) de que usa la seccion 34.ª delJudiciary Actno es aplicable á las averiguaciones criminales. Se refiere á los litigios civiles en contraposicion á los criminales, y á los que se siguen segun el derecho comun en contraposicion á los que se entablan ante los tribunales federales cuando proceden como tribunales de equidad ó de almirantazgo. Reconoce sin embargo, que cuando elJudiciary Acten su seccion 14.ª faculta á los tribunales para conceder recursos, que aunque no estén expresamente determinados por ley, sean conformes á "los principios y prácticas del derecho," con esta expresion quiso designar, aquel derecho generalmente admitido y establecido desde hace mucho tiempo, que constituye los cimientos (substratum) de las leyes de todos los Estados.[105]
Esta importante cuestion de nuestra jurisprudencia constitucional se presentó ante la Suprema Corte de los Estados Unidos por la primera vez en el caso "The United States v. Hudson and Godwin," (7Cranch, 32) en que se trataba de si los tribunales de circuito tenian jurisdiccion del derecho comun para conocer del delito de difamacion. Los reos habian sido acusados criminalmente ante el tribunal de circuito en Connecticut por haber difamado al Presidente de los Estados Unidos, y se dividieron los votos del tribunal en el punto de jurisdiccion. La mayoría de los magistrados de la Corte decidió, que los tribunales de circuito no podian ejercer la jurisdiccion criminal en casos del derecho comun.[106]De todos los tribunales que la nacion pudo crear en uso de sus facultades soberanas, la Suprema Corte era el único que derivaba su jurisdiccioninmediatamente de la Constitucion. Los demás que fueron creados por el gobierno federal no tenian mas jurisdiccion que la que les habia conferido el poder que los creó, que no podia ser distinta de la que autorizaba la facultad que al efecto se concedió á dicho gobierno; y la que en el caso se pretendia tener no habia sido concedida por ninguna disposicion legislativa. Cuando se instituye un tribunal, limitando sus procedimientos á ciertos objetos determinados, nunca podrá traslimitar la jurisdiccion que se le concedió. Verdad es que los tribunales de justicia, por la misma naturaleza de su institucion, tienen ciertas facultades implícitas; pero no está entre ellas la de conocer de los delitos contra el Estado. La facultad de imponer multas por faltas de respeto á su autoridad, la de reducir á prision por contumacia, y la de emplear la fuerza para hacer cumplir sus disposiciones, son necesarias para el ejercicio de todas sus demás facultades, y las tienen los tribunales sin necesidad de una ley expresa. Mas no está en sus atribuciones implícitas la de ejercer la jurisdiccion criminal en los casos del derecho comun, y para que la tuvieran los tribunales federales, seria necesario que el Congreso calificara el acto de delito, le señalara un castigo, y declarara qué tribunal debia conocer de él.
Despues se volvió á suscitar la cuestion en el tribunal de circuito de la federacion de Massachusetts, en el caso "The United States v. Coolidge" (1Gallison488). A pesar de la decision dada en el caso anterior, el tribunal de Massachusetts creyó que por su importancia la cuestion merecia ser examinada y debatida de nuevo, particularmente porque habia sido resuelta en la Suprema Corte sin que las partes hubieran alegado, y solo por una mayoría de votos. En el presente caso el reo habia sido acusado criminalmente por el delito, cometido en alta mar, de haber rescatado por medio de la fuerza una presa hecha por un crucero americano, y se trataba simplemente de si los tribunales de circuito eran competentes para conocer de delitos contra la federacion, que no hubieran sido definidos, ni tuvieran penas señaladas por leyes expresas. El magistrado dela Corte que presidia dicho tribunal no creyó necesario examinar la cuestion general de si los Estados Unidos, en su carácter de nacion soberana, habian adoptado enteramente el derecho comun. Reconoció que los tribunales federales tenian una jurisdiccion limitada, y que no podian ejercer otras facultades que las que les daban la Constitucion y las leyes que de ella dimanaren. Pero sostuvo que una vez conferida legítimamente una facultad, su naturaleza y extension y el modo de ejercerla debian regularse por los principios de aquel derecho, añadiendo que con esta distincion se desvaneceria todo lo difícil y oscuro de la materia.
