[121]Segun la mente de la Constitucion, la palabraEstadosolo es aplicable á los miembros de la confederacion americana, pero no á losterritoriosde la federacion. «Seton v. Hanham,» R. M.CharltonGeorgia 374; «Hepburn v. Ellzey,» 2Cranch, 445; «Corporation of New Orst anev. Winter,» 1Wheaton91.[122]Por lo mismo el nombramiento de cónsul hecho en favor de una persona, no pone fin á la jurisdiccion del tribunal de un Estado.Koppel v. Heinrichs, 1Barb[N York] 449.[123]En el caso de «Mc Nutt v. Bland,» 2HowardU.S. 9, se resolvió que un ciudadano de Mississippi podia ser demandado ante el tribunal de circuito federal por un ciudadano de otro Estado, aunque éste instituyera su demanda en nombre de un administrador de bienes ajenos ciudadano tambien de Mississippi,con tal de que aquel fuera parte interesada en el litigio. El magistrado Daniel disintió, sosteniendo con fundamento de otras decisiones anteriores, que la jurisdiccion dependia, no de la condicion de las partes interesadas en el litigio, sino del carácter de las personas que aparecian como partes en los autos.[124]9Wheaton, 904; «Bank of Kentucky v. Wister,» 2PetersU. S. 318, S. P. En este caso se resolvió que un banco podia ser demandado aun en el evento de que todo su capital y administracion fueran del Estado que lo incorporó.[125]En el caso de "Alexander v. The Duke of Wellington" [Russ and Myene35] Lord Brougham dijo que las presas militares descansaban en los mismos principios de derecho que las marítimas, á pesar de que no hay ningun estatuto sobre el particular.[126]Le Caux v. Eden,Doug594The Amiable Nancy1Paine Circuit Court111,Chamberlain v. Chandler3Mason, 243, 244. En las capturas hechasjure belli, basta que ellas se funden en una causaprobabley lo mismo sucede en lo general respecto á los actos comprendidos bajo la expresion "marine torts" y al ejercicio de los derechos de beligerante, cuando se hubieren observado las restricciones establecidas por disposiciones legales.The Palmyra12,Weaton1.[127]En algunas opiniones sometidas oficialmente al Ejecutivo en los años de 1812 y 1814, se consideraba como indisputable que el conocimiento y castigo de los delitos graves perpetradosdentro de los límites jurisdiccionales de los Estados Unidos, á bordo de los buques de guerra de la nacion, no tocaba á las cortes marciales de marina, sino á los tribunales de la justicia ordinaria. (Opinions of the Attorneys-General,Washington, 1841, vol. 1. ps. 114-120.) Pero la ley que expidió el Congreso el 23 de Abril de 1800, c. 33, «para mejorar el gobierno de la marina de los Estados Unidos,» en su artículo 21, dispuso que el delito de homicidio cometido por algun oficial, marinero ó marino al servicio de algun buque ó navío público de los Estados Unidos,fuerade la jurisdiccion territorial de los mismos, podria ser juzgado por una Corte marcial, y castigado con la pena de muerte.[128]«United States v. Grush,» (5Mason, 290.) En los casos «The United States v. Davis and Hanlon,» resuelto por el tribunal de circuito federal del distrito de New York, y «The United States v. Jackson,» (2,New York Legal Observer, 3, 35) se declaró, que por la ley de Abril de 1790, los tribunales federales no tenian jurisdiccion para conocer de un robo cometido á bordo de un buque americano anclado en el puerto de Savannah, del Estado de Georgia, como tampoco la tendrian para conocer de ese delito, si hubiera sido cometido en la jurisdiccion local de una potencia extranjera. Pero sí serian competentes para conocer de él cuando se hubiera cometido en alta mar. Las leyes de 30 de Abril de 1790, [c. 9] y 3 de Marzo de 1825 [c. 67] no son bastante claras en la materia de la jurisdiccion criminal del almirantazgo sobre los delitos cometidos en alta mar. Las secciones 8.ª, 9.ª, 10.ª, 11.ª y 12.ª de la ley de 1790 contienen disposiciones para castigar el homicidio, el robo y otros delitos cometidos en alta mar, "por cualesquiera persona ó personas," sin limitarlas específicamente á ciudadanos ni á buques americanos; y á pesar de esto, ya se han pronunciado sentencias fundadas en aquella ley declarando que el delito de robo cometido por un extranjero en alta mar, á bordo de un buque de la propiedad exclusiva de súbditos extranjeros, no era delito de piratería segun la mente de la ley, ni podian castigarlo los tribunales de los Estados Unidos. «United States v. Palmer,» 3Wheaton, 610. La ley contiene prevenciones para castigar las heridas que causen mutilacion, pero solo en los casos en que hubieran sido inferidas en buques americanos, sean públicos ó privados. En virtud de la seccion 9.ª de la ley de 3 de Marzo de 1825, expedida para «el castigo mas eficaz de ciertos crímenes» etc. cualquier delito, como por ejemplo, el robo de efectos de un buque náufrago,sea que se hubiere cometido durante la pleamar ó la bajamar, está sujeto á la jurisdiccion de los tribunales federales. «United States v. Coombs,» 12PetersU. S. 27. Las secciones 4.ª, 7.ª y 8.ª de la misma ley contienen acerca del homicidio, rapto y otros delitos que mencionan disposiciones generales, aplicables, segun sus propias palabras «á cualesquiera persona ó personas,» sin definir el carácter del buque en que pueda cometerse. Pero la seccion 6.ª que se refiere al robo en alta mar, restringe la jurisdiccion al caso en que se hubiere cometido á bordo de buques-americanos, y lo mismo hace la 22.ª que se refiere á los asaltos con intencion de cometer algun delito grave, mientras que la 23.ª que declara ser delito grave conspirar en alta mar para destruir un buque con intencion de perjudicar á los aseguradores, se expresa en términos generales, y es aplicable á toda clase de personas.En vista de las diversas decisiones judiciales que interpretan los párrafos de la ley que hemos citado, no es fácil comprender cuál haya sido la mente que tuvo el legislador al expresarse unas veces en lenguaje general y otras usando de términos que restringen el sentido. Pero sí podemos afirmar acertivamente que siempre que los delitos cometidos en alta mar tengan la gravedad de piratería segun el derecho internacional, serán competentes los tribunales de circuito de la federacion para conocer de ellos, sean quienes fueren los delincuentes ó el lugar en que se hubiere cometido. Mas si se tratare de delitos que no tienen esa gravedad, lo serán solo cuando los delincuentes ó los buques en que aquellos se cometieren, tuvieran la nacionalidad americana. Si un ciudadano americano cometiere un delito en alta mar á bordo de un buque extranjero, la jurisdiccion personal sobre el ciudadano, si es que existe, será concurrente con la del gobierno extranjero cuya nacionalidad tenga el buque. En virtud de la seccion 8.ª de la ley de 30 de Abril de 1790 los tribunales federales son competentes para conocer de los delitos cometidos por ciudadanos americanos á bordo de buques extranjeros, por extranjeros á bordo de buques americanos, ó por ciudadanos americanos ó extranjeros á bordo de buques piratas. «United States v. Holmes,» 5Wheaton, 412. La ley de 1825 amplió la jurisdiccion de los tribunales federales, declarándolos competentes para conocer de los delitos cometidos á bordo de buques americanos y por sus tripulantes, en cualesquiera lugares, ó aguas sujetas á las mareas. La de 1835 la extendió no solo á los delitos cometidos en alta mar, sino en cualesquiera aguas que se encuentren dentro de la jurisdiccion marítima de los Estados Unidos. «United States v. Lynch,» (2 N. Y. Legal Observer, 51) «United States v. Roberts,»ib.99.[129]"United States v. Hudson and Godwin," 7Cranch32. "United States v. Coolidge," 1Wheaton415. "United States v. Bevans," 3di.336. "United States v. Wiltberger," 5id.76. La jurisdiccion de la Suprema Corte está definida por la constitucion; pero no sucede lo mismo respecto á los tribunales inferiores. Estos no tienen mas facultades que las que les conceden las leyes, y á ellas tienen que sujetarse "Smith v. Jackson," 1Paine c. c.453.[130]3Wheaton, 546. Es un principio bien establecido en el derecho marítimo, que los navieros son responsables ante el almirantazgo por las faltas que cometieren sus capitanes en actos del servicio del buque, propios del cargo que ejercen. «The State Rights,»Crabbe, 22. «The Rebeca,»Ware Adm.187.Abbott on Shipping,p.398, 399. «Sherwood v. Hall,» 3Sumner, 131. En el caso de «Chamberlain v. Chandler» (3Mason, 242) se declaró que el almirantazgo podia conocer de los agravios y perjuicios inferidos á un pasajero en alta mar por el capitan de un buque, empleando para ello la fuerza, directa ó indirectamente; y en el de «Plumer v. Webb,» (4Mason380) que un padre ó maestro de oficio podia entablar una demanda ante el almirantazgo por los salarios ganados por los menores ó aprendices en servicio de la marina, ó por agravios que se les infirieran en alta mar, como, por ejemplo, el haber sido llevados en el buque sin el conocimiento de aquellos,per quod servitium amisit. Si el agravio se cometió en un puerto y continuó en el mar, ó si se cometió un ataque á la propiedad en el mar y continuó en tierra, habrá un delito marítimo sujeto á la jurisdiccion del almirantazgo. Los tribunales de almirantazgo pueden conceder indemnizacion por perjuicios indirectos (consequential damages); caso delBetsey Caines, 2Hagg Almiralty28. Los tribunales del derecho comun conocen concurrentemente con el tribunal de la instancia del almirantazgo de los delitos marítimos (marine trespasses) independientemente de la cuestion de presas, «Percival v. Hickley,» 18Johns, 257. «Wilson v. Mackenzie,» 7Hill(New York) 95. El almirantazgo puede conocer de una demanda por perjuicios provenientes de la falta de cumplimiento de un contrato marítimo, aunque el buque no hubiere salido al viaje.Abbott on Shipping,part.4,c.4sec.4; véase el caso «The City of London, in the Almiralty,»Nov. 1839, y el tratado de Curtis «On Seamen» p. 300, 356. Mas si se tratare de una falta ó delito cometido por el capitan contra un individuo de la tripulacionen tierraóen un puerto extranjero, habria un caso propio de la jurisdiccion del derecho comun, pues el almirantazgo no atrae á su fuero los delitos cometidos en tierra. «Adams v. Haffards,» 20Picks127. El almirantazgo, dice el Sr. Magistrado Story, no pretende tener jurisdiccion sobre los delitos, si no es que tengan el carácter de marítimos, sea que hubieren sido cometidos en alta mar, ó en aguas sujetas á las mareas... Parece que la opinion del ilustre Magistrado difiere de la de los tribunales delCommon law, en el caso en que dichas aguas se encontrarendentro del ámbito de un condado, supuesto que entonces tiene jurisdiccion el almirantazgo.[131]1Blackstone's Com.112;Constables case, 5Co.106, 107,Barber v. Wharton, 2Lor Raym.1452; 2East P. C.803; 4Blacks. Com.268; «The King v. Forty nine casks of brandy,» 3Hagg Adm.257. Procede la jurisdiccion del almirantazgo en la playa, cuando estuviere cubierta de agua, y la del derecho comun, cuando queda seca. «The Pauline,» 2Rob. Adm.358.[132]King v. Soleguard,Andrew, 231: resolucion de los jueces dada en 1632, citada en 2.Bro. civil and Almiralty Law, 78;Stanton J. Fitz. Abr. corone.399, 8Edward II; 4Instit.140;Hawkins P. C.lib.2c.9sec.14; 2East. P. C.804; 5Wheaton, 106,nota:com. Dig. tít. Adm.2. 7. 14.United States v. Grush, 5Mason, 290.[133]Hale history P. C.vol.1p.13, 18, 54; 6Instit.113;Constable's case, 5Co.106a,Lord Hale Harg L. T.c.4p.10.; «United States v. Grush, 5Mason, 190». El 7 de Enero de 1840 el tribunal de Distrito de la Federacion en Connecticut, sostuvo en el caso de «Gedney v. Schooner La Amistad,» que el buque, hallándose en aguas sujetas á las mareas, á la vista de tierra, distante cinco millas de Montauk Point, diez y ocho de New London y media milla de la costa de Long Island, sin hallarse en ninguna bahía conocida, estaba enalta mary bajo la jurisdiccion del almirantazgo, pues alta mar significa el oceano, fuera de lasfauces terræ. «The Schooner Harriet,» 1Story Circuit courts259. En el caso «The Public Opinion» (2Hagg Adm.398) se declaró que el almirantazgo carecia de jurisdiccion sobre un caso que tuvo lugar en el Humber, á veinte millas del mar pero en aguas sujetas al flujo y reflujo, por razon de que dichas aguas estabaninfra corpus comitatus. Mas el tribunal federal de distrito de la parte setentrional de New York, en el caso de «Van Santvort v. The Boat John B. Cole,» declaró en 1846, que un contrato para la entrega de un cargamento de harina en New York, celebrado á bordo de un bote de canal, en Albany, en aguas navegables del Hudson, sujetas á las mareas, era contrato marítimo, por referirse á un negocio mercantil y de navegacion, y pertenecia á la jurisdiccion del almirantazgo. (The New York Legal Observer for October, 1846.)[133a][133a]Para que nazca la jurisdiccion de almirantazgo, no es necesario que todo el viaje se haga sobre aguas sujetas á las mareas. VéaseThe Robert Morris,Wallace,Jun.33.En el caso «Thomas v. Lane,» (2Sumner Rhode Island) tratándose de delitos marítimos (maritime torts) se declaró que el almirantazgo solo es competente para conocer de los que tenian este carácter, ó hubieran sido cometidos en alta mar, ó en aguas que tienen flujo y reflujo, recordando que los tribunales del derecho comun sostienen la suya, cuando dichas aguas se encontrarendentro de la demarcacion de un condado. Mas se dijo que esa restriccion evidentemente no tendria aplicacion en loscasos ocurridos en países extranjeros en aguas sujetas á las marcas, y que el almirantazgo tendria jurisdiccion para conocer de los delitos cometidos en dichas aguas, siendo necesario expresar esa circunstancia en el libelo de demanda, pues no basta que se sobreentienda. En el caso «The United States v. Davis,» [2Sumner, 482,] hubo dudas sobre si un parage en un arrecife de coral en Raiatea, una de las islas «Sociedad,» que quedaba cubierto con el agua durante la creciente y seco en la menguante, debia considerarse ó no como de alta mar para el efecto de conferir jurisdiccion criminal, pues un mismo lugar puede reputarse de alta mar durante la creciente, y ser estrictamente una parte de la tierra en la menguante, como sucede en las riberas del mar, segun las doctrinas que se sentaron en el «Constables case,» [5Co.106a.] En los casos «United States v. Ross» [1Gallison, 624] y «United States v. Pirates,» [5Wheaton, 184] se declaró terminantemente que un buque que se hallaba en un puerto abierto, dentro de una legua marítima de la costa,estaba en alta mar, segun la seccion 8.ª de la ley de 30 de Abril de 1790, y que por esta razon los tribunales federales tenian expedita su jurisdiccion. En esa ley el término «alta mar» comprende aquellas aguas de la costa que están fuera de los límites de la raya que marcan las aguas en tierra durante la bajamar. Pero á pesar de esta decision, en el caso «United States v. Robinson,» [4Mason, 307] se declaró que un delito cometido en una bahía enteramente cerrada de arrecifes, no habia sido perpetrado en alta mar. Son tan contradictorias las decisiones judiciales de dichos casos, que no es posible fijar conclusiones definitivas en esta materia.Parece que todos convienen en que el almirantazgo tiene jurisdiccion para concederindemnizacion de perjuicios por agraviosó daños personales cometidos en alta mar; que en Inglaterra las aguas sujetas á las mareas, que se encuentran en la demarcacion de un condado no están bajo la jurisdiccion del almirantazgo; (Coke's 4thInstit.134; 2Brown's Civil and Admiralty Law111;The Nicolás Witzen, 3Hagg. Adm.369); pero que sí lo están en los Estados Unidos, donde esa jurisdiccion puede conocer de los delitos cometidos en ellas. (Véase á Curtis,Treatise on Seamen, p. 262 y los que cita). Aun mas: el almirantazgo podrá conocer de los delitos de tracto sucesivo, comenzados en tierra y consumados en aguas que tienen mareas. «Plumer v. Webb» [4Mason, 383, 384];Steele v. Thatcher, [Ware Admiralty91]. Se admite, sin embargo, que en este país, tambien los tribunales del derecho comun tienen jurisdiccion para conocer de los contratos de los marineros y de los delitos cometidos en alta mar. Mas estos tribunales no son competentes para conceder un remedioin rem, y solo conceden remedios personales.En el caso «The Steamboat Black Hawk,» fallado en el tribunal del distrito setentrional de New York, [Conkling's Treatise, 2ded. p.350.note] se declaró que eran casos de la jurisdiccion del almirantazgo ciertos embargos hechos en el «San Lorenzo,» en lugares muy distantes de aguas sujetas á las mareas, como en Ogdensburgh y en algunos puntos del lago Ontario, por infraccion de las leyes de navegacion de los Estados Unidos. El instruido magistrado que sentenció, fundó su decision en la práctica constantemente aplicada y jamás contrariada de mas de cincuenta años; pero con mucha buena fé reconoció que podia disputarse la jurisdiccion de almirantazgo del tribunal, que debia sostenerse en vista del trascurso del tiempo que llevaba de ejercerse. En el caso de «Wyman v. Hurlburt,» [12Ohio, 81] el tribunal pasó sin resolver la cuestion de si las aguas no sujetas á las mareas en los grandes lagos, estaban bajo la jurisdiccion del almirantazgo. Pero en la actualidad y á virtud de la ley de 26 de Febrero de 1845, en todo lo que se refiera á contratos y delitos que tuvieren lugar á bordo de cualquiera clase de buques de 20 toneladas para arriba, con patentes para hacer el comercio de cabotage entre puertos pertenecientes á distintos Estados y territorios, sobre los lagos y las aguas navegables por las cuales se comunican, los tribunales de distrito tienen la misma jurisdiccion que la que ejercen sobre los casos ocurridos á bordo de los buques destinados á la navegacion y comercio en alta mar, ó en aguas sujetas á la jurisdiccion de almirantazgo y marina de los Estados Unidos. El derecho marítimo de los Estados Unidos constituirá la regla de decision de dichos casos hasta donde sea aplicable, en la misma manera y extension, y usándose de la misma equidad con que se aplica actualmente en los casos de jurisdiccion de almirantazgo, con la salvedad de la garantía del juicio por jurados y de los remedios del derecho comun, cuando fueren procedentes.