Es inconcluso que al sancionarse la Constitucion y leyes de los Estados Unidos se tuvo como existente el derecho comun, prescindiendo de si era el mismo que tenia la Inglaterra en su sentido mas lato; esto es, comprendiendo la equidad, el almirantazgo y las doctrinas legales. En muchos casos no podria explicarse el lenguaje de la Constitucion y de las leyes sin hacerse referencia al derecho comun, y la primera no solo supone su existencia, sino que á él apela para la inteligencia é interpretacion de las facultades que otorga.
El Congreso pudo investir á los tribunales de circuito con jurisdiccion para conocer de los delitos contra la Union, y de facto se la concedió privativamente sobre la mayor parte de aquellos de que puede conocer la soberanía nacional. Refiriéndose á los tribunales de circuito, elJudiciary Actde 1789 en su seccion 11.ª dice; "Tendrán jurisdiccion privativa sobre todos los crímenes y delitos de que puede conocer la soberanía de los Estados Unidos, menos cuando otra cosa dispongan esta ley ó las demás leyes de la Union." Esto quiere decir, todos los crímenes y delitos de que puede conocer el poder judicial de la Union, segun la carta federal: no era posible, conferir jurisdiccion en términos mas ámplios y absolutos. Para conocer cuáles son los crímenes, y delitos contra la Union es necesario ocurrir á los principios del derecho comun, relacionándolos con la Constitucion.[107]Así por ejemplo: el Congreso ha decretado penas para castigar el asesinato, el homicidio y el perjurio, cuando estos delitos estuvieren acompañados de ciertas circunstancias; pero no los definió, y es necesario explicarlos por el derecho comun exclusivamente, pues de otra manera, el ejercicio del poder judicial de la Union quedaria sujeto á su propia discrecion arbitraria. En una multitud de casos dimanados de las leyes federales, no podria darse cumplimiento á las disposiciones de la legislatura sin adoptar el derecho comun. En los negocios de equidad, en los de almirantazgo y marina, y en otros muchísimos, la interpretacion y el ejercicio de la jurisdiccion de que están investidos los tribunales federales, á falta de una ley expresa, deben regirse exclusivamente por el derecho comun.
Son muchos los delitos de que puede conocer la Union, tales como los que atacan su soberanía, las garantías individuales, la justicia y la tranquilidad públicas, los reglamentos de policia etc., y al ejercer su jurisdiccion sobre ellos, debe aplicar los principios del derecho comun, á falta de leyes reglamentarias. La traicion y las conspiraciones para cometerla, el sustraer documentos de los archivos públicos, el soborno, la resistencia á la autoridad judicial, el amotinamiento y demás delitos perpetrados en alta mar, los fraudes cometidos en violacion de las leyes que arreglan el comercio y el poner impedimentos á su ejecucion, el robo y la sustraccion de la correspondencia pública que camina en correos de los Estados Unidos, son delitos por el derecho comun, y cuando se dirigen contra los Estados Unidos, son delitos contra la Union, de que pueden conocer los tribunales de circuito, juzgándolos y castigándolos segun los principios de ese derecho. Deberán castigarse con multas y prisiones, supuesto que es un principio establecido que los delitos que no tengan pena determinada por estatuto, deben ser castigados de esa manera. Se debe recurrir por lo mismo al derecho comun, no solo como regla de decision en las causas criminales que se siguen en los tribunales de la Union, sino tambien en el juicio ó castigo, y dicho magistrado usaba la expresionderecho comun, en su sentido mas lato, comprendido todo el sistema de la jurisprudencia inglesa.