[133b][133b]La jurisdiccion que tienen los tribunales de distrito en los casos de almirantazgo no se deriva de la ley de 1845, sino de la misma constitucion federal; ni se limita á las aguas que tienen crecientes y menguantes, sino que se extiende á los lagos y rios navegables en los cuales se hace el comercio entre dos ó mas Estados, ó entre los Estados y una nacion extranjera.The Bacchus, [1Newberry Admiralty1.]En el caso de laJenny Lind, [1Newberry Adm.443] el tribunal sostuvo que la jurisdiccion del almirantazgo estaba ya establecida de una manera indisputable en toda la longitud y anchura del rio Mississippi, y en todos los demás rios públicos, hasta donde sean navegables desde el oceano por buques de diez toneladas.En el de "Jackson v. Steamboat Magnolia," [20Howard vs.296] se confirmaron los principios en que se fundaba esa decision, y la Suprema Corte declaró que el tribunal federal del distrito del centro de Alabama, era competente para conocer de una colision de dos barcos ocurrida en el rio Alabama, dentro de la demarcacion de un condado, y fuera de aguas sujetas á las mareas á pesar de que dicho rio corre al través del Estado de su nombre, y no sirve de límite entre Estados colindantes. Los Sres. Magistrados Catron, Daniel y Campbell, disintieron de la mayoría de la Corte. El primero expuso que creia un deber de su parte hacer una protesta solemne contra la decision de la Corte y contra la doctrina que se alegaba en su apoyo "como una violacion de la carta fundamental, é insistió en union de Mr. Campbell, en que las pretensiones de la Corte eran inconstitucionales, diciendo ambos que á su juicio el fallo daba una extension incalculable á la jurisdiccion, mucho mayor que todos los demás que hasta entonces se habian pronunciado, y que debia crear necesariamente una revolucion en las facultades de almirantazgo que ejercen los tribunales de los Estados Unidos."[134]En el caso de que nos ocupamos, el Magistrado Story dijo que en los contratos marítimos se comprendian, entre otras cosas, las cartas partidas, fletamentos, las hipotecas marítimas, los contratos relativos á servicios marítimos, como los de construir, reparar, abastecer y navegar un buque, los celebrados entre sus condueños, los contratos y cuasi-contratos sobre averías, contribuciones y pólizas de seguros. Manifestó que estos últimos en algunos países extranjeros están sujetos á la jurisdiccion de los tribunales de almirantazgo, como contra-marítimos.[134a][134a]Este punto fué muy discutido en la Suprema Corte en el caso "New Jersey Steam Navigation Company v. Merchant's Bank" (6Howard U. S.344). La corte aprobó por mayoría de votos el fallo del tribunal de circuito en Rhode Island, procediendo en almirantazgo, en una demanda personal contra una compañía de vapores de rio, por pérdidas de numerario en uno de sus vapores, ocasionada por el fuego. El Sr. Magistrado Nelson, encargado de redactar la sentencia de la Corte, sostuvo que la Constitucion al conceder la facultad, no pudo haberse referido á la jurisdiccion del almirantazgo tal cual se ejercia en Inglaterra cuando aquella se formó; y que, aun suponiendo que así hubiera sido, la manera como se habia interpretado la Constitucion, tanto por el poder legislativo como por el judicial, le daba mucha mayor amplitud, fuera de que habia precedentes netamente aplicables al contrato en cuestion. En el caso de "Moorewood v. Enequist," (23Howard U. S.491) se volvió á decidir que los contratos de carta partida y fletamentos están sujetos á la jurisdiccion de almirantazgo que ejercen los tribunales federales. Allí se declaró que segun la mente de la constitucion y de la ley del Congreso, eran contratos marítimos sujetos como tales á los tribunales de almirantazgo de la Union, sea que se entablara el procedimientoreal ó personal. En el de "Waring v. Clarke," [5Howard U. S.441] se sentaron los mismos principios generales, sosteniéndose que el almirantazgo era competente para conocer de las colisiones ocurridas en los rios, en aguas que tenian flujo y reflujo, aun que se hallaraninfra corpus comitatus. La cláusula delJudiciary Actque deja á salvo á los litigantes en ciertos casos los remedios del derecho comun, tiene el sentido de que cuando concurran las dos jurisdicciones, la del derecho comun no se considera fenecido por virtud de la ley.No es competente la jurisdiccion del almirantazgo para conocer del caso en que los constructores de un buque solicitan que se declare que tienen hipoteca tácita sobre él, por el trabajo y los materiales empleados en la construccion, cuando no la establece el derecho local del Estado donde se construyó. "The People's Ferry Company v. Beers" [20Howard U. S.393]. En el caso de "Roach et al v. Chapman et al." [22Howard U. S.129] se negó á conocer la jurisdiccion federal, porque el buque no habia sido construido en aguas sujetas al flujo y reflujo, á pesar de que el derecho del Estado concedia la hipoteca tácita á los constructores. Tampoco es del conocimiento del almirantazgo un contrato de sociedad en virtud del cual una de las partes debia poner el capital y la otra su trabajo é industria para la construccion de un buque.En el caso de "Ward V. Thompson," [22Howard U. S.330] se trataba de un buque que de intento fué embarrancado para salvar la vida de los tripulantes, y su dueño presentó una demanda personal contra el consignatario del cargamento para que contribuyera por vía de avería general; mas se declaró que no tenian jurisdiccion los tribunales del almirantazgo de la Federacion para conocer de él. La tendrian solo en el caso de que hubiera una hipoteca tácitaabsolutasobre el buque y su cargamento, segun el derecho marítimo; pero en una avería general, la hipoteca tácita es calificada, pues depende de la posesion de los efectos, y cesa luego que éstos hayan sido entregados al consignatario. "Cutter V. Roe," 7How. U. S.729. Esta importante cuestion constitucional fué decidida bajo circunstancias peculiares, y por esta razon probablemente volverá á ser controvertida. El Sr. Magistrado Wayne dijo que si volviera á presentarse, él no la consideraria como resuelta en virtud de esa decision. En el caso "The United States v. The New Bedford Bridge," [1Wood and Minot, 401] el Sr. Magistrado Woodbury desplegó mucha erudicion en la materia de la jurisdiccion de almirantazgo, que dejó casi agotada. Su opinion ocupa mas de cien pájinas impresas.En virtud del contrato de fletamento, el almirantazgo puede conocer de una accion personal entablada por los dueños de un cargamento contra los dueños del buque, para recobrar las cantidades que por mala fé del capitan prestaron por salvarlo, "Church V. Shelton," [2Curtis Circuit Court, 27].[135]"The Sloop Mary," 1Paine Circuit Court, 673; "Wilmer v. The Smilax," 2Peters Admir.295,n."David &. Brooks v. Brig Seneca,"Gilp.10C. C. of Pennsylvania.[136]5Mason's Report, 465. No hay disputa á cerca de si los tribunales de almirantazgo tienen jurisdiccion sobre las cartas partidas y los contratos marítimos en general; la dificultad versa sobre los contratos prévios que dan lugar á aquellos, "Andrews v. Essex."F. and Insurance Company, 3Mason, 6. "The Schooner Tribune," 3Sumner, 144.[137]"Haly v. Goodson," 2Meriv.77;Lord Stowellen los casos de la "Aurora," 3Rob. Admir.133, 136;The Warrior, 2Dod. Admir.288;The Pitt, 1Hagg. Admir.240. 2Bro Civ. Admir. Law, 114, 115.[138]Journal of Congress, vol. I, p. 22, 29, 39.Journal of the Assembly of the Colony of New York, vol. II, p. 795, 797, 800. En Inglaterra como observa el Magistrado Conkling, el tribunal delExchequeres el único competente para conocer de los embargos trabados en virtud de las leyes de hacienda; y en los Estados Unidos, los negocios de esta clase sujetos á la jurisdiccion de los tribunales de distrito como tribunales de almirantazgo, solo lo están en virtud de disposiciones legislativas expresas. El efecto que produce la ley respecto á esos negocios es sustraerlos del conocimiento del jurado, sujetándolos á la sustanciacion del derecho civil (romano).Conkling's Treatise, 2d ed. p. 391.[139]Art. 3, sec. 2.ª de la Constitucion federal. Ley del Congreso de 24 de Setiembre de 1789, c. 20, sec. 9. El Sr. Magistrado Story (3Comm. const.V. L. p. 533 note) dice que la opinion que aquí emito «se funda en un error,» porque la mente de la Constitucion fué que en el sistema judicial de la Federacion, la jurisdiccion de almirantazgo y marina tuviera exactamente el mismo carácter de privativa y la misma extension que tuvo en la jurisprudencia del common law, y nada mas; y que aquellos casos mixtos de almirantazgo, sobre los que antiguamente los tribunales del derecho comun tenian jurisdiccion cumulativa, no habian cambiado de condicion. Si me equivoqué en este particular, creyendo que el poder judicial que debe conocer de «todos los casos de la jurisdiccion de almirantazgo y marina,» segun la Constitucion, tenia el carácter de privativo, fuí inducido á este error, guiado por la interpretacion que hizo la Suprema Corte de los Estados Unidos en la sentencia que dió en el caso de «Martin v. Hunter's Lessee,» 1Wheaton, 304. En ella la Corte consideró que las palabras «el poder judicialse extenderá» etc., eran preceptivas, y por lo mismo, que el Congreso solo podia investir con el poder judicial de la federacion á los tribunales que él mismo creara é instituyera: tenia un deber de conferirtodo el poder judicialá sus propios tribunales. El instruido magistrado que redactó la decision de la corte se fijó en la diferencia de lenguaje que usó la Carta fundamental cuando declaró que el poder judicialse extenderá á todos los casosque en derecho y equidad dimanen de la Constitucion: átodos los casosque afecten á los embajadores etc.; átodos los casosde la jurisdiccion de almirantazgo y marina; y luego añade (omitiendo intencionalmente la palabratodos) á las controversias en que la federacion sea parte interesada, á las que se susciten entre dos ó mas Estados, etc., etc. Manifestó que el cambio de fraseología tenia un objeto y no habia sido meramente casual: que la jurisdiccion que en unos casos era resultado de un precepto, podria existir condicionalmente en los otros, y que cualquiera que fuese la interpretacion que se diera á la Constitucion, la jurisdiccion de los tribunales federales en los primeros era necesariamenteprivativa, mientras que en los últimospodria, ó no tener ese carácter, segun lo dispusiera el Congreso. Esta fué la razon en que fundé la opinion que expreso en el texto, de que siendoprivativala jurisdiccion de almirantazgo y marina, segun la mente de la Constitucion, no debia extenderse mas allá de los límitesreconocidosque tenia, cuando ésta se formó; y apoyado tambien en ella, despues de haber examinado la materia por segunda vez, me pareció que la luminosa decision dada en el caso de «Lovio v. Boit,» asumia una jurisdiccion demasiado ámplia. Pero la nota que se encuentra en los Comentarios á que me he referido, nos enseña que los tribunales de los Estados conservan toda la jurisdiccion cumulativa que tenian sobre los contratos marítimos en 1787, que no depende de la voluntad del Congreso, como dice Wheaton, (vol. I. p. 337) sino que se funda en «una interpretacion razonable de la Constitucion.»[140]Common Digest, tít.AdmiraltyE. 1, 7, 10, 12, F. 1, 2, 4, 5, 3Blackstone Commentaries, 106, 107. En cuanto á los casos que dependen exclusivamente de lalocalidaddel acto ejecutado, para determinar la jurisdiccion á que pertenecen, la del almirantazgo se limita al mar y á las aguas sujetas á las mareas, sin pasar de la raya de la pleamar, pero conoce de loscasos mixtos, y seria competente para conocer, por ejemplo, de una demanda por servicios prestados parte en tierra y parte en aguas sujetas á las mareas para salvar el cargamento de un buque.United States v. Coombs, 12PetersU. S. 72. En el caso «Peyroux v. Howard,» 7 Peters U. S. 324, la Suprema Corte declaró que estaban sujetas á las mareas las aguas del puerto de Nueva Orleans, y por lo mismo allí procedia la jurisdiccion de almirantazgo; que las reparaciones hechas allí á un buque de vapor tenian el carácter de un servicio eminentemente marítimo, y constituian una hipoteca tácita sobre el vapor, aun cuando el punto de partida ó el término de su viaje estuvieren en el rio, fuera de las mareas. En el caso de «Smith v. The Pekin,»Gilpin, 203, se declaró que un contrato de salarios celebrado en un viaje entre puertos de Estados limítrofes y en aguas sujetas á las mareas en un rio ó bahía, pertenecia á la jurisdiccion de los tribunales de distrito, y podia pedirse su cumplimiento entablándose una accionin remante el almirantazgo. Mas si se tratare de un caso ocurrido en un barco destinado á la navegacion y tráfico interior, que viaja sobre aguas no sujetas á las mareas, no seria competente la jurisdiccion del almirantazgo para conocer de él, aunque dicho barco en su carrera hubiera tocado algun punto en aguas que sí lo están. «The Steamboat Orleans v. Phoebus,» 11PetersU. S. 175.En esta materia, parece que el principio reconocido, es que pertenecen á la jurisdiccion del almirantazgo todas las causas y servicios marítimos verificados en su parte sustancial sobre aguas sujetas á las mareas.En el caso «The Propeller Genesee Chief v. Fitzhugh, 12HowardU. S. 443, se declaró que era constitucional la ley de 26 de Febrero de 1845 (5Statutes at Large726) que en cuanto á los contratos y delitos ocurridos en buques matriculados y autorizados para hacer el comercio de cabotage, navegando de un Estado ó territorio á otros, y teniendo la capacidad de veinte toneladas, inviste á los tribunales de distrito con la misma jurisdiccion de almirantazgo que tienen respecto á los buques del mismo género empleados en el comercio de altura. Los lagos y las aguas que los unen están sujetos al almirantazgo. «Tretz v. Bull,» id. 466.VideJackson v. Magnolia, 20HowardU. S. 291.[141]En el caso «The Atlas» (2Hagg. Admiralty48, 73) se declaró que el almirantazgo tiene jurisdiccion para conocer de los contratos á la gruesa sobre el casco, que están basados en los riesgos marítimos, y no producen obligacion si el buque se pierde en la travesía, fundándose la decision en la práctica y en las autoridades reconocidas. Mas para que así sea, es requisito indispensable que el contrato sea extrictamente aleatorio; esto es, que su obligacion ó validez, dependa de la ventura ó riesgos del viaje, pues de lo contrario, el almirantazgo no será competente.[142]Common Dig.tít. Admiralty, F. 6; 3Blackstone's Com.18. El tribunal de almirantazgo tiene jurisdiccion para conocer de los juicios llamadoscausa spolii civilis et marítima, cuyo objeto es conseguir la restitucion de efectos quitados en alta mar por los piratas. «The Hercules,» 2Dodron's Admir.369.[143]La ley que expidió el Congreso el 8 de Mayo de 1792, en su seccion 2 c. 36. dispone que en los mandamientos, ejecuciones y demás trámites de los juicios de la jurisdiccion de almirantazgo y marina se observe la misma forma (con excepcion del estilo) establecida por los principios, reglas y usos de los tribunales del almirantazgo, en contraposicion á los delCommon law, con sujecion sin embargo á las alteraciones que tengan á bien disponer aquellos tribunales y á los reglamentos que prescriba la Suprema Corte. El que desée conocer la práctica del almirantazgo puede consultar la obra deClerke«Practice of the Court of Admiralty in England,» de indisputable crédito, que fué reimpresa en 1809 por Mr. Hall, quien la adicionó con un apéndice de precedentes. Puede ver tambien el vol. 2.º deBrown's«Civil and Admiralty Law;» los apéndices á los tomos 1.º y 2.º de losReportsde Mr. Wheaton, en que encontrará un digesto y explicacion sumaria de la práctica de los tribunales de la instancia y de presas; y el tratado de Mr. Dunlap, «On Admiralty Practice.» El Dr. Dunlap fué Promotor fiscal de la federacion en Massachusetts, y su obra es calificada por personas muy competentes de erudita, correcta y metódica. Puede verse asimismo el caso de «Lane v. Townsend» que se siguió ante el juez de distrito de Maine en 1835: (Ware 287) allí el instruido juez define la naturaleza y efectos que tienen las estipulaciones en el almirantazgo, é hizo un análisis muy erudito de la manera de instaurar los litigios, y de los pactos pretorios que segun el derecho romano se exigian al demandado, demostrando con razones incontestables los errores en que incurrió Brown en la materia de estipulaciones, cauciones ó fianzas que eran necesarios en la secuela de los juicios segun la práctica del foro romano. En el caso de «Hutson v. Jordan,» [Ware385, 395] el distinguido juez que lo falló discute con su acostumbrada habilidad sobre la práctica del almirantazgo que se deriva del derecho romano y de los tribunales civiles, y sobre la acumulacion de acciones de diversas naturalezas en un solo libelo. Finalmente se puede consultar el vol. 3.º del «New York Legal Observer,» 357, y la entrega correspondiente á Marzo de 1846: del «Law Reporter» sobre las reglas de tramitacion que se observan en las causas criminales de la jurisdiccion de almirantazgo y marina seguidas ante los tribunales federales en el departamento de la instancia, expedidas en virtud de la ley de 23 de Agosto de 1842.[144]Seccion 9 del «Judiciary Act» de Setiembre de 1789.[145]Art. 4. sec. 3 de la Constitucion; «American Insurance Co. v. Canter,» 1PetersU. S. 511.[146]Art. 1, sec. 8.[147]El Presidente del tribunal de circuito del distrito de Colombia, Mr. Cranch, definió con mucha habilidad las facultades que tiene el poder judicial de ese distrito en el caso «The United States ex relat Stockes, Stockton and Moore v. Amos Kendall, Post Master General of the United States,» 5CranchC. C. 171. En la resolucion de este caso, con fundamento de la ley de 2 de Julio de 1836, se declaró que el tribunal tenia facultad para ordenar al Administrador General de correos, persona demandada, que acreditara á los informantes con la cantidad que elSolicitor of the Treasuryhabia decidido en su favor. El demandado se negó á comparecer á la cita del tribunal, alegando que como jefe de una de las secretarías de Estado, no estaba sujeto á su jurisdiccion para el efecto de la responsabilidad por sus actos oficiales. El Presidente del tribunal sostuvo: que éste tenia la misma jurisdiccion que tienen todos los tribunales de circuito de la federacion, en virtud de la seccion 11.ª de la ley de 13 de Febrero de 1801, y de la seccion 5.ª de la de 27 de Febrero del mismo año; y todavía mas: que solo era inferior á la Suprema Corte: que tenia facultad para hacer comparecer ante sí á cualquiera persona que se encontrara en su jurisdiccion territorial, desde la mas encumbrada hasta la mas humilde, y que en el Distrito, por elevada que fuese la categoría de un empleado, siempre podia llegar hasta él la accion del tribunal. Que en el caso, el demandado no podia escudarse con la autoridad ú órdenes del Presidente de la República. No existe ley alguna que establezca una relacion entre el Administrador General de Correos y el Presidente, quien no tiene facultades para prescribirle cuáles son sus deberes, ni entrometerse (control) en el ejercicio de sus funciones oficiales. En el desempeño de sus atribuciones, el administrador de correos es tan independiente del Primer Magistrado de la Nacion como éste lo es de aquel, y solo indirectamente puede ingerirse en (control) sus actos; á saber, por el temor que pueda tener de que lo remueva, y ningun acto verificado bajo semejante influencia seria justificable. Esta decision fué confirmada en la apelacion por la Suprema Corte de los Estados Unidos en Enero de 1838. «Kendall v. The United States,» 12PetersU. S. 524.[148]En el caso «The Canal Company v. Railroad Company,» 4Gill & Johnson's, 1, el tribunal de apelaciones de Maryland sostuvo que en el distrito de Colombia y en otros distritos, el Congreso legislaba no como una legislatura local, sino con su carácter propio de legislatura de la Union; y en el caso «The State v. New Orleans N. Company,» 11Martin's Reports, 38, 309, se declaró que la legislatura delTerritoriode Orleans pudo haber otorgado una concesion que obligara al futuro Estado de la Louisiana. En el de «Williams v. The Bank of Michigan.» 7Wendell, 539, elCourt of Errorsde Nueva York declaró que la facultad de instituir un banco estaba comprendida en las facultades generales que el Congreso habia conferido al territorio de Michigan en su ley del 11 de Enero de 1805. De la facultad que tiene el gobierno general para adquirir nuevos territorios, sea á título de conquista ó de compra se deduce forzosamente la de gobernarlos; y precisamente una de dos cosas debe suceder: ó están bajo el dominio y la jurisdiccion del gobierno federal, ó carecen enteramente de gobierno, supuesto que en el momento de su adquisicion, ni tienen derecho á un gobierno propio, ni están bajo la jurisdiccion de ningun Estado. Se encuentran sujetos al poder con que la Constitucion invistió al Congreso. Esta fué la doctrina en que la Suprema Corte fundó su resolucion en el caso "The American Insurance Company v. Canter," 1PetersU. S. 511, y puede verse tambien á Story, Com. 193, 198. 536, n. 1. En un caso resuelto por la Suprema Corte de Justicia del Estado de Massachusetts en 1841 (1Metcalf, 580) se sostuvo que las personas residentes en los lugares cedidos á la federacion para arsenales etc., en que los Estados no se hubieran reservado mas facultades que la de hacer notificaciones allí en los juicios civiles y criminales, no tenian derecho á gozar del beneficio de las escuelas públicas de la poblacion en que estuvieran situados; no estaban sujetas á las contribuciones locales; no adquirian los derechos de vecindad por su residencia, ni gozaban finalmente de las franquicias electorales como habitantes de la poblacion.[148a][148a]En cuanto al distrito en que residen los Supremos Poderes de la Nacion, se concedió al Congreso la «facultad exclusiva de legislar en todas las materias,» y en cuanto á los territorios, la de «expedir todas las disposiciones y reglamentos necesarios respecto á los mismos territorios ydemás propiedadespertenecientes á la Union.» La naturaleza y límites de la soberanía que tiene la Union sobre los territorios y sus habitantes, han dado lugar á discusiones políticas muy acres y peligrosas. En el célebre caso deDred Scott, 19Howard's Reports, U. S. 393, la mayoría de los magistrados que formaban la Suprema Corte opinaban que la última cláusula constitucional precitada solo se referia al territorio que existia en los Estados Unidos cuando se adoptó la Constitucion; pero que no podia aplicarse á los que la federacion habia adquirido despues de las naciones extranjeras, por tratado ó conquista. Opinaba asimismo que no era ilimitado el poder del Congreso sobre esta última clase de territorios: que los ciudadanos de los Estados que inmigraban y se radicaban en ellos, no podian ser considerados como colonos, sometidos al poder absoluto del congreso, sino que debian ser tratados como ciudadanos de los Estados Unidos, en el pleno goce de todos los derechos de ciudadanía que otorga la Constitucion, y que no podia tenerse como constitucional ninguna ley expedida con objeto de quitar á un ciudadano su propiedad, al hacerse vecino de un territorio. La cuestion se suscitó con motivo de una ley del Congreso que prohibia la esclavitud en el territorio de la Alta Louisiana que se habia adquirido de Francia mediante un tratado.[149]Hepburn v. Ellzey, 2Cranch, 445;Corporation of New Orleans v. Winter, 1Wheaton, 91.[150]Recurso de casacion.[151]Clarke v. Bazadone, 1Cranch202,United States v. Moore, 3 ibid 109.[152]Ciceron, en su oracion de la ley Manilia, cap. 14 describe con vivísimos coloridos las vejaciones y abusos cometidos por los magistrados romanos, que ejercian el poder civil y militar en las provincias lejanas.[153]En el caso de "Golden v. Prince" (3WashingtonC. C. 313) el magistrado Washington habia sostenido en el tribunal de Circuito de la federacion en Pennsylvania, que el Congreso tenia la facultad privativa de legislar en la materia de bancarrotas; pero despues modificó su opinion en el sentido de la doctrina expuesta en el texto.[154]Es decir que la facultad de los Estados es puramentesupletoriade la de la Union.[155]Está judicialmente resuelto que la ley que expidió un Estado para castigar el delito de circular moneda falsificada de los Estados Unidos, es válida, y que el Estado tuvo facultades para expedirla, considerándose que lafalsificacion de moneday lacirculacion de moneda falsaeran dos delitos enteramente distintos, «Fox v. The State of Ohio» (5How.U. S. 410.)[156]Mr. Hamilton, en el informe que como Secretario de Hacienda dió en Enero de 1790, relativo á "una disposicion para sostener el crédito público de los Estados Unidos," recomendaba que el gobierno general asumiera la responsabilidad de pagar las deudas de los Estados, fundándose, entre otras cosas, en que si se dejaba á éstos la obligacion de arbitrarse recursos para pagar las deudas que habian contraido durante la guerra de independencia (que entonces se calculaban en veinticinco millones de pesos), podria haber tal competencia, que produjera disposiciones encontradas, conflictos y desórdenes. Ciertos ramos de la industria nacional llegarian á estar muy recargados con las diversas contribuciones provenientes del ejercicio simultáneo de las facultades de la Union, y las de los Estados sobre unos mismos objetos. A pesar de que conocia perfectamente y muy á fondo todas las dificultades del caso, parece que no puso en duda la autoridad de cada uno de los gobiernos para imponer contribuciones á su discrecion, sino que adopta la política y recomienda la necesidad de la moderacion y tolerancia, cuando se diera el caso de prioridad en la ocupacion de un objeto para satisfacer un impuesto. Es un punto resuelto, y me parece muy claro en su principio, que al interpretar la facultad que tiene el Congreso para decretar contribuciones, derechos y alcabalas, no debe considerarse la cláusula relativa como una concesion absoluta, sin ningun límite ú objeto definido, sino que debe tomarse en conexion con las palabras que le siguen inmediatamente, sujetando y limitando el ejercicio de la misma facultad, "á fin de pagar las deudas y proveer á la defensa comun y bienestar general de los Estados Unidos." (for the purpose of paying the debts, and providing for the common defence and general welfare of the United States.) Este fin no constituye en sí mismo una facultad distinta, sino que califica la de que tratamos restringiéndola á los interesantes objetos que se especifican, aunque la aplicacion de ella admite y aun exige el ejercicio de un arbitrio discrecional, ámplio é indefinido. En los Comentarios de Story (vol. 2, 367-398) se refiere minuciosamente la historia de esta cuestion, y las muy fundadas opiniones que se dieron en ella. Véase particularmente el mensaje del Presidente Monroe sobre el proyecto de ley relativo al camino de Cumberland, de 4 de Mayo de 1822, ibid, 445-446. La cuestion de si el Congreso tiene facultades discrecionales para invertir los fondos recaudados por contribuciones, ó de otra manera, enotros objetosque los que marcan las facultades especificadas, ha dado lugar á discusiones muy notables; y la solucion afirmativa ha sido sostenida con éxito por la práctica del gobierno y las respetables autoridades, entre otras, de Mr. Hamilton y Mr. Monroe, en unos célebres documentos que oficialmente sancionaron. Véase el informe de Mr. Hamilton sobre manufacturas y el precitado mensaje del Presidente Monroe. Story, Com. vol. 2, p. 440-458. Tambien este distinguido comentador da á la afirmativa la sancion de su decisivo parecer.[156a][156a]En el caso de «Howell v. State of Maryland» (3 Gill 14) se decidió con muy buenas razones que los Estados pueden imponer contribuciones á un ciudadano residente por los intereses que tenga en buques matriculados, conforme á la legislacion federal.[157]Véase nota 10 del Traductor al fin.Nota 10, pág. 236.—"Imparlance" (deParler.)—En general significa el término que el Tribunal concede á uno de los litigantes para responder á su contrincante, por ejemplo, para contestar á la demanda, para la réplica, etc. Pero ordinariamente se limita al término para alegar.[158]Si llegare á darse el caso de que simultáneamente, un tribunal de la federacion y otro de un Estado expidieren mandamientos de embargo en debida forma contra unos mismos bienes, la prioridad en el tiempo decidirá cuál de los dos debia subsistir, para el efecto del depósito y remate de los bienes, «Jaylor v. Caryl,» [20 Howard United States, 583; «Treeman v. Howe»24 Howard United States, 456.][159]En el caso «The State v. Tutt» (2 Baileg S. C. 44) se declaró que independientemente de las leyes del Congreso, los tribunales de los Estados tienen jurisdiccion para castigar la falsificacion y circulacion de billetes de banco y moneda de los Estados Unidos, porque es una garantía indispensable para los ciudadanos. En el caso «The Commonwealth v. Fuller» (8 Metcalf, 313) se declaró que los mismos tribunales podian juzgar á los que conservaban en su poder moneda falsificada del cuño corriente, de plata ú oro, á sabiendas y con intencion de hacerla pasar. En las leyes de 1789, 1806 y 1825 se reconoce que los Estados tienen jurisdiccion concurrente sobre esta clase de delitos.[160]Caso de «Lockington» resuelto por el Presidente de la Suprema Corte de Pennsylvania, Mr. Tilghman, en Noviembre de 1813, 5HallL. J. 92, y 5HallL. J. 301-330. Ocurrieron casos análogos en Maryland, 5HallL. J. 486, y en South Carolina, 5HallL. J. 497. «Commonwealth v. Harrison,» 11Massachusetts, 63; véase además el caso de José Almeida, en Maryland, de Pool y otros en Virginia, citados en el Derecho Constitucional de Sergeant, p. 279, 280. Por los Estatutos Revisados de New York (vol. II p. 563, sec. 22) los tribunales del Estado pueden otorgar elhabeas corpusen cualquier caso, ménos en aquellos en que se trate de una persona detenida por órden de algun tribunal ó juez federal, y sean de jurisdiccionprivativa.[161]La ley de 24 de Setiembre de 1789, sec. 33 faculta á los jueces de paz y demás jueces decualquiera de los Estadospara arrestar y reducir á prision, ó exigir fianza carcelera á cualquiera persona que cometa un delito contra la federacion.[162]Se ha debatido muy acaloradamente la cuestion de si se puede cometer el delito de traicion contra uno de los Estados en particular. Si el delito importa una traicion contra toda la nacion, pertenecerá al conocimiento esclusivo de los tribunales federales. Esta fué la doctrina que defendió la Suprema Corte de New York en el caso «The People v. Lynch» (11Johns549); pero convino en que era posible que hubiera traicion contra un Estado, sin que lo fuera á la vez contra la Union; por ejemplo, si se resiste al cumplimiento de las leyes del Estado, ó se intenta usurpar su gobierno por la fuerza. Mas elllevar la guerraá un Estado, es llevarla á todos los Estados en su capacidad federal, delito que solo el gobierno de la Nacion debe castigar. Parece por lo mismo que el delito de traicion contra uno de los Estados Unidos, separadamente, solo puede tener lugar cuando la oposicion armada que se hace á sus leyes no va acompañada con la intencion desubvertir el gobierno. Es necesario convenir sin embargo en que el lenguaje de las leyes de muchos Estados es tan general, que comprende la traicion en toda su amplitud, y no están bien definidos los límites de ese delito cuando solo ataca un Estado. Se encuentra un ensayo muy bien escrito sobre esta materia en el «American Law Magazine,» número 8 de Enero de 1845. La ley espedida por la Legislatura de New York (1N. YorkR. S. p. 170, 326. 3.ª ed.) supone que la traicion que se comete en el Estado puede ser juzgada y castigada segun sus leyes. Esta fué tambien la doctrina que sostuvo la Suprema Corte de Rhode Island en la causa de Dorr, y tiene el apoyo de escritores como Mr. Rawle y Mr. Sergeant. Véase «Wheaton's American Criminal Law,» Philadelphia, ed 1846 p. 586-592.[162a][162a]En 1859, John Brown con una pequeña fuerza armada invadió el Estado de Virginia, con el objeto de dar la libertad á los esclavos y derrocar el gobierno del Estado. Fué juzgado y ejecutado por un tribunal local por el delito de traicion.[163]Barron v. The Mayor and City Council of Baltimore, 7Peters U. S.243. Véase tambien «In re Smith,» 10Wendell, 449.[164]Los Estados no pueden establecer gobiernos militares permanentes; pero esto no impide que puedan emplear la fuerza armada para sofocar una rebelion, en caso de que no bastare al efecto la autoridad civil. Véase el caso de «Luther v. Borden,» 7HowardU. S. 1. Este caso es de sumo interés pues en él se discuten extensa y luminosamente los principios fundamentales de gobierno.[165]«Craig v. The State of Missouri» (4PetersU. S. 410). En el caso de «Briscoe v. The Bank of Kentucky» (11Peters, 257) se discutió muy largamente sobre cuáles son losbilletes de créditoque la Constitucion prohibe á los Estados emitir, y se dijo que eran: «documentos expedidos con la autoridad y bajo la fé del Estado, para que circulen como dinero efectivo,» declarándose que la cláusula prohibitoria de la Constitucion, no comprendia la fundacion de un banco, hecha en nombre y beneficio del Estado de Kentucky, con un capital de dos millones de pesos de su exclusiva propiedad, administrado por un presidente y doce directores elegidos por la Legislatura, pudiendo recibir depósitos, hacer empréstitos y emitir billetes pagaderos al portador á la vista, los cuales, en virtud de una ley posterior, debian ser de forzosa admision en los juicios ejecutivos para el actor, sopena de suspenderse por dos años la secuela del juicio, en caso de que se rehusare. El Sr. Magistrado Story no asintió á esta declaracion, añadiendo que el Presidente de la Suprema Corte Mr. Marshall, habia sido de su parecer cuando en el término anterior de las sesiones se informó á la vista en este mismo caso, que para él era idéntico al de «Craig v. The State of Missouri,» respecto á los principios que envolvia. Séame permitido manifestar, con todo el respeto que tributo á la Suprema Corte, que esta decision revoca en lo sustancial la que se dió en el precitado caso de Craig, y que enerva la fuerza é importancia de la prohibicion constitucional. En el caso de «Linn v. State Bank of Illinois» (1Scammon87) resuelto por el Supremo Tribunal del Estado de Illinois en 1833 aparecen las siguientes circunstancias: que el banco era propiedad del Estado, tenia facultad para emitir billetes ó vales al portador desde uno hasta veinte pesos, que debian devengar intereses y recibirse en pago de los adeudos al Estado: que la Legislatura se habia comprometido á redimirlos, y que los acreedores que se resistieran á recibirlos en pago de sus créditos, tenian por vía de pena que esperar tres años, antes de que pudieran hacer efectivos sus cobros. Segun el mencionado tribunal habia una analogía tan perfecta entre este banco y el de Missouri, que era aplicable y obligaba al Estado como á todos los demás, la resolucion del caso de Craig, y declaró en consecuencia que era inconstitucional la ley del Estado que creaba el banco, y que sus billetes carecian de valor. En el caso de «Mc Farland v. The State Bank» (4Arkansas44) la Suprema Corte del Estado de Arkansas declaró que le obligaba la decision dada en el caso de «Briscoe v. The Bank of Kentucky,» admitiendo sin embargo que derogaba la que se habia dado en el de «Craig v. The State of Missouri,» cuya derogacion lamentaba, porque á su juicio ella contenia la verdadera y sana doctrina constitucional. El banco de Arkansas se encontraba en el mismo predicamento y tenia los mismos principios constitutivos que el de Missouri: sus billetes eran billetes de crédito, si se sujetaban á las doctrinas asentadas en la decision del caso de Craig; pero no lo eran segun las que se aprobaron en la del caso de Briscoe, y, á juicio de la Corte, éstas eran las que debian aplicarse.[165a][165a]El principio asentado en el caso de «Briscoe v. The Bank of Kentucky,» fué confirmado despues en el de «Dorrington v. The Bank of Alabama,» 13Howard, U. S.12.[166]«Craig v. The State of Missouri,» ubi sup. Segun parece, el Magistrado Story (Comentarios á la Constitucion vol. 3 p. 19) sostiene la opinion de que si prescindimos por un momento de la larga práctica seguida desde que se adoptó la Constitucion, y consideramos la cuestion comores integra, segun las sanas reglas de interpretacion, los Estados no tienen facultad para crear bancos cuyo papel deba circular como moneda corriente, supuesto que se les prohibió espresamente acuñar moneda, y cita en su apoyo las opiniones de Mr. Webster, Senador de la Union, y de Mr. Dexter, Secretario que fué de la Guerra. Mas contra estas opiniones podria citarse la opinion tan respetable ó acaso más de Mr. Hamilton, el primer secretario que desempeñó la cartera de Hacienda, fuera de que son decisivos en la materia el juicio contemporáneo de todo el país y la práctica que invariablemente se ha seguido. La circulacion de los billetes de banco,checksy vales negociables, tiene por base el crédito privado, pues no son de forzosa admision, teniendo libertad las personas para recibirlos ó nó. Es claro, por lo mismo, que la Constitucion solo se refirió á los billetes de crédito, emitidos en virtud de alguna ley, en nombre y bajo la fé del Estado, para que circulen como dinero efectivo, de lo que teniamos ejemplos tan perniciosos en nuestra historia. Sus palabras fueron estas: "los Estados no podrán emitir billetes de crédito" [no State shall emit bills of credit]». Esta prohibicion no comprende la emision de billetes por personas particulares, individual ó colectivamente consideradas, sea que se asocien en virtud de algun contrato privado, como sucedia con el banco de New York á fines de 1791 antes de haber obtenido su carta de fundacion, ó sea que lo hagan en virtud de alguna carta de incorporacion, siempre que el Estado no preste su crédito, sancion penal ó coaccion para sostener la circulacion. Esta cuestion quedó resuelta en el caso de «Briscoe v. The Bank of the commonwealth of Kentucky,» declarando la Corte que la Constitucion no restringia la facultad de los Estados para fundar bancos, no tuvo la mente de proscribir los billetes de éstos, ni los consideró comobilletes de crédito, 11Peters U. S.257, 345-349.[167]Toda ley que cambia el castigo de un acto criminal cometido antes de su expedicion es retroactiva, y solo dejará de ser nula cuando el cambio consista en la remision de una parte del castigo. «Hartung v. The People,» 22New York95; «The Sanchez v. The People,» id. 147.[168]Los gariteros en los caminos nacionales que pasan por terrenos de los Estados, no pueden parar el carruaje que lleva la correspondencia pública por falta de pago del peage. El recurso que puedan tener, si acaso existe alguno, consistirá en demandar al contratista.Hopkins v. Stockton, 2Watts &. Serg.163.[169]El Procurador General ha declarado y sostenido oficialmente que el Poder Judicial de la federacion no tiene más facultades para ordenar al Ejecutivo que suspenda la ejecucion de una ley ó el cumplimiento de un deber constitucional, que la que pudiera tener para impedir que la legislatura expidiese una ley.Opinions of the Attorneys General, Julio 27, 1824. Vol. 1. 507, 508.[170]El Estado de Arkansas instituyó un banco cuyos billetes, segun la ley de fundacion, debian ser admitidos en pago de todos los adeudos al tesoro del mismo Estado, que era el solo dueño de las acciones. Judicialmente se declaró que la derogacion de dicha ley no desvirtuaba la obligacion que el Estado tenia de recibir en pago de sus créditos los billetes expedidos antes. «Woodruff v. Trapnal» [10Howard U. S.190.] «Paup v. Drew,» (ibid 218.) En los casos «Baltimore &. S. R. Co. v. Nesbit» [10Howard, U. S. 396] «Buter v. Pennsylvania» (id 402) «East Hartford v. Hartford Bridge Co.» (id. 511) se discute estensamente sobre el significado de las palabras «desvirtuar un contrato.»[171]En el caso de «Brewster v. Hough» [10New Hampshire138] se declaró que la legislatura de un Estado no puede desposeerse de la facultad de imponer contribuciones, porque ésta pertenece á la soberanía ó dominio eminente del Estado, opinando el tribunal que solo podria sostenerse la decision dada en el caso de «New Jersey v. Wilson,» considerando la ley á que se refiere como un tratado celebrado con los indios. Mr. Marshal, Presidente de la Suprema Corte de la nacion, opinaba que no era de presumirse que un Estado hubiera convenido en renunciar á dicha facultad, cuando no hubiera una estipulacion expresa al efecto. Mas en el de «Gordon v. Appeal Tax Court» [3HowardU. S. 133] se declaró que una legislatura podia hacer un contrato válido, que debia respetar, de no imponer contribuciones á un banco ó á sus accionistas. Parece que esta declaracion destruye la duda que sugeria la que se dió en el caso deNew Hampshire, y prueba que un Estado, por razones de política ó conveniencia pública, puede comprometerse á no ejercer su poder soberano sobre cualquiera de las materias á que éste se extiende. Este punto está muy bien discutido en la publicacion titulada «American Law Magazine,» entrega de Enero 1846, art. 4 «State Bank of Ohio v. Knoop» (16How.U. S. 369) «Ohio L. Insurance &. Trust Co. v. Debott» (16HowU. S. 416).[172]En el caso «Christ's Church v. Phil» (24How.U. S. 300) la Suprema Corte de los Estados Unidos declaró que la exencion del pago de contribuciones concedida en la carta de fundacion á una sociedad, era por su misma naturalezadurante beneplácito, pudiendo ser revocada por leyes posteriores. Sin embargo, en el caso «Jefferson Branch Bank v. Shelly» (1Black436) la misma Suprema Corte declaró que habiendo una causa de compensacion adecuada, un Estado puede eximir á una sociedad del pago de contribuciones en la misma carta de su fundacion, y que no podria revocar la concesion por alguna ley posterior. En el caso, segun la carta de fundacion, el banco debia pagar al Estado el seis por ciento de sus ganancias, en lugar de las contribuciones. Véase tambien «Piqua Branch of the State Bank of Ohio v. Knoop» [16HowardU. S. 369] y «Dodge v. Woolsey» [18How.U. S. 331] en que se resolvió el punto de la misma manera. En el de «Jefferson Branch Bank v. Shelly» 9Ohio State616, la Suprema Corte de Ohio no se sujetó á la doctrina de los últimos dos casos, y sostuvo que la ley que impuso la contribucion [á pesar de la exencion del banco] era constitucional; pero la Suprema Corte de la nacion revocó su fallo en la apelacion 1Black sup.[173]El título de este caso tan célebre en la jurisprudencia constitucional de los Estados Unidos, y que se ha citado como ejecutoria para la resolucion de otros muchos, es «The Trustees of Dartmouth College v. William H. Wodward.» Tuvo el litigio su primera instancia en uno de los tribunales decommon Pleasdel Estado de New Hampshire, y se instituyó para recobrar los libros, carta original de fundacion, sello y otros efectos de la propiedad del colegio. De consentimiento de las dos partes se llevó ante el Tribunal Superior del Estado, y hecha relacion de los hechos, se sometió al fallo judicial el punto de la validez y fuerza obligatoria de dos leyes expedidas por la legislatura del Estado, decidiendo el tribunal en pro de la validez, y absolviendo por lo mismo á la parte demandada. Llevado el caso en apelacion ante la Suprema Corte de los Estados Unidos, ésta, por todos los votos de sus magistrados, ménos uno, revocó el fallo del inferior, declarando que las leyes espedidas por la legislatura eran inconstitucionales, y su observancia no obligaba á los administradores del colegio. Este instituto obtuvo su carta original de fundacion del gobierno británico en 1769, y en ella se puso bajo la direccion de una junta de doce miembros, los cuales debian tener el manejo y la administracion exclusiva de todos sus bienes, con facultad de nombrar á sus sucesores. La legislatura de New Hampshire sancionó una ley cambiando el nombre de la corporacion, y disponiendo que la junta se compusiera de veintiun miembros nombrados por el Gobernador de acuerdo con su consejo de Estado, pasando á la nueva corporacion todos los derechos, facultades, inmunidades y privilegios de la antigua. Otra ley adicional autorizaba al demandado, que era el tesorero de la primitiva junta (parte actora) para conservar la posesion de los bienes contra la voluntad de aquella. La causa se vió en plena Corte el 10 de Marzo de 1818, informando á la vista como patronos de los reclamantes Mr. Daniel Webster y Mr. Hopkinson, y por la parte demandada Mr. Holmes y el Procurador General de la nacion Mr. Wirt.Nota del traductor.[174]Véanse los casos «State v. Heyward» (3Rich.389) y «Toledo Bank v. Bond» (1Ohio State622). Se declaró en el último, que la carta de fundacion de una corporacion privada no es un contrato que pueda comprenderse en la cláusula constitucional, negándose que en el caso del Colegio de Dartmouth, la doctrina contraria hubiera recibido la sancion de la mayoría de los votos de la corte.
[121]Segun la mente de la Constitucion, la palabraEstadosolo es aplicable á los miembros de la confederacion americana, pero no á losterritoriosde la federacion. «Seton v. Hanham,» R. M.CharltonGeorgia 374; «Hepburn v. Ellzey,» 2Cranch, 445; «Corporation of New Orst anev. Winter,» 1Wheaton91.[122]Por lo mismo el nombramiento de cónsul hecho en favor de una persona, no pone fin á la jurisdiccion del tribunal de un Estado.Koppel v. Heinrichs, 1Barb[N York] 449.[123]En el caso de «Mc Nutt v. Bland,» 2HowardU.S. 9, se resolvió que un ciudadano de Mississippi podia ser demandado ante el tribunal de circuito federal por un ciudadano de otro Estado, aunque éste instituyera su demanda en nombre de un administrador de bienes ajenos ciudadano tambien de Mississippi,con tal de que aquel fuera parte interesada en el litigio. El magistrado Daniel disintió, sosteniendo con fundamento de otras decisiones anteriores, que la jurisdiccion dependia, no de la condicion de las partes interesadas en el litigio, sino del carácter de las personas que aparecian como partes en los autos.[124]9Wheaton, 904; «Bank of Kentucky v. Wister,» 2PetersU. S. 318, S. P. En este caso se resolvió que un banco podia ser demandado aun en el evento de que todo su capital y administracion fueran del Estado que lo incorporó.[125]En el caso de "Alexander v. The Duke of Wellington" [Russ and Myene35] Lord Brougham dijo que las presas militares descansaban en los mismos principios de derecho que las marítimas, á pesar de que no hay ningun estatuto sobre el particular.[126]Le Caux v. Eden,Doug594The Amiable Nancy1Paine Circuit Court111,Chamberlain v. Chandler3Mason, 243, 244. En las capturas hechasjure belli, basta que ellas se funden en una causaprobabley lo mismo sucede en lo general respecto á los actos comprendidos bajo la expresion "marine torts" y al ejercicio de los derechos de beligerante, cuando se hubieren observado las restricciones establecidas por disposiciones legales.The Palmyra12,Weaton1.[127]En algunas opiniones sometidas oficialmente al Ejecutivo en los años de 1812 y 1814, se consideraba como indisputable que el conocimiento y castigo de los delitos graves perpetradosdentro de los límites jurisdiccionales de los Estados Unidos, á bordo de los buques de guerra de la nacion, no tocaba á las cortes marciales de marina, sino á los tribunales de la justicia ordinaria. (Opinions of the Attorneys-General,Washington, 1841, vol. 1. ps. 114-120.) Pero la ley que expidió el Congreso el 23 de Abril de 1800, c. 33, «para mejorar el gobierno de la marina de los Estados Unidos,» en su artículo 21, dispuso que el delito de homicidio cometido por algun oficial, marinero ó marino al servicio de algun buque ó navío público de los Estados Unidos,fuerade la jurisdiccion territorial de los mismos, podria ser juzgado por una Corte marcial, y castigado con la pena de muerte.[128]«United States v. Grush,» (5Mason, 290.) En los casos «The United States v. Davis and Hanlon,» resuelto por el tribunal de circuito federal del distrito de New York, y «The United States v. Jackson,» (2,New York Legal Observer, 3, 35) se declaró, que por la ley de Abril de 1790, los tribunales federales no tenian jurisdiccion para conocer de un robo cometido á bordo de un buque americano anclado en el puerto de Savannah, del Estado de Georgia, como tampoco la tendrian para conocer de ese delito, si hubiera sido cometido en la jurisdiccion local de una potencia extranjera. Pero sí serian competentes para conocer de él cuando se hubiera cometido en alta mar. Las leyes de 30 de Abril de 1790, [c. 9] y 3 de Marzo de 1825 [c. 67] no son bastante claras en la materia de la jurisdiccion criminal del almirantazgo sobre los delitos cometidos en alta mar. Las secciones 8.ª, 9.ª, 10.ª, 11.ª y 12.ª de la ley de 1790 contienen disposiciones para castigar el homicidio, el robo y otros delitos cometidos en alta mar, "por cualesquiera persona ó personas," sin limitarlas específicamente á ciudadanos ni á buques americanos; y á pesar de esto, ya se han pronunciado sentencias fundadas en aquella ley declarando que el delito de robo cometido por un extranjero en alta mar, á bordo de un buque de la propiedad exclusiva de súbditos extranjeros, no era delito de piratería segun la mente de la ley, ni podian castigarlo los tribunales de los Estados Unidos. «United States v. Palmer,» 3Wheaton, 610. La ley contiene prevenciones para castigar las heridas que causen mutilacion, pero solo en los casos en que hubieran sido inferidas en buques americanos, sean públicos ó privados. En virtud de la seccion 9.ª de la ley de 3 de Marzo de 1825, expedida para «el castigo mas eficaz de ciertos crímenes» etc. cualquier delito, como por ejemplo, el robo de efectos de un buque náufrago,sea que se hubiere cometido durante la pleamar ó la bajamar, está sujeto á la jurisdiccion de los tribunales federales. «United States v. Coombs,» 12PetersU. S. 27. Las secciones 4.ª, 7.ª y 8.ª de la misma ley contienen acerca del homicidio, rapto y otros delitos que mencionan disposiciones generales, aplicables, segun sus propias palabras «á cualesquiera persona ó personas,» sin definir el carácter del buque en que pueda cometerse. Pero la seccion 6.ª que se refiere al robo en alta mar, restringe la jurisdiccion al caso en que se hubiere cometido á bordo de buques-americanos, y lo mismo hace la 22.ª que se refiere á los asaltos con intencion de cometer algun delito grave, mientras que la 23.ª que declara ser delito grave conspirar en alta mar para destruir un buque con intencion de perjudicar á los aseguradores, se expresa en términos generales, y es aplicable á toda clase de personas.En vista de las diversas decisiones judiciales que interpretan los párrafos de la ley que hemos citado, no es fácil comprender cuál haya sido la mente que tuvo el legislador al expresarse unas veces en lenguaje general y otras usando de términos que restringen el sentido. Pero sí podemos afirmar acertivamente que siempre que los delitos cometidos en alta mar tengan la gravedad de piratería segun el derecho internacional, serán competentes los tribunales de circuito de la federacion para conocer de ellos, sean quienes fueren los delincuentes ó el lugar en que se hubiere cometido. Mas si se tratare de delitos que no tienen esa gravedad, lo serán solo cuando los delincuentes ó los buques en que aquellos se cometieren, tuvieran la nacionalidad americana. Si un ciudadano americano cometiere un delito en alta mar á bordo de un buque extranjero, la jurisdiccion personal sobre el ciudadano, si es que existe, será concurrente con la del gobierno extranjero cuya nacionalidad tenga el buque. En virtud de la seccion 8.ª de la ley de 30 de Abril de 1790 los tribunales federales son competentes para conocer de los delitos cometidos por ciudadanos americanos á bordo de buques extranjeros, por extranjeros á bordo de buques americanos, ó por ciudadanos americanos ó extranjeros á bordo de buques piratas. «United States v. Holmes,» 5Wheaton, 412. La ley de 1825 amplió la jurisdiccion de los tribunales federales, declarándolos competentes para conocer de los delitos cometidos á bordo de buques americanos y por sus tripulantes, en cualesquiera lugares, ó aguas sujetas á las mareas. La de 1835 la extendió no solo á los delitos cometidos en alta mar, sino en cualesquiera aguas que se encuentren dentro de la jurisdiccion marítima de los Estados Unidos. «United States v. Lynch,» (2 N. Y. Legal Observer, 51) «United States v. Roberts,»ib.99.[129]"United States v. Hudson and Godwin," 7Cranch32. "United States v. Coolidge," 1Wheaton415. "United States v. Bevans," 3di.336. "United States v. Wiltberger," 5id.76. La jurisdiccion de la Suprema Corte está definida por la constitucion; pero no sucede lo mismo respecto á los tribunales inferiores. Estos no tienen mas facultades que las que les conceden las leyes, y á ellas tienen que sujetarse "Smith v. Jackson," 1Paine c. c.453.[130]3Wheaton, 546. Es un principio bien establecido en el derecho marítimo, que los navieros son responsables ante el almirantazgo por las faltas que cometieren sus capitanes en actos del servicio del buque, propios del cargo que ejercen. «The State Rights,»Crabbe, 22. «The Rebeca,»Ware Adm.187.Abbott on Shipping,p.398, 399. «Sherwood v. Hall,» 3Sumner, 131. En el caso de «Chamberlain v. Chandler» (3Mason, 242) se declaró que el almirantazgo podia conocer de los agravios y perjuicios inferidos á un pasajero en alta mar por el capitan de un buque, empleando para ello la fuerza, directa ó indirectamente; y en el de «Plumer v. Webb,» (4Mason380) que un padre ó maestro de oficio podia entablar una demanda ante el almirantazgo por los salarios ganados por los menores ó aprendices en servicio de la marina, ó por agravios que se les infirieran en alta mar, como, por ejemplo, el haber sido llevados en el buque sin el conocimiento de aquellos,per quod servitium amisit. Si el agravio se cometió en un puerto y continuó en el mar, ó si se cometió un ataque á la propiedad en el mar y continuó en tierra, habrá un delito marítimo sujeto á la jurisdiccion del almirantazgo. Los tribunales de almirantazgo pueden conceder indemnizacion por perjuicios indirectos (consequential damages); caso delBetsey Caines, 2Hagg Almiralty28. Los tribunales del derecho comun conocen concurrentemente con el tribunal de la instancia del almirantazgo de los delitos marítimos (marine trespasses) independientemente de la cuestion de presas, «Percival v. Hickley,» 18Johns, 257. «Wilson v. Mackenzie,» 7Hill(New York) 95. El almirantazgo puede conocer de una demanda por perjuicios provenientes de la falta de cumplimiento de un contrato marítimo, aunque el buque no hubiere salido al viaje.Abbott on Shipping,part.4,c.4sec.4; véase el caso «The City of London, in the Almiralty,»Nov. 1839, y el tratado de Curtis «On Seamen» p. 300, 356. Mas si se tratare de una falta ó delito cometido por el capitan contra un individuo de la tripulacionen tierraóen un puerto extranjero, habria un caso propio de la jurisdiccion del derecho comun, pues el almirantazgo no atrae á su fuero los delitos cometidos en tierra. «Adams v. Haffards,» 20Picks127. El almirantazgo, dice el Sr. Magistrado Story, no pretende tener jurisdiccion sobre los delitos, si no es que tengan el carácter de marítimos, sea que hubieren sido cometidos en alta mar, ó en aguas sujetas á las mareas... Parece que la opinion del ilustre Magistrado difiere de la de los tribunales delCommon law, en el caso en que dichas aguas se encontrarendentro del ámbito de un condado, supuesto que entonces tiene jurisdiccion el almirantazgo.[131]1Blackstone's Com.112;Constables case, 5Co.106, 107,Barber v. Wharton, 2Lor Raym.1452; 2East P. C.803; 4Blacks. Com.268; «The King v. Forty nine casks of brandy,» 3Hagg Adm.257. Procede la jurisdiccion del almirantazgo en la playa, cuando estuviere cubierta de agua, y la del derecho comun, cuando queda seca. «The Pauline,» 2Rob. Adm.358.[132]King v. Soleguard,Andrew, 231: resolucion de los jueces dada en 1632, citada en 2.Bro. civil and Almiralty Law, 78;Stanton J. Fitz. Abr. corone.399, 8Edward II; 4Instit.140;Hawkins P. C.lib.2c.9sec.14; 2East. P. C.804; 5Wheaton, 106,nota:com. Dig. tít. Adm.2. 7. 14.United States v. Grush, 5Mason, 290.[133]Hale history P. C.vol.1p.13, 18, 54; 6Instit.113;Constable's case, 5Co.106a,Lord Hale Harg L. T.c.4p.10.; «United States v. Grush, 5Mason, 190». El 7 de Enero de 1840 el tribunal de Distrito de la Federacion en Connecticut, sostuvo en el caso de «Gedney v. Schooner La Amistad,» que el buque, hallándose en aguas sujetas á las mareas, á la vista de tierra, distante cinco millas de Montauk Point, diez y ocho de New London y media milla de la costa de Long Island, sin hallarse en ninguna bahía conocida, estaba enalta mary bajo la jurisdiccion del almirantazgo, pues alta mar significa el oceano, fuera de lasfauces terræ. «The Schooner Harriet,» 1Story Circuit courts259. En el caso «The Public Opinion» (2Hagg Adm.398) se declaró que el almirantazgo carecia de jurisdiccion sobre un caso que tuvo lugar en el Humber, á veinte millas del mar pero en aguas sujetas al flujo y reflujo, por razon de que dichas aguas estabaninfra corpus comitatus. Mas el tribunal federal de distrito de la parte setentrional de New York, en el caso de «Van Santvort v. The Boat John B. Cole,» declaró en 1846, que un contrato para la entrega de un cargamento de harina en New York, celebrado á bordo de un bote de canal, en Albany, en aguas navegables del Hudson, sujetas á las mareas, era contrato marítimo, por referirse á un negocio mercantil y de navegacion, y pertenecia á la jurisdiccion del almirantazgo. (The New York Legal Observer for October, 1846.)[133a][133a]Para que nazca la jurisdiccion de almirantazgo, no es necesario que todo el viaje se haga sobre aguas sujetas á las mareas. VéaseThe Robert Morris,Wallace,Jun.33.En el caso «Thomas v. Lane,» (2Sumner Rhode Island) tratándose de delitos marítimos (maritime torts) se declaró que el almirantazgo solo es competente para conocer de los que tenian este carácter, ó hubieran sido cometidos en alta mar, ó en aguas que tienen flujo y reflujo, recordando que los tribunales del derecho comun sostienen la suya, cuando dichas aguas se encontrarendentro de la demarcacion de un condado. Mas se dijo que esa restriccion evidentemente no tendria aplicacion en loscasos ocurridos en países extranjeros en aguas sujetas á las marcas, y que el almirantazgo tendria jurisdiccion para conocer de los delitos cometidos en dichas aguas, siendo necesario expresar esa circunstancia en el libelo de demanda, pues no basta que se sobreentienda. En el caso «The United States v. Davis,» [2Sumner, 482,] hubo dudas sobre si un parage en un arrecife de coral en Raiatea, una de las islas «Sociedad,» que quedaba cubierto con el agua durante la creciente y seco en la menguante, debia considerarse ó no como de alta mar para el efecto de conferir jurisdiccion criminal, pues un mismo lugar puede reputarse de alta mar durante la creciente, y ser estrictamente una parte de la tierra en la menguante, como sucede en las riberas del mar, segun las doctrinas que se sentaron en el «Constables case,» [5Co.106a.] En los casos «United States v. Ross» [1Gallison, 624] y «United States v. Pirates,» [5Wheaton, 184] se declaró terminantemente que un buque que se hallaba en un puerto abierto, dentro de una legua marítima de la costa,estaba en alta mar, segun la seccion 8.ª de la ley de 30 de Abril de 1790, y que por esta razon los tribunales federales tenian expedita su jurisdiccion. En esa ley el término «alta mar» comprende aquellas aguas de la costa que están fuera de los límites de la raya que marcan las aguas en tierra durante la bajamar. Pero á pesar de esta decision, en el caso «United States v. Robinson,» [4Mason, 307] se declaró que un delito cometido en una bahía enteramente cerrada de arrecifes, no habia sido perpetrado en alta mar. Son tan contradictorias las decisiones judiciales de dichos casos, que no es posible fijar conclusiones definitivas en esta materia.Parece que todos convienen en que el almirantazgo tiene jurisdiccion para concederindemnizacion de perjuicios por agraviosó daños personales cometidos en alta mar; que en Inglaterra las aguas sujetas á las mareas, que se encuentran en la demarcacion de un condado no están bajo la jurisdiccion del almirantazgo; (Coke's 4thInstit.134; 2Brown's Civil and Admiralty Law111;The Nicolás Witzen, 3Hagg. Adm.369); pero que sí lo están en los Estados Unidos, donde esa jurisdiccion puede conocer de los delitos cometidos en ellas. (Véase á Curtis,Treatise on Seamen, p. 262 y los que cita). Aun mas: el almirantazgo podrá conocer de los delitos de tracto sucesivo, comenzados en tierra y consumados en aguas que tienen mareas. «Plumer v. Webb» [4Mason, 383, 384];Steele v. Thatcher, [Ware Admiralty91]. Se admite, sin embargo, que en este país, tambien los tribunales del derecho comun tienen jurisdiccion para conocer de los contratos de los marineros y de los delitos cometidos en alta mar. Mas estos tribunales no son competentes para conceder un remedioin rem, y solo conceden remedios personales.En el caso «The Steamboat Black Hawk,» fallado en el tribunal del distrito setentrional de New York, [Conkling's Treatise, 2ded. p.350.note] se declaró que eran casos de la jurisdiccion del almirantazgo ciertos embargos hechos en el «San Lorenzo,» en lugares muy distantes de aguas sujetas á las mareas, como en Ogdensburgh y en algunos puntos del lago Ontario, por infraccion de las leyes de navegacion de los Estados Unidos. El instruido magistrado que sentenció, fundó su decision en la práctica constantemente aplicada y jamás contrariada de mas de cincuenta años; pero con mucha buena fé reconoció que podia disputarse la jurisdiccion de almirantazgo del tribunal, que debia sostenerse en vista del trascurso del tiempo que llevaba de ejercerse. En el caso de «Wyman v. Hurlburt,» [12Ohio, 81] el tribunal pasó sin resolver la cuestion de si las aguas no sujetas á las mareas en los grandes lagos, estaban bajo la jurisdiccion del almirantazgo. Pero en la actualidad y á virtud de la ley de 26 de Febrero de 1845, en todo lo que se refiera á contratos y delitos que tuvieren lugar á bordo de cualquiera clase de buques de 20 toneladas para arriba, con patentes para hacer el comercio de cabotage entre puertos pertenecientes á distintos Estados y territorios, sobre los lagos y las aguas navegables por las cuales se comunican, los tribunales de distrito tienen la misma jurisdiccion que la que ejercen sobre los casos ocurridos á bordo de los buques destinados á la navegacion y comercio en alta mar, ó en aguas sujetas á la jurisdiccion de almirantazgo y marina de los Estados Unidos. El derecho marítimo de los Estados Unidos constituirá la regla de decision de dichos casos hasta donde sea aplicable, en la misma manera y extension, y usándose de la misma equidad con que se aplica actualmente en los casos de jurisdiccion de almirantazgo, con la salvedad de la garantía del juicio por jurados y de los remedios del derecho comun, cuando fueren procedentes.[133b][133b]La jurisdiccion que tienen los tribunales de distrito en los casos de almirantazgo no se deriva de la ley de 1845, sino de la misma constitucion federal; ni se limita á las aguas que tienen crecientes y menguantes, sino que se extiende á los lagos y rios navegables en los cuales se hace el comercio entre dos ó mas Estados, ó entre los Estados y una nacion extranjera.The Bacchus, [1Newberry Admiralty1.]En el caso de laJenny Lind, [1Newberry Adm.443] el tribunal sostuvo que la jurisdiccion del almirantazgo estaba ya establecida de una manera indisputable en toda la longitud y anchura del rio Mississippi, y en todos los demás rios públicos, hasta donde sean navegables desde el oceano por buques de diez toneladas.En el de "Jackson v. Steamboat Magnolia," [20Howard vs.296] se confirmaron los principios en que se fundaba esa decision, y la Suprema Corte declaró que el tribunal federal del distrito del centro de Alabama, era competente para conocer de una colision de dos barcos ocurrida en el rio Alabama, dentro de la demarcacion de un condado, y fuera de aguas sujetas á las mareas á pesar de que dicho rio corre al través del Estado de su nombre, y no sirve de límite entre Estados colindantes. Los Sres. Magistrados Catron, Daniel y Campbell, disintieron de la mayoría de la Corte. El primero expuso que creia un deber de su parte hacer una protesta solemne contra la decision de la Corte y contra la doctrina que se alegaba en su apoyo "como una violacion de la carta fundamental, é insistió en union de Mr. Campbell, en que las pretensiones de la Corte eran inconstitucionales, diciendo ambos que á su juicio el fallo daba una extension incalculable á la jurisdiccion, mucho mayor que todos los demás que hasta entonces se habian pronunciado, y que debia crear necesariamente una revolucion en las facultades de almirantazgo que ejercen los tribunales de los Estados Unidos."[134]En el caso de que nos ocupamos, el Magistrado Story dijo que en los contratos marítimos se comprendian, entre otras cosas, las cartas partidas, fletamentos, las hipotecas marítimas, los contratos relativos á servicios marítimos, como los de construir, reparar, abastecer y navegar un buque, los celebrados entre sus condueños, los contratos y cuasi-contratos sobre averías, contribuciones y pólizas de seguros. Manifestó que estos últimos en algunos países extranjeros están sujetos á la jurisdiccion de los tribunales de almirantazgo, como contra-marítimos.[134a][134a]Este punto fué muy discutido en la Suprema Corte en el caso "New Jersey Steam Navigation Company v. Merchant's Bank" (6Howard U. S.344). La corte aprobó por mayoría de votos el fallo del tribunal de circuito en Rhode Island, procediendo en almirantazgo, en una demanda personal contra una compañía de vapores de rio, por pérdidas de numerario en uno de sus vapores, ocasionada por el fuego. El Sr. Magistrado Nelson, encargado de redactar la sentencia de la Corte, sostuvo que la Constitucion al conceder la facultad, no pudo haberse referido á la jurisdiccion del almirantazgo tal cual se ejercia en Inglaterra cuando aquella se formó; y que, aun suponiendo que así hubiera sido, la manera como se habia interpretado la Constitucion, tanto por el poder legislativo como por el judicial, le daba mucha mayor amplitud, fuera de que habia precedentes netamente aplicables al contrato en cuestion. En el caso de "Moorewood v. Enequist," (23Howard U. S.491) se volvió á decidir que los contratos de carta partida y fletamentos están sujetos á la jurisdiccion de almirantazgo que ejercen los tribunales federales. Allí se declaró que segun la mente de la constitucion y de la ley del Congreso, eran contratos marítimos sujetos como tales á los tribunales de almirantazgo de la Union, sea que se entablara el procedimientoreal ó personal. En el de "Waring v. Clarke," [5Howard U. S.441] se sentaron los mismos principios generales, sosteniéndose que el almirantazgo era competente para conocer de las colisiones ocurridas en los rios, en aguas que tenian flujo y reflujo, aun que se hallaraninfra corpus comitatus. La cláusula delJudiciary Actque deja á salvo á los litigantes en ciertos casos los remedios del derecho comun, tiene el sentido de que cuando concurran las dos jurisdicciones, la del derecho comun no se considera fenecido por virtud de la ley.No es competente la jurisdiccion del almirantazgo para conocer del caso en que los constructores de un buque solicitan que se declare que tienen hipoteca tácita sobre él, por el trabajo y los materiales empleados en la construccion, cuando no la establece el derecho local del Estado donde se construyó. "The People's Ferry Company v. Beers" [20Howard U. S.393]. En el caso de "Roach et al v. Chapman et al." [22Howard U. S.129] se negó á conocer la jurisdiccion federal, porque el buque no habia sido construido en aguas sujetas al flujo y reflujo, á pesar de que el derecho del Estado concedia la hipoteca tácita á los constructores. Tampoco es del conocimiento del almirantazgo un contrato de sociedad en virtud del cual una de las partes debia poner el capital y la otra su trabajo é industria para la construccion de un buque.En el caso de "Ward V. Thompson," [22Howard U. S.330] se trataba de un buque que de intento fué embarrancado para salvar la vida de los tripulantes, y su dueño presentó una demanda personal contra el consignatario del cargamento para que contribuyera por vía de avería general; mas se declaró que no tenian jurisdiccion los tribunales del almirantazgo de la Federacion para conocer de él. La tendrian solo en el caso de que hubiera una hipoteca tácitaabsolutasobre el buque y su cargamento, segun el derecho marítimo; pero en una avería general, la hipoteca tácita es calificada, pues depende de la posesion de los efectos, y cesa luego que éstos hayan sido entregados al consignatario. "Cutter V. Roe," 7How. U. S.729. Esta importante cuestion constitucional fué decidida bajo circunstancias peculiares, y por esta razon probablemente volverá á ser controvertida. El Sr. Magistrado Wayne dijo que si volviera á presentarse, él no la consideraria como resuelta en virtud de esa decision. En el caso "The United States v. The New Bedford Bridge," [1Wood and Minot, 401] el Sr. Magistrado Woodbury desplegó mucha erudicion en la materia de la jurisdiccion de almirantazgo, que dejó casi agotada. Su opinion ocupa mas de cien pájinas impresas.En virtud del contrato de fletamento, el almirantazgo puede conocer de una accion personal entablada por los dueños de un cargamento contra los dueños del buque, para recobrar las cantidades que por mala fé del capitan prestaron por salvarlo, "Church V. Shelton," [2Curtis Circuit Court, 27].[135]"The Sloop Mary," 1Paine Circuit Court, 673; "Wilmer v. The Smilax," 2Peters Admir.295,n."David &. Brooks v. Brig Seneca,"Gilp.10C. C. of Pennsylvania.[136]5Mason's Report, 465. No hay disputa á cerca de si los tribunales de almirantazgo tienen jurisdiccion sobre las cartas partidas y los contratos marítimos en general; la dificultad versa sobre los contratos prévios que dan lugar á aquellos, "Andrews v. Essex."F. and Insurance Company, 3Mason, 6. "The Schooner Tribune," 3Sumner, 144.[137]"Haly v. Goodson," 2Meriv.77;Lord Stowellen los casos de la "Aurora," 3Rob. Admir.133, 136;The Warrior, 2Dod. Admir.288;The Pitt, 1Hagg. Admir.240. 2Bro Civ. Admir. Law, 114, 115.[138]Journal of Congress, vol. I, p. 22, 29, 39.Journal of the Assembly of the Colony of New York, vol. II, p. 795, 797, 800. En Inglaterra como observa el Magistrado Conkling, el tribunal delExchequeres el único competente para conocer de los embargos trabados en virtud de las leyes de hacienda; y en los Estados Unidos, los negocios de esta clase sujetos á la jurisdiccion de los tribunales de distrito como tribunales de almirantazgo, solo lo están en virtud de disposiciones legislativas expresas. El efecto que produce la ley respecto á esos negocios es sustraerlos del conocimiento del jurado, sujetándolos á la sustanciacion del derecho civil (romano).Conkling's Treatise, 2d ed. p. 391.[139]Art. 3, sec. 2.ª de la Constitucion federal. Ley del Congreso de 24 de Setiembre de 1789, c. 20, sec. 9. El Sr. Magistrado Story (3Comm. const.V. L. p. 533 note) dice que la opinion que aquí emito «se funda en un error,» porque la mente de la Constitucion fué que en el sistema judicial de la Federacion, la jurisdiccion de almirantazgo y marina tuviera exactamente el mismo carácter de privativa y la misma extension que tuvo en la jurisprudencia del common law, y nada mas; y que aquellos casos mixtos de almirantazgo, sobre los que antiguamente los tribunales del derecho comun tenian jurisdiccion cumulativa, no habian cambiado de condicion. Si me equivoqué en este particular, creyendo que el poder judicial que debe conocer de «todos los casos de la jurisdiccion de almirantazgo y marina,» segun la Constitucion, tenia el carácter de privativo, fuí inducido á este error, guiado por la interpretacion que hizo la Suprema Corte de los Estados Unidos en la sentencia que dió en el caso de «Martin v. Hunter's Lessee,» 1Wheaton, 304. En ella la Corte consideró que las palabras «el poder judicialse extenderá» etc., eran preceptivas, y por lo mismo, que el Congreso solo podia investir con el poder judicial de la federacion á los tribunales que él mismo creara é instituyera: tenia un deber de conferirtodo el poder judicialá sus propios tribunales. El instruido magistrado que redactó la decision de la corte se fijó en la diferencia de lenguaje que usó la Carta fundamental cuando declaró que el poder judicialse extenderá á todos los casosque en derecho y equidad dimanen de la Constitucion: átodos los casosque afecten á los embajadores etc.; átodos los casosde la jurisdiccion de almirantazgo y marina; y luego añade (omitiendo intencionalmente la palabratodos) á las controversias en que la federacion sea parte interesada, á las que se susciten entre dos ó mas Estados, etc., etc. Manifestó que el cambio de fraseología tenia un objeto y no habia sido meramente casual: que la jurisdiccion que en unos casos era resultado de un precepto, podria existir condicionalmente en los otros, y que cualquiera que fuese la interpretacion que se diera á la Constitucion, la jurisdiccion de los tribunales federales en los primeros era necesariamenteprivativa, mientras que en los últimospodria, ó no tener ese carácter, segun lo dispusiera el Congreso. Esta fué la razon en que fundé la opinion que expreso en el texto, de que siendoprivativala jurisdiccion de almirantazgo y marina, segun la mente de la Constitucion, no debia extenderse mas allá de los límitesreconocidosque tenia, cuando ésta se formó; y apoyado tambien en ella, despues de haber examinado la materia por segunda vez, me pareció que la luminosa decision dada en el caso de «Lovio v. Boit,» asumia una jurisdiccion demasiado ámplia. Pero la nota que se encuentra en los Comentarios á que me he referido, nos enseña que los tribunales de los Estados conservan toda la jurisdiccion cumulativa que tenian sobre los contratos marítimos en 1787, que no depende de la voluntad del Congreso, como dice Wheaton, (vol. I. p. 337) sino que se funda en «una interpretacion razonable de la Constitucion.»[140]Common Digest, tít.AdmiraltyE. 1, 7, 10, 12, F. 1, 2, 4, 5, 3Blackstone Commentaries, 106, 107. En cuanto á los casos que dependen exclusivamente de lalocalidaddel acto ejecutado, para determinar la jurisdiccion á que pertenecen, la del almirantazgo se limita al mar y á las aguas sujetas á las mareas, sin pasar de la raya de la pleamar, pero conoce de loscasos mixtos, y seria competente para conocer, por ejemplo, de una demanda por servicios prestados parte en tierra y parte en aguas sujetas á las mareas para salvar el cargamento de un buque.United States v. Coombs, 12PetersU. S. 72. En el caso «Peyroux v. Howard,» 7 Peters U. S. 324, la Suprema Corte declaró que estaban sujetas á las mareas las aguas del puerto de Nueva Orleans, y por lo mismo allí procedia la jurisdiccion de almirantazgo; que las reparaciones hechas allí á un buque de vapor tenian el carácter de un servicio eminentemente marítimo, y constituian una hipoteca tácita sobre el vapor, aun cuando el punto de partida ó el término de su viaje estuvieren en el rio, fuera de las mareas. En el caso de «Smith v. The Pekin,»Gilpin, 203, se declaró que un contrato de salarios celebrado en un viaje entre puertos de Estados limítrofes y en aguas sujetas á las mareas en un rio ó bahía, pertenecia á la jurisdiccion de los tribunales de distrito, y podia pedirse su cumplimiento entablándose una accionin remante el almirantazgo. Mas si se tratare de un caso ocurrido en un barco destinado á la navegacion y tráfico interior, que viaja sobre aguas no sujetas á las mareas, no seria competente la jurisdiccion del almirantazgo para conocer de él, aunque dicho barco en su carrera hubiera tocado algun punto en aguas que sí lo están. «The Steamboat Orleans v. Phoebus,» 11PetersU. S. 175.En esta materia, parece que el principio reconocido, es que pertenecen á la jurisdiccion del almirantazgo todas las causas y servicios marítimos verificados en su parte sustancial sobre aguas sujetas á las mareas.En el caso «The Propeller Genesee Chief v. Fitzhugh, 12HowardU. S. 443, se declaró que era constitucional la ley de 26 de Febrero de 1845 (5Statutes at Large726) que en cuanto á los contratos y delitos ocurridos en buques matriculados y autorizados para hacer el comercio de cabotage, navegando de un Estado ó territorio á otros, y teniendo la capacidad de veinte toneladas, inviste á los tribunales de distrito con la misma jurisdiccion de almirantazgo que tienen respecto á los buques del mismo género empleados en el comercio de altura. Los lagos y las aguas que los unen están sujetos al almirantazgo. «Tretz v. Bull,» id. 466.VideJackson v. Magnolia, 20HowardU. S. 291.[141]En el caso «The Atlas» (2Hagg. Admiralty48, 73) se declaró que el almirantazgo tiene jurisdiccion para conocer de los contratos á la gruesa sobre el casco, que están basados en los riesgos marítimos, y no producen obligacion si el buque se pierde en la travesía, fundándose la decision en la práctica y en las autoridades reconocidas. Mas para que así sea, es requisito indispensable que el contrato sea extrictamente aleatorio; esto es, que su obligacion ó validez, dependa de la ventura ó riesgos del viaje, pues de lo contrario, el almirantazgo no será competente.[142]Common Dig.tít. Admiralty, F. 6; 3Blackstone's Com.18. El tribunal de almirantazgo tiene jurisdiccion para conocer de los juicios llamadoscausa spolii civilis et marítima, cuyo objeto es conseguir la restitucion de efectos quitados en alta mar por los piratas. «The Hercules,» 2Dodron's Admir.369.[143]La ley que expidió el Congreso el 8 de Mayo de 1792, en su seccion 2 c. 36. dispone que en los mandamientos, ejecuciones y demás trámites de los juicios de la jurisdiccion de almirantazgo y marina se observe la misma forma (con excepcion del estilo) establecida por los principios, reglas y usos de los tribunales del almirantazgo, en contraposicion á los delCommon law, con sujecion sin embargo á las alteraciones que tengan á bien disponer aquellos tribunales y á los reglamentos que prescriba la Suprema Corte. El que desée conocer la práctica del almirantazgo puede consultar la obra deClerke«Practice of the Court of Admiralty in England,» de indisputable crédito, que fué reimpresa en 1809 por Mr. Hall, quien la adicionó con un apéndice de precedentes. Puede ver tambien el vol. 2.º deBrown's«Civil and Admiralty Law;» los apéndices á los tomos 1.º y 2.º de losReportsde Mr. Wheaton, en que encontrará un digesto y explicacion sumaria de la práctica de los tribunales de la instancia y de presas; y el tratado de Mr. Dunlap, «On Admiralty Practice.» El Dr. Dunlap fué Promotor fiscal de la federacion en Massachusetts, y su obra es calificada por personas muy competentes de erudita, correcta y metódica. Puede verse asimismo el caso de «Lane v. Townsend» que se siguió ante el juez de distrito de Maine en 1835: (Ware 287) allí el instruido juez define la naturaleza y efectos que tienen las estipulaciones en el almirantazgo, é hizo un análisis muy erudito de la manera de instaurar los litigios, y de los pactos pretorios que segun el derecho romano se exigian al demandado, demostrando con razones incontestables los errores en que incurrió Brown en la materia de estipulaciones, cauciones ó fianzas que eran necesarios en la secuela de los juicios segun la práctica del foro romano. En el caso de «Hutson v. Jordan,» [Ware385, 395] el distinguido juez que lo falló discute con su acostumbrada habilidad sobre la práctica del almirantazgo que se deriva del derecho romano y de los tribunales civiles, y sobre la acumulacion de acciones de diversas naturalezas en un solo libelo. Finalmente se puede consultar el vol. 3.º del «New York Legal Observer,» 357, y la entrega correspondiente á Marzo de 1846: del «Law Reporter» sobre las reglas de tramitacion que se observan en las causas criminales de la jurisdiccion de almirantazgo y marina seguidas ante los tribunales federales en el departamento de la instancia, expedidas en virtud de la ley de 23 de Agosto de 1842.[144]Seccion 9 del «Judiciary Act» de Setiembre de 1789.[145]Art. 4. sec. 3 de la Constitucion; «American Insurance Co. v. Canter,» 1PetersU. S. 511.[146]Art. 1, sec. 8.[147]El Presidente del tribunal de circuito del distrito de Colombia, Mr. Cranch, definió con mucha habilidad las facultades que tiene el poder judicial de ese distrito en el caso «The United States ex relat Stockes, Stockton and Moore v. Amos Kendall, Post Master General of the United States,» 5CranchC. C. 171. En la resolucion de este caso, con fundamento de la ley de 2 de Julio de 1836, se declaró que el tribunal tenia facultad para ordenar al Administrador General de correos, persona demandada, que acreditara á los informantes con la cantidad que elSolicitor of the Treasuryhabia decidido en su favor. El demandado se negó á comparecer á la cita del tribunal, alegando que como jefe de una de las secretarías de Estado, no estaba sujeto á su jurisdiccion para el efecto de la responsabilidad por sus actos oficiales. El Presidente del tribunal sostuvo: que éste tenia la misma jurisdiccion que tienen todos los tribunales de circuito de la federacion, en virtud de la seccion 11.ª de la ley de 13 de Febrero de 1801, y de la seccion 5.ª de la de 27 de Febrero del mismo año; y todavía mas: que solo era inferior á la Suprema Corte: que tenia facultad para hacer comparecer ante sí á cualquiera persona que se encontrara en su jurisdiccion territorial, desde la mas encumbrada hasta la mas humilde, y que en el Distrito, por elevada que fuese la categoría de un empleado, siempre podia llegar hasta él la accion del tribunal. Que en el caso, el demandado no podia escudarse con la autoridad ú órdenes del Presidente de la República. No existe ley alguna que establezca una relacion entre el Administrador General de Correos y el Presidente, quien no tiene facultades para prescribirle cuáles son sus deberes, ni entrometerse (control) en el ejercicio de sus funciones oficiales. En el desempeño de sus atribuciones, el administrador de correos es tan independiente del Primer Magistrado de la Nacion como éste lo es de aquel, y solo indirectamente puede ingerirse en (control) sus actos; á saber, por el temor que pueda tener de que lo remueva, y ningun acto verificado bajo semejante influencia seria justificable. Esta decision fué confirmada en la apelacion por la Suprema Corte de los Estados Unidos en Enero de 1838. «Kendall v. The United States,» 12PetersU. S. 524.[148]En el caso «The Canal Company v. Railroad Company,» 4Gill & Johnson's, 1, el tribunal de apelaciones de Maryland sostuvo que en el distrito de Colombia y en otros distritos, el Congreso legislaba no como una legislatura local, sino con su carácter propio de legislatura de la Union; y en el caso «The State v. New Orleans N. Company,» 11Martin's Reports, 38, 309, se declaró que la legislatura delTerritoriode Orleans pudo haber otorgado una concesion que obligara al futuro Estado de la Louisiana. En el de «Williams v. The Bank of Michigan.» 7Wendell, 539, elCourt of Errorsde Nueva York declaró que la facultad de instituir un banco estaba comprendida en las facultades generales que el Congreso habia conferido al territorio de Michigan en su ley del 11 de Enero de 1805. De la facultad que tiene el gobierno general para adquirir nuevos territorios, sea á título de conquista ó de compra se deduce forzosamente la de gobernarlos; y precisamente una de dos cosas debe suceder: ó están bajo el dominio y la jurisdiccion del gobierno federal, ó carecen enteramente de gobierno, supuesto que en el momento de su adquisicion, ni tienen derecho á un gobierno propio, ni están bajo la jurisdiccion de ningun Estado. Se encuentran sujetos al poder con que la Constitucion invistió al Congreso. Esta fué la doctrina en que la Suprema Corte fundó su resolucion en el caso "The American Insurance Company v. Canter," 1PetersU. S. 511, y puede verse tambien á Story, Com. 193, 198. 536, n. 1. En un caso resuelto por la Suprema Corte de Justicia del Estado de Massachusetts en 1841 (1Metcalf, 580) se sostuvo que las personas residentes en los lugares cedidos á la federacion para arsenales etc., en que los Estados no se hubieran reservado mas facultades que la de hacer notificaciones allí en los juicios civiles y criminales, no tenian derecho á gozar del beneficio de las escuelas públicas de la poblacion en que estuvieran situados; no estaban sujetas á las contribuciones locales; no adquirian los derechos de vecindad por su residencia, ni gozaban finalmente de las franquicias electorales como habitantes de la poblacion.[148a][148a]En cuanto al distrito en que residen los Supremos Poderes de la Nacion, se concedió al Congreso la «facultad exclusiva de legislar en todas las materias,» y en cuanto á los territorios, la de «expedir todas las disposiciones y reglamentos necesarios respecto á los mismos territorios ydemás propiedadespertenecientes á la Union.» La naturaleza y límites de la soberanía que tiene la Union sobre los territorios y sus habitantes, han dado lugar á discusiones políticas muy acres y peligrosas. En el célebre caso deDred Scott, 19Howard's Reports, U. S. 393, la mayoría de los magistrados que formaban la Suprema Corte opinaban que la última cláusula constitucional precitada solo se referia al territorio que existia en los Estados Unidos cuando se adoptó la Constitucion; pero que no podia aplicarse á los que la federacion habia adquirido despues de las naciones extranjeras, por tratado ó conquista. Opinaba asimismo que no era ilimitado el poder del Congreso sobre esta última clase de territorios: que los ciudadanos de los Estados que inmigraban y se radicaban en ellos, no podian ser considerados como colonos, sometidos al poder absoluto del congreso, sino que debian ser tratados como ciudadanos de los Estados Unidos, en el pleno goce de todos los derechos de ciudadanía que otorga la Constitucion, y que no podia tenerse como constitucional ninguna ley expedida con objeto de quitar á un ciudadano su propiedad, al hacerse vecino de un territorio. La cuestion se suscitó con motivo de una ley del Congreso que prohibia la esclavitud en el territorio de la Alta Louisiana que se habia adquirido de Francia mediante un tratado.[149]Hepburn v. Ellzey, 2Cranch, 445;Corporation of New Orleans v. Winter, 1Wheaton, 91.[150]Recurso de casacion.[151]Clarke v. Bazadone, 1Cranch202,United States v. Moore, 3 ibid 109.[152]Ciceron, en su oracion de la ley Manilia, cap. 14 describe con vivísimos coloridos las vejaciones y abusos cometidos por los magistrados romanos, que ejercian el poder civil y militar en las provincias lejanas.[153]En el caso de "Golden v. Prince" (3WashingtonC. C. 313) el magistrado Washington habia sostenido en el tribunal de Circuito de la federacion en Pennsylvania, que el Congreso tenia la facultad privativa de legislar en la materia de bancarrotas; pero despues modificó su opinion en el sentido de la doctrina expuesta en el texto.[154]Es decir que la facultad de los Estados es puramentesupletoriade la de la Union.[155]Está judicialmente resuelto que la ley que expidió un Estado para castigar el delito de circular moneda falsificada de los Estados Unidos, es válida, y que el Estado tuvo facultades para expedirla, considerándose que lafalsificacion de moneday lacirculacion de moneda falsaeran dos delitos enteramente distintos, «Fox v. The State of Ohio» (5How.U. S. 410.)[156]Mr. Hamilton, en el informe que como Secretario de Hacienda dió en Enero de 1790, relativo á "una disposicion para sostener el crédito público de los Estados Unidos," recomendaba que el gobierno general asumiera la responsabilidad de pagar las deudas de los Estados, fundándose, entre otras cosas, en que si se dejaba á éstos la obligacion de arbitrarse recursos para pagar las deudas que habian contraido durante la guerra de independencia (que entonces se calculaban en veinticinco millones de pesos), podria haber tal competencia, que produjera disposiciones encontradas, conflictos y desórdenes. Ciertos ramos de la industria nacional llegarian á estar muy recargados con las diversas contribuciones provenientes del ejercicio simultáneo de las facultades de la Union, y las de los Estados sobre unos mismos objetos. A pesar de que conocia perfectamente y muy á fondo todas las dificultades del caso, parece que no puso en duda la autoridad de cada uno de los gobiernos para imponer contribuciones á su discrecion, sino que adopta la política y recomienda la necesidad de la moderacion y tolerancia, cuando se diera el caso de prioridad en la ocupacion de un objeto para satisfacer un impuesto. Es un punto resuelto, y me parece muy claro en su principio, que al interpretar la facultad que tiene el Congreso para decretar contribuciones, derechos y alcabalas, no debe considerarse la cláusula relativa como una concesion absoluta, sin ningun límite ú objeto definido, sino que debe tomarse en conexion con las palabras que le siguen inmediatamente, sujetando y limitando el ejercicio de la misma facultad, "á fin de pagar las deudas y proveer á la defensa comun y bienestar general de los Estados Unidos." (for the purpose of paying the debts, and providing for the common defence and general welfare of the United States.) Este fin no constituye en sí mismo una facultad distinta, sino que califica la de que tratamos restringiéndola á los interesantes objetos que se especifican, aunque la aplicacion de ella admite y aun exige el ejercicio de un arbitrio discrecional, ámplio é indefinido. En los Comentarios de Story (vol. 2, 367-398) se refiere minuciosamente la historia de esta cuestion, y las muy fundadas opiniones que se dieron en ella. Véase particularmente el mensaje del Presidente Monroe sobre el proyecto de ley relativo al camino de Cumberland, de 4 de Mayo de 1822, ibid, 445-446. La cuestion de si el Congreso tiene facultades discrecionales para invertir los fondos recaudados por contribuciones, ó de otra manera, enotros objetosque los que marcan las facultades especificadas, ha dado lugar á discusiones muy notables; y la solucion afirmativa ha sido sostenida con éxito por la práctica del gobierno y las respetables autoridades, entre otras, de Mr. Hamilton y Mr. Monroe, en unos célebres documentos que oficialmente sancionaron. Véase el informe de Mr. Hamilton sobre manufacturas y el precitado mensaje del Presidente Monroe. Story, Com. vol. 2, p. 440-458. Tambien este distinguido comentador da á la afirmativa la sancion de su decisivo parecer.[156a][156a]En el caso de «Howell v. State of Maryland» (3 Gill 14) se decidió con muy buenas razones que los Estados pueden imponer contribuciones á un ciudadano residente por los intereses que tenga en buques matriculados, conforme á la legislacion federal.[157]Véase nota 10 del Traductor al fin.Nota 10, pág. 236.—"Imparlance" (deParler.)—En general significa el término que el Tribunal concede á uno de los litigantes para responder á su contrincante, por ejemplo, para contestar á la demanda, para la réplica, etc. Pero ordinariamente se limita al término para alegar.[158]Si llegare á darse el caso de que simultáneamente, un tribunal de la federacion y otro de un Estado expidieren mandamientos de embargo en debida forma contra unos mismos bienes, la prioridad en el tiempo decidirá cuál de los dos debia subsistir, para el efecto del depósito y remate de los bienes, «Jaylor v. Caryl,» [20 Howard United States, 583; «Treeman v. Howe»24 Howard United States, 456.][159]En el caso «The State v. Tutt» (2 Baileg S. C. 44) se declaró que independientemente de las leyes del Congreso, los tribunales de los Estados tienen jurisdiccion para castigar la falsificacion y circulacion de billetes de banco y moneda de los Estados Unidos, porque es una garantía indispensable para los ciudadanos. En el caso «The Commonwealth v. Fuller» (8 Metcalf, 313) se declaró que los mismos tribunales podian juzgar á los que conservaban en su poder moneda falsificada del cuño corriente, de plata ú oro, á sabiendas y con intencion de hacerla pasar. En las leyes de 1789, 1806 y 1825 se reconoce que los Estados tienen jurisdiccion concurrente sobre esta clase de delitos.[160]Caso de «Lockington» resuelto por el Presidente de la Suprema Corte de Pennsylvania, Mr. Tilghman, en Noviembre de 1813, 5HallL. J. 92, y 5HallL. J. 301-330. Ocurrieron casos análogos en Maryland, 5HallL. J. 486, y en South Carolina, 5HallL. J. 497. «Commonwealth v. Harrison,» 11Massachusetts, 63; véase además el caso de José Almeida, en Maryland, de Pool y otros en Virginia, citados en el Derecho Constitucional de Sergeant, p. 279, 280. Por los Estatutos Revisados de New York (vol. II p. 563, sec. 22) los tribunales del Estado pueden otorgar elhabeas corpusen cualquier caso, ménos en aquellos en que se trate de una persona detenida por órden de algun tribunal ó juez federal, y sean de jurisdiccionprivativa.[161]La ley de 24 de Setiembre de 1789, sec. 33 faculta á los jueces de paz y demás jueces decualquiera de los Estadospara arrestar y reducir á prision, ó exigir fianza carcelera á cualquiera persona que cometa un delito contra la federacion.[162]Se ha debatido muy acaloradamente la cuestion de si se puede cometer el delito de traicion contra uno de los Estados en particular. Si el delito importa una traicion contra toda la nacion, pertenecerá al conocimiento esclusivo de los tribunales federales. Esta fué la doctrina que defendió la Suprema Corte de New York en el caso «The People v. Lynch» (11Johns549); pero convino en que era posible que hubiera traicion contra un Estado, sin que lo fuera á la vez contra la Union; por ejemplo, si se resiste al cumplimiento de las leyes del Estado, ó se intenta usurpar su gobierno por la fuerza. Mas elllevar la guerraá un Estado, es llevarla á todos los Estados en su capacidad federal, delito que solo el gobierno de la Nacion debe castigar. Parece por lo mismo que el delito de traicion contra uno de los Estados Unidos, separadamente, solo puede tener lugar cuando la oposicion armada que se hace á sus leyes no va acompañada con la intencion desubvertir el gobierno. Es necesario convenir sin embargo en que el lenguaje de las leyes de muchos Estados es tan general, que comprende la traicion en toda su amplitud, y no están bien definidos los límites de ese delito cuando solo ataca un Estado. Se encuentra un ensayo muy bien escrito sobre esta materia en el «American Law Magazine,» número 8 de Enero de 1845. La ley espedida por la Legislatura de New York (1N. YorkR. S. p. 170, 326. 3.ª ed.) supone que la traicion que se comete en el Estado puede ser juzgada y castigada segun sus leyes. Esta fué tambien la doctrina que sostuvo la Suprema Corte de Rhode Island en la causa de Dorr, y tiene el apoyo de escritores como Mr. Rawle y Mr. Sergeant. Véase «Wheaton's American Criminal Law,» Philadelphia, ed 1846 p. 586-592.[162a][162a]En 1859, John Brown con una pequeña fuerza armada invadió el Estado de Virginia, con el objeto de dar la libertad á los esclavos y derrocar el gobierno del Estado. Fué juzgado y ejecutado por un tribunal local por el delito de traicion.[163]Barron v. The Mayor and City Council of Baltimore, 7Peters U. S.243. Véase tambien «In re Smith,» 10Wendell, 449.[164]Los Estados no pueden establecer gobiernos militares permanentes; pero esto no impide que puedan emplear la fuerza armada para sofocar una rebelion, en caso de que no bastare al efecto la autoridad civil. Véase el caso de «Luther v. Borden,» 7HowardU. S. 1. Este caso es de sumo interés pues en él se discuten extensa y luminosamente los principios fundamentales de gobierno.[165]«Craig v. The State of Missouri» (4PetersU. S. 410). En el caso de «Briscoe v. The Bank of Kentucky» (11Peters, 257) se discutió muy largamente sobre cuáles son losbilletes de créditoque la Constitucion prohibe á los Estados emitir, y se dijo que eran: «documentos expedidos con la autoridad y bajo la fé del Estado, para que circulen como dinero efectivo,» declarándose que la cláusula prohibitoria de la Constitucion, no comprendia la fundacion de un banco, hecha en nombre y beneficio del Estado de Kentucky, con un capital de dos millones de pesos de su exclusiva propiedad, administrado por un presidente y doce directores elegidos por la Legislatura, pudiendo recibir depósitos, hacer empréstitos y emitir billetes pagaderos al portador á la vista, los cuales, en virtud de una ley posterior, debian ser de forzosa admision en los juicios ejecutivos para el actor, sopena de suspenderse por dos años la secuela del juicio, en caso de que se rehusare. El Sr. Magistrado Story no asintió á esta declaracion, añadiendo que el Presidente de la Suprema Corte Mr. Marshall, habia sido de su parecer cuando en el término anterior de las sesiones se informó á la vista en este mismo caso, que para él era idéntico al de «Craig v. The State of Missouri,» respecto á los principios que envolvia. Séame permitido manifestar, con todo el respeto que tributo á la Suprema Corte, que esta decision revoca en lo sustancial la que se dió en el precitado caso de Craig, y que enerva la fuerza é importancia de la prohibicion constitucional. En el caso de «Linn v. State Bank of Illinois» (1Scammon87) resuelto por el Supremo Tribunal del Estado de Illinois en 1833 aparecen las siguientes circunstancias: que el banco era propiedad del Estado, tenia facultad para emitir billetes ó vales al portador desde uno hasta veinte pesos, que debian devengar intereses y recibirse en pago de los adeudos al Estado: que la Legislatura se habia comprometido á redimirlos, y que los acreedores que se resistieran á recibirlos en pago de sus créditos, tenian por vía de pena que esperar tres años, antes de que pudieran hacer efectivos sus cobros. Segun el mencionado tribunal habia una analogía tan perfecta entre este banco y el de Missouri, que era aplicable y obligaba al Estado como á todos los demás, la resolucion del caso de Craig, y declaró en consecuencia que era inconstitucional la ley del Estado que creaba el banco, y que sus billetes carecian de valor. En el caso de «Mc Farland v. The State Bank» (4Arkansas44) la Suprema Corte del Estado de Arkansas declaró que le obligaba la decision dada en el caso de «Briscoe v. The Bank of Kentucky,» admitiendo sin embargo que derogaba la que se habia dado en el de «Craig v. The State of Missouri,» cuya derogacion lamentaba, porque á su juicio ella contenia la verdadera y sana doctrina constitucional. El banco de Arkansas se encontraba en el mismo predicamento y tenia los mismos principios constitutivos que el de Missouri: sus billetes eran billetes de crédito, si se sujetaban á las doctrinas asentadas en la decision del caso de Craig; pero no lo eran segun las que se aprobaron en la del caso de Briscoe, y, á juicio de la Corte, éstas eran las que debian aplicarse.[165a][165a]El principio asentado en el caso de «Briscoe v. The Bank of Kentucky,» fué confirmado despues en el de «Dorrington v. The Bank of Alabama,» 13Howard, U. S.12.[166]«Craig v. The State of Missouri,» ubi sup. Segun parece, el Magistrado Story (Comentarios á la Constitucion vol. 3 p. 19) sostiene la opinion de que si prescindimos por un momento de la larga práctica seguida desde que se adoptó la Constitucion, y consideramos la cuestion comores integra, segun las sanas reglas de interpretacion, los Estados no tienen facultad para crear bancos cuyo papel deba circular como moneda corriente, supuesto que se les prohibió espresamente acuñar moneda, y cita en su apoyo las opiniones de Mr. Webster, Senador de la Union, y de Mr. Dexter, Secretario que fué de la Guerra. Mas contra estas opiniones podria citarse la opinion tan respetable ó acaso más de Mr. Hamilton, el primer secretario que desempeñó la cartera de Hacienda, fuera de que son decisivos en la materia el juicio contemporáneo de todo el país y la práctica que invariablemente se ha seguido. La circulacion de los billetes de banco,checksy vales negociables, tiene por base el crédito privado, pues no son de forzosa admision, teniendo libertad las personas para recibirlos ó nó. Es claro, por lo mismo, que la Constitucion solo se refirió á los billetes de crédito, emitidos en virtud de alguna ley, en nombre y bajo la fé del Estado, para que circulen como dinero efectivo, de lo que teniamos ejemplos tan perniciosos en nuestra historia. Sus palabras fueron estas: "los Estados no podrán emitir billetes de crédito" [no State shall emit bills of credit]». Esta prohibicion no comprende la emision de billetes por personas particulares, individual ó colectivamente consideradas, sea que se asocien en virtud de algun contrato privado, como sucedia con el banco de New York á fines de 1791 antes de haber obtenido su carta de fundacion, ó sea que lo hagan en virtud de alguna carta de incorporacion, siempre que el Estado no preste su crédito, sancion penal ó coaccion para sostener la circulacion. Esta cuestion quedó resuelta en el caso de «Briscoe v. The Bank of the commonwealth of Kentucky,» declarando la Corte que la Constitucion no restringia la facultad de los Estados para fundar bancos, no tuvo la mente de proscribir los billetes de éstos, ni los consideró comobilletes de crédito, 11Peters U. S.257, 345-349.[167]Toda ley que cambia el castigo de un acto criminal cometido antes de su expedicion es retroactiva, y solo dejará de ser nula cuando el cambio consista en la remision de una parte del castigo. «Hartung v. The People,» 22New York95; «The Sanchez v. The People,» id. 147.[168]Los gariteros en los caminos nacionales que pasan por terrenos de los Estados, no pueden parar el carruaje que lleva la correspondencia pública por falta de pago del peage. El recurso que puedan tener, si acaso existe alguno, consistirá en demandar al contratista.Hopkins v. Stockton, 2Watts &. Serg.163.[169]El Procurador General ha declarado y sostenido oficialmente que el Poder Judicial de la federacion no tiene más facultades para ordenar al Ejecutivo que suspenda la ejecucion de una ley ó el cumplimiento de un deber constitucional, que la que pudiera tener para impedir que la legislatura expidiese una ley.Opinions of the Attorneys General, Julio 27, 1824. Vol. 1. 507, 508.[170]El Estado de Arkansas instituyó un banco cuyos billetes, segun la ley de fundacion, debian ser admitidos en pago de todos los adeudos al tesoro del mismo Estado, que era el solo dueño de las acciones. Judicialmente se declaró que la derogacion de dicha ley no desvirtuaba la obligacion que el Estado tenia de recibir en pago de sus créditos los billetes expedidos antes. «Woodruff v. Trapnal» [10Howard U. S.190.] «Paup v. Drew,» (ibid 218.) En los casos «Baltimore &. S. R. Co. v. Nesbit» [10Howard, U. S. 396] «Buter v. Pennsylvania» (id 402) «East Hartford v. Hartford Bridge Co.» (id. 511) se discute estensamente sobre el significado de las palabras «desvirtuar un contrato.»[171]En el caso de «Brewster v. Hough» [10New Hampshire138] se declaró que la legislatura de un Estado no puede desposeerse de la facultad de imponer contribuciones, porque ésta pertenece á la soberanía ó dominio eminente del Estado, opinando el tribunal que solo podria sostenerse la decision dada en el caso de «New Jersey v. Wilson,» considerando la ley á que se refiere como un tratado celebrado con los indios. Mr. Marshal, Presidente de la Suprema Corte de la nacion, opinaba que no era de presumirse que un Estado hubiera convenido en renunciar á dicha facultad, cuando no hubiera una estipulacion expresa al efecto. Mas en el de «Gordon v. Appeal Tax Court» [3HowardU. S. 133] se declaró que una legislatura podia hacer un contrato válido, que debia respetar, de no imponer contribuciones á un banco ó á sus accionistas. Parece que esta declaracion destruye la duda que sugeria la que se dió en el caso deNew Hampshire, y prueba que un Estado, por razones de política ó conveniencia pública, puede comprometerse á no ejercer su poder soberano sobre cualquiera de las materias á que éste se extiende. Este punto está muy bien discutido en la publicacion titulada «American Law Magazine,» entrega de Enero 1846, art. 4 «State Bank of Ohio v. Knoop» (16How.U. S. 369) «Ohio L. Insurance &. Trust Co. v. Debott» (16HowU. S. 416).[172]En el caso «Christ's Church v. Phil» (24How.U. S. 300) la Suprema Corte de los Estados Unidos declaró que la exencion del pago de contribuciones concedida en la carta de fundacion á una sociedad, era por su misma naturalezadurante beneplácito, pudiendo ser revocada por leyes posteriores. Sin embargo, en el caso «Jefferson Branch Bank v. Shelly» (1Black436) la misma Suprema Corte declaró que habiendo una causa de compensacion adecuada, un Estado puede eximir á una sociedad del pago de contribuciones en la misma carta de su fundacion, y que no podria revocar la concesion por alguna ley posterior. En el caso, segun la carta de fundacion, el banco debia pagar al Estado el seis por ciento de sus ganancias, en lugar de las contribuciones. Véase tambien «Piqua Branch of the State Bank of Ohio v. Knoop» [16HowardU. S. 369] y «Dodge v. Woolsey» [18How.U. S. 331] en que se resolvió el punto de la misma manera. En el de «Jefferson Branch Bank v. Shelly» 9Ohio State616, la Suprema Corte de Ohio no se sujetó á la doctrina de los últimos dos casos, y sostuvo que la ley que impuso la contribucion [á pesar de la exencion del banco] era constitucional; pero la Suprema Corte de la nacion revocó su fallo en la apelacion 1Black sup.[173]El título de este caso tan célebre en la jurisprudencia constitucional de los Estados Unidos, y que se ha citado como ejecutoria para la resolucion de otros muchos, es «The Trustees of Dartmouth College v. William H. Wodward.» Tuvo el litigio su primera instancia en uno de los tribunales decommon Pleasdel Estado de New Hampshire, y se instituyó para recobrar los libros, carta original de fundacion, sello y otros efectos de la propiedad del colegio. De consentimiento de las dos partes se llevó ante el Tribunal Superior del Estado, y hecha relacion de los hechos, se sometió al fallo judicial el punto de la validez y fuerza obligatoria de dos leyes expedidas por la legislatura del Estado, decidiendo el tribunal en pro de la validez, y absolviendo por lo mismo á la parte demandada. Llevado el caso en apelacion ante la Suprema Corte de los Estados Unidos, ésta, por todos los votos de sus magistrados, ménos uno, revocó el fallo del inferior, declarando que las leyes espedidas por la legislatura eran inconstitucionales, y su observancia no obligaba á los administradores del colegio. Este instituto obtuvo su carta original de fundacion del gobierno británico en 1769, y en ella se puso bajo la direccion de una junta de doce miembros, los cuales debian tener el manejo y la administracion exclusiva de todos sus bienes, con facultad de nombrar á sus sucesores. La legislatura de New Hampshire sancionó una ley cambiando el nombre de la corporacion, y disponiendo que la junta se compusiera de veintiun miembros nombrados por el Gobernador de acuerdo con su consejo de Estado, pasando á la nueva corporacion todos los derechos, facultades, inmunidades y privilegios de la antigua. Otra ley adicional autorizaba al demandado, que era el tesorero de la primitiva junta (parte actora) para conservar la posesion de los bienes contra la voluntad de aquella. La causa se vió en plena Corte el 10 de Marzo de 1818, informando á la vista como patronos de los reclamantes Mr. Daniel Webster y Mr. Hopkinson, y por la parte demandada Mr. Holmes y el Procurador General de la nacion Mr. Wirt.Nota del traductor.[174]Véanse los casos «State v. Heyward» (3Rich.389) y «Toledo Bank v. Bond» (1Ohio State622). Se declaró en el último, que la carta de fundacion de una corporacion privada no es un contrato que pueda comprenderse en la cláusula constitucional, negándose que en el caso del Colegio de Dartmouth, la doctrina contraria hubiera recibido la sancion de la mayoría de los votos de la corte.
[121]Segun la mente de la Constitucion, la palabraEstadosolo es aplicable á los miembros de la confederacion americana, pero no á losterritoriosde la federacion. «Seton v. Hanham,» R. M.CharltonGeorgia 374; «Hepburn v. Ellzey,» 2Cranch, 445; «Corporation of New Orst anev. Winter,» 1Wheaton91.
[122]Por lo mismo el nombramiento de cónsul hecho en favor de una persona, no pone fin á la jurisdiccion del tribunal de un Estado.Koppel v. Heinrichs, 1Barb[N York] 449.
[123]En el caso de «Mc Nutt v. Bland,» 2HowardU.S. 9, se resolvió que un ciudadano de Mississippi podia ser demandado ante el tribunal de circuito federal por un ciudadano de otro Estado, aunque éste instituyera su demanda en nombre de un administrador de bienes ajenos ciudadano tambien de Mississippi,con tal de que aquel fuera parte interesada en el litigio. El magistrado Daniel disintió, sosteniendo con fundamento de otras decisiones anteriores, que la jurisdiccion dependia, no de la condicion de las partes interesadas en el litigio, sino del carácter de las personas que aparecian como partes en los autos.
[124]9Wheaton, 904; «Bank of Kentucky v. Wister,» 2PetersU. S. 318, S. P. En este caso se resolvió que un banco podia ser demandado aun en el evento de que todo su capital y administracion fueran del Estado que lo incorporó.
[125]En el caso de "Alexander v. The Duke of Wellington" [Russ and Myene35] Lord Brougham dijo que las presas militares descansaban en los mismos principios de derecho que las marítimas, á pesar de que no hay ningun estatuto sobre el particular.
[126]Le Caux v. Eden,Doug594The Amiable Nancy1Paine Circuit Court111,Chamberlain v. Chandler3Mason, 243, 244. En las capturas hechasjure belli, basta que ellas se funden en una causaprobabley lo mismo sucede en lo general respecto á los actos comprendidos bajo la expresion "marine torts" y al ejercicio de los derechos de beligerante, cuando se hubieren observado las restricciones establecidas por disposiciones legales.The Palmyra12,Weaton1.
[127]En algunas opiniones sometidas oficialmente al Ejecutivo en los años de 1812 y 1814, se consideraba como indisputable que el conocimiento y castigo de los delitos graves perpetradosdentro de los límites jurisdiccionales de los Estados Unidos, á bordo de los buques de guerra de la nacion, no tocaba á las cortes marciales de marina, sino á los tribunales de la justicia ordinaria. (Opinions of the Attorneys-General,Washington, 1841, vol. 1. ps. 114-120.) Pero la ley que expidió el Congreso el 23 de Abril de 1800, c. 33, «para mejorar el gobierno de la marina de los Estados Unidos,» en su artículo 21, dispuso que el delito de homicidio cometido por algun oficial, marinero ó marino al servicio de algun buque ó navío público de los Estados Unidos,fuerade la jurisdiccion territorial de los mismos, podria ser juzgado por una Corte marcial, y castigado con la pena de muerte.
[128]«United States v. Grush,» (5Mason, 290.) En los casos «The United States v. Davis and Hanlon,» resuelto por el tribunal de circuito federal del distrito de New York, y «The United States v. Jackson,» (2,New York Legal Observer, 3, 35) se declaró, que por la ley de Abril de 1790, los tribunales federales no tenian jurisdiccion para conocer de un robo cometido á bordo de un buque americano anclado en el puerto de Savannah, del Estado de Georgia, como tampoco la tendrian para conocer de ese delito, si hubiera sido cometido en la jurisdiccion local de una potencia extranjera. Pero sí serian competentes para conocer de él cuando se hubiera cometido en alta mar. Las leyes de 30 de Abril de 1790, [c. 9] y 3 de Marzo de 1825 [c. 67] no son bastante claras en la materia de la jurisdiccion criminal del almirantazgo sobre los delitos cometidos en alta mar. Las secciones 8.ª, 9.ª, 10.ª, 11.ª y 12.ª de la ley de 1790 contienen disposiciones para castigar el homicidio, el robo y otros delitos cometidos en alta mar, "por cualesquiera persona ó personas," sin limitarlas específicamente á ciudadanos ni á buques americanos; y á pesar de esto, ya se han pronunciado sentencias fundadas en aquella ley declarando que el delito de robo cometido por un extranjero en alta mar, á bordo de un buque de la propiedad exclusiva de súbditos extranjeros, no era delito de piratería segun la mente de la ley, ni podian castigarlo los tribunales de los Estados Unidos. «United States v. Palmer,» 3Wheaton, 610. La ley contiene prevenciones para castigar las heridas que causen mutilacion, pero solo en los casos en que hubieran sido inferidas en buques americanos, sean públicos ó privados. En virtud de la seccion 9.ª de la ley de 3 de Marzo de 1825, expedida para «el castigo mas eficaz de ciertos crímenes» etc. cualquier delito, como por ejemplo, el robo de efectos de un buque náufrago,sea que se hubiere cometido durante la pleamar ó la bajamar, está sujeto á la jurisdiccion de los tribunales federales. «United States v. Coombs,» 12PetersU. S. 27. Las secciones 4.ª, 7.ª y 8.ª de la misma ley contienen acerca del homicidio, rapto y otros delitos que mencionan disposiciones generales, aplicables, segun sus propias palabras «á cualesquiera persona ó personas,» sin definir el carácter del buque en que pueda cometerse. Pero la seccion 6.ª que se refiere al robo en alta mar, restringe la jurisdiccion al caso en que se hubiere cometido á bordo de buques-americanos, y lo mismo hace la 22.ª que se refiere á los asaltos con intencion de cometer algun delito grave, mientras que la 23.ª que declara ser delito grave conspirar en alta mar para destruir un buque con intencion de perjudicar á los aseguradores, se expresa en términos generales, y es aplicable á toda clase de personas.
En vista de las diversas decisiones judiciales que interpretan los párrafos de la ley que hemos citado, no es fácil comprender cuál haya sido la mente que tuvo el legislador al expresarse unas veces en lenguaje general y otras usando de términos que restringen el sentido. Pero sí podemos afirmar acertivamente que siempre que los delitos cometidos en alta mar tengan la gravedad de piratería segun el derecho internacional, serán competentes los tribunales de circuito de la federacion para conocer de ellos, sean quienes fueren los delincuentes ó el lugar en que se hubiere cometido. Mas si se tratare de delitos que no tienen esa gravedad, lo serán solo cuando los delincuentes ó los buques en que aquellos se cometieren, tuvieran la nacionalidad americana. Si un ciudadano americano cometiere un delito en alta mar á bordo de un buque extranjero, la jurisdiccion personal sobre el ciudadano, si es que existe, será concurrente con la del gobierno extranjero cuya nacionalidad tenga el buque. En virtud de la seccion 8.ª de la ley de 30 de Abril de 1790 los tribunales federales son competentes para conocer de los delitos cometidos por ciudadanos americanos á bordo de buques extranjeros, por extranjeros á bordo de buques americanos, ó por ciudadanos americanos ó extranjeros á bordo de buques piratas. «United States v. Holmes,» 5Wheaton, 412. La ley de 1825 amplió la jurisdiccion de los tribunales federales, declarándolos competentes para conocer de los delitos cometidos á bordo de buques americanos y por sus tripulantes, en cualesquiera lugares, ó aguas sujetas á las mareas. La de 1835 la extendió no solo á los delitos cometidos en alta mar, sino en cualesquiera aguas que se encuentren dentro de la jurisdiccion marítima de los Estados Unidos. «United States v. Lynch,» (2 N. Y. Legal Observer, 51) «United States v. Roberts,»ib.99.
[129]"United States v. Hudson and Godwin," 7Cranch32. "United States v. Coolidge," 1Wheaton415. "United States v. Bevans," 3di.336. "United States v. Wiltberger," 5id.76. La jurisdiccion de la Suprema Corte está definida por la constitucion; pero no sucede lo mismo respecto á los tribunales inferiores. Estos no tienen mas facultades que las que les conceden las leyes, y á ellas tienen que sujetarse "Smith v. Jackson," 1Paine c. c.453.
[130]3Wheaton, 546. Es un principio bien establecido en el derecho marítimo, que los navieros son responsables ante el almirantazgo por las faltas que cometieren sus capitanes en actos del servicio del buque, propios del cargo que ejercen. «The State Rights,»Crabbe, 22. «The Rebeca,»Ware Adm.187.Abbott on Shipping,p.398, 399. «Sherwood v. Hall,» 3Sumner, 131. En el caso de «Chamberlain v. Chandler» (3Mason, 242) se declaró que el almirantazgo podia conocer de los agravios y perjuicios inferidos á un pasajero en alta mar por el capitan de un buque, empleando para ello la fuerza, directa ó indirectamente; y en el de «Plumer v. Webb,» (4Mason380) que un padre ó maestro de oficio podia entablar una demanda ante el almirantazgo por los salarios ganados por los menores ó aprendices en servicio de la marina, ó por agravios que se les infirieran en alta mar, como, por ejemplo, el haber sido llevados en el buque sin el conocimiento de aquellos,per quod servitium amisit. Si el agravio se cometió en un puerto y continuó en el mar, ó si se cometió un ataque á la propiedad en el mar y continuó en tierra, habrá un delito marítimo sujeto á la jurisdiccion del almirantazgo. Los tribunales de almirantazgo pueden conceder indemnizacion por perjuicios indirectos (consequential damages); caso delBetsey Caines, 2Hagg Almiralty28. Los tribunales del derecho comun conocen concurrentemente con el tribunal de la instancia del almirantazgo de los delitos marítimos (marine trespasses) independientemente de la cuestion de presas, «Percival v. Hickley,» 18Johns, 257. «Wilson v. Mackenzie,» 7Hill(New York) 95. El almirantazgo puede conocer de una demanda por perjuicios provenientes de la falta de cumplimiento de un contrato marítimo, aunque el buque no hubiere salido al viaje.Abbott on Shipping,part.4,c.4sec.4; véase el caso «The City of London, in the Almiralty,»Nov. 1839, y el tratado de Curtis «On Seamen» p. 300, 356. Mas si se tratare de una falta ó delito cometido por el capitan contra un individuo de la tripulacionen tierraóen un puerto extranjero, habria un caso propio de la jurisdiccion del derecho comun, pues el almirantazgo no atrae á su fuero los delitos cometidos en tierra. «Adams v. Haffards,» 20Picks127. El almirantazgo, dice el Sr. Magistrado Story, no pretende tener jurisdiccion sobre los delitos, si no es que tengan el carácter de marítimos, sea que hubieren sido cometidos en alta mar, ó en aguas sujetas á las mareas... Parece que la opinion del ilustre Magistrado difiere de la de los tribunales delCommon law, en el caso en que dichas aguas se encontrarendentro del ámbito de un condado, supuesto que entonces tiene jurisdiccion el almirantazgo.
[131]1Blackstone's Com.112;Constables case, 5Co.106, 107,Barber v. Wharton, 2Lor Raym.1452; 2East P. C.803; 4Blacks. Com.268; «The King v. Forty nine casks of brandy,» 3Hagg Adm.257. Procede la jurisdiccion del almirantazgo en la playa, cuando estuviere cubierta de agua, y la del derecho comun, cuando queda seca. «The Pauline,» 2Rob. Adm.358.
[132]King v. Soleguard,Andrew, 231: resolucion de los jueces dada en 1632, citada en 2.Bro. civil and Almiralty Law, 78;Stanton J. Fitz. Abr. corone.399, 8Edward II; 4Instit.140;Hawkins P. C.lib.2c.9sec.14; 2East. P. C.804; 5Wheaton, 106,nota:com. Dig. tít. Adm.2. 7. 14.United States v. Grush, 5Mason, 290.
[133]Hale history P. C.vol.1p.13, 18, 54; 6Instit.113;Constable's case, 5Co.106a,Lord Hale Harg L. T.c.4p.10.; «United States v. Grush, 5Mason, 190». El 7 de Enero de 1840 el tribunal de Distrito de la Federacion en Connecticut, sostuvo en el caso de «Gedney v. Schooner La Amistad,» que el buque, hallándose en aguas sujetas á las mareas, á la vista de tierra, distante cinco millas de Montauk Point, diez y ocho de New London y media milla de la costa de Long Island, sin hallarse en ninguna bahía conocida, estaba enalta mary bajo la jurisdiccion del almirantazgo, pues alta mar significa el oceano, fuera de lasfauces terræ. «The Schooner Harriet,» 1Story Circuit courts259. En el caso «The Public Opinion» (2Hagg Adm.398) se declaró que el almirantazgo carecia de jurisdiccion sobre un caso que tuvo lugar en el Humber, á veinte millas del mar pero en aguas sujetas al flujo y reflujo, por razon de que dichas aguas estabaninfra corpus comitatus. Mas el tribunal federal de distrito de la parte setentrional de New York, en el caso de «Van Santvort v. The Boat John B. Cole,» declaró en 1846, que un contrato para la entrega de un cargamento de harina en New York, celebrado á bordo de un bote de canal, en Albany, en aguas navegables del Hudson, sujetas á las mareas, era contrato marítimo, por referirse á un negocio mercantil y de navegacion, y pertenecia á la jurisdiccion del almirantazgo. (The New York Legal Observer for October, 1846.)[133a]
[133a]Para que nazca la jurisdiccion de almirantazgo, no es necesario que todo el viaje se haga sobre aguas sujetas á las mareas. VéaseThe Robert Morris,Wallace,Jun.33.
En el caso «Thomas v. Lane,» (2Sumner Rhode Island) tratándose de delitos marítimos (maritime torts) se declaró que el almirantazgo solo es competente para conocer de los que tenian este carácter, ó hubieran sido cometidos en alta mar, ó en aguas que tienen flujo y reflujo, recordando que los tribunales del derecho comun sostienen la suya, cuando dichas aguas se encontrarendentro de la demarcacion de un condado. Mas se dijo que esa restriccion evidentemente no tendria aplicacion en loscasos ocurridos en países extranjeros en aguas sujetas á las marcas, y que el almirantazgo tendria jurisdiccion para conocer de los delitos cometidos en dichas aguas, siendo necesario expresar esa circunstancia en el libelo de demanda, pues no basta que se sobreentienda. En el caso «The United States v. Davis,» [2Sumner, 482,] hubo dudas sobre si un parage en un arrecife de coral en Raiatea, una de las islas «Sociedad,» que quedaba cubierto con el agua durante la creciente y seco en la menguante, debia considerarse ó no como de alta mar para el efecto de conferir jurisdiccion criminal, pues un mismo lugar puede reputarse de alta mar durante la creciente, y ser estrictamente una parte de la tierra en la menguante, como sucede en las riberas del mar, segun las doctrinas que se sentaron en el «Constables case,» [5Co.106a.] En los casos «United States v. Ross» [1Gallison, 624] y «United States v. Pirates,» [5Wheaton, 184] se declaró terminantemente que un buque que se hallaba en un puerto abierto, dentro de una legua marítima de la costa,estaba en alta mar, segun la seccion 8.ª de la ley de 30 de Abril de 1790, y que por esta razon los tribunales federales tenian expedita su jurisdiccion. En esa ley el término «alta mar» comprende aquellas aguas de la costa que están fuera de los límites de la raya que marcan las aguas en tierra durante la bajamar. Pero á pesar de esta decision, en el caso «United States v. Robinson,» [4Mason, 307] se declaró que un delito cometido en una bahía enteramente cerrada de arrecifes, no habia sido perpetrado en alta mar. Son tan contradictorias las decisiones judiciales de dichos casos, que no es posible fijar conclusiones definitivas en esta materia.
Parece que todos convienen en que el almirantazgo tiene jurisdiccion para concederindemnizacion de perjuicios por agraviosó daños personales cometidos en alta mar; que en Inglaterra las aguas sujetas á las mareas, que se encuentran en la demarcacion de un condado no están bajo la jurisdiccion del almirantazgo; (Coke's 4thInstit.134; 2Brown's Civil and Admiralty Law111;The Nicolás Witzen, 3Hagg. Adm.369); pero que sí lo están en los Estados Unidos, donde esa jurisdiccion puede conocer de los delitos cometidos en ellas. (Véase á Curtis,Treatise on Seamen, p. 262 y los que cita). Aun mas: el almirantazgo podrá conocer de los delitos de tracto sucesivo, comenzados en tierra y consumados en aguas que tienen mareas. «Plumer v. Webb» [4Mason, 383, 384];Steele v. Thatcher, [Ware Admiralty91]. Se admite, sin embargo, que en este país, tambien los tribunales del derecho comun tienen jurisdiccion para conocer de los contratos de los marineros y de los delitos cometidos en alta mar. Mas estos tribunales no son competentes para conceder un remedioin rem, y solo conceden remedios personales.
En el caso «The Steamboat Black Hawk,» fallado en el tribunal del distrito setentrional de New York, [Conkling's Treatise, 2ded. p.350.note] se declaró que eran casos de la jurisdiccion del almirantazgo ciertos embargos hechos en el «San Lorenzo,» en lugares muy distantes de aguas sujetas á las mareas, como en Ogdensburgh y en algunos puntos del lago Ontario, por infraccion de las leyes de navegacion de los Estados Unidos. El instruido magistrado que sentenció, fundó su decision en la práctica constantemente aplicada y jamás contrariada de mas de cincuenta años; pero con mucha buena fé reconoció que podia disputarse la jurisdiccion de almirantazgo del tribunal, que debia sostenerse en vista del trascurso del tiempo que llevaba de ejercerse. En el caso de «Wyman v. Hurlburt,» [12Ohio, 81] el tribunal pasó sin resolver la cuestion de si las aguas no sujetas á las mareas en los grandes lagos, estaban bajo la jurisdiccion del almirantazgo. Pero en la actualidad y á virtud de la ley de 26 de Febrero de 1845, en todo lo que se refiera á contratos y delitos que tuvieren lugar á bordo de cualquiera clase de buques de 20 toneladas para arriba, con patentes para hacer el comercio de cabotage entre puertos pertenecientes á distintos Estados y territorios, sobre los lagos y las aguas navegables por las cuales se comunican, los tribunales de distrito tienen la misma jurisdiccion que la que ejercen sobre los casos ocurridos á bordo de los buques destinados á la navegacion y comercio en alta mar, ó en aguas sujetas á la jurisdiccion de almirantazgo y marina de los Estados Unidos. El derecho marítimo de los Estados Unidos constituirá la regla de decision de dichos casos hasta donde sea aplicable, en la misma manera y extension, y usándose de la misma equidad con que se aplica actualmente en los casos de jurisdiccion de almirantazgo, con la salvedad de la garantía del juicio por jurados y de los remedios del derecho comun, cuando fueren procedentes.[133b]
[133b]La jurisdiccion que tienen los tribunales de distrito en los casos de almirantazgo no se deriva de la ley de 1845, sino de la misma constitucion federal; ni se limita á las aguas que tienen crecientes y menguantes, sino que se extiende á los lagos y rios navegables en los cuales se hace el comercio entre dos ó mas Estados, ó entre los Estados y una nacion extranjera.The Bacchus, [1Newberry Admiralty1.]
En el caso de laJenny Lind, [1Newberry Adm.443] el tribunal sostuvo que la jurisdiccion del almirantazgo estaba ya establecida de una manera indisputable en toda la longitud y anchura del rio Mississippi, y en todos los demás rios públicos, hasta donde sean navegables desde el oceano por buques de diez toneladas.
En el de "Jackson v. Steamboat Magnolia," [20Howard vs.296] se confirmaron los principios en que se fundaba esa decision, y la Suprema Corte declaró que el tribunal federal del distrito del centro de Alabama, era competente para conocer de una colision de dos barcos ocurrida en el rio Alabama, dentro de la demarcacion de un condado, y fuera de aguas sujetas á las mareas á pesar de que dicho rio corre al través del Estado de su nombre, y no sirve de límite entre Estados colindantes. Los Sres. Magistrados Catron, Daniel y Campbell, disintieron de la mayoría de la Corte. El primero expuso que creia un deber de su parte hacer una protesta solemne contra la decision de la Corte y contra la doctrina que se alegaba en su apoyo "como una violacion de la carta fundamental, é insistió en union de Mr. Campbell, en que las pretensiones de la Corte eran inconstitucionales, diciendo ambos que á su juicio el fallo daba una extension incalculable á la jurisdiccion, mucho mayor que todos los demás que hasta entonces se habian pronunciado, y que debia crear necesariamente una revolucion en las facultades de almirantazgo que ejercen los tribunales de los Estados Unidos."
[134]En el caso de que nos ocupamos, el Magistrado Story dijo que en los contratos marítimos se comprendian, entre otras cosas, las cartas partidas, fletamentos, las hipotecas marítimas, los contratos relativos á servicios marítimos, como los de construir, reparar, abastecer y navegar un buque, los celebrados entre sus condueños, los contratos y cuasi-contratos sobre averías, contribuciones y pólizas de seguros. Manifestó que estos últimos en algunos países extranjeros están sujetos á la jurisdiccion de los tribunales de almirantazgo, como contra-marítimos.[134a]
[134a]Este punto fué muy discutido en la Suprema Corte en el caso "New Jersey Steam Navigation Company v. Merchant's Bank" (6Howard U. S.344). La corte aprobó por mayoría de votos el fallo del tribunal de circuito en Rhode Island, procediendo en almirantazgo, en una demanda personal contra una compañía de vapores de rio, por pérdidas de numerario en uno de sus vapores, ocasionada por el fuego. El Sr. Magistrado Nelson, encargado de redactar la sentencia de la Corte, sostuvo que la Constitucion al conceder la facultad, no pudo haberse referido á la jurisdiccion del almirantazgo tal cual se ejercia en Inglaterra cuando aquella se formó; y que, aun suponiendo que así hubiera sido, la manera como se habia interpretado la Constitucion, tanto por el poder legislativo como por el judicial, le daba mucha mayor amplitud, fuera de que habia precedentes netamente aplicables al contrato en cuestion. En el caso de "Moorewood v. Enequist," (23Howard U. S.491) se volvió á decidir que los contratos de carta partida y fletamentos están sujetos á la jurisdiccion de almirantazgo que ejercen los tribunales federales. Allí se declaró que segun la mente de la constitucion y de la ley del Congreso, eran contratos marítimos sujetos como tales á los tribunales de almirantazgo de la Union, sea que se entablara el procedimientoreal ó personal. En el de "Waring v. Clarke," [5Howard U. S.441] se sentaron los mismos principios generales, sosteniéndose que el almirantazgo era competente para conocer de las colisiones ocurridas en los rios, en aguas que tenian flujo y reflujo, aun que se hallaraninfra corpus comitatus. La cláusula delJudiciary Actque deja á salvo á los litigantes en ciertos casos los remedios del derecho comun, tiene el sentido de que cuando concurran las dos jurisdicciones, la del derecho comun no se considera fenecido por virtud de la ley.
No es competente la jurisdiccion del almirantazgo para conocer del caso en que los constructores de un buque solicitan que se declare que tienen hipoteca tácita sobre él, por el trabajo y los materiales empleados en la construccion, cuando no la establece el derecho local del Estado donde se construyó. "The People's Ferry Company v. Beers" [20Howard U. S.393]. En el caso de "Roach et al v. Chapman et al." [22Howard U. S.129] se negó á conocer la jurisdiccion federal, porque el buque no habia sido construido en aguas sujetas al flujo y reflujo, á pesar de que el derecho del Estado concedia la hipoteca tácita á los constructores. Tampoco es del conocimiento del almirantazgo un contrato de sociedad en virtud del cual una de las partes debia poner el capital y la otra su trabajo é industria para la construccion de un buque.
En el caso de "Ward V. Thompson," [22Howard U. S.330] se trataba de un buque que de intento fué embarrancado para salvar la vida de los tripulantes, y su dueño presentó una demanda personal contra el consignatario del cargamento para que contribuyera por vía de avería general; mas se declaró que no tenian jurisdiccion los tribunales del almirantazgo de la Federacion para conocer de él. La tendrian solo en el caso de que hubiera una hipoteca tácitaabsolutasobre el buque y su cargamento, segun el derecho marítimo; pero en una avería general, la hipoteca tácita es calificada, pues depende de la posesion de los efectos, y cesa luego que éstos hayan sido entregados al consignatario. "Cutter V. Roe," 7How. U. S.729. Esta importante cuestion constitucional fué decidida bajo circunstancias peculiares, y por esta razon probablemente volverá á ser controvertida. El Sr. Magistrado Wayne dijo que si volviera á presentarse, él no la consideraria como resuelta en virtud de esa decision. En el caso "The United States v. The New Bedford Bridge," [1Wood and Minot, 401] el Sr. Magistrado Woodbury desplegó mucha erudicion en la materia de la jurisdiccion de almirantazgo, que dejó casi agotada. Su opinion ocupa mas de cien pájinas impresas.
En virtud del contrato de fletamento, el almirantazgo puede conocer de una accion personal entablada por los dueños de un cargamento contra los dueños del buque, para recobrar las cantidades que por mala fé del capitan prestaron por salvarlo, "Church V. Shelton," [2Curtis Circuit Court, 27].
[135]"The Sloop Mary," 1Paine Circuit Court, 673; "Wilmer v. The Smilax," 2Peters Admir.295,n."David &. Brooks v. Brig Seneca,"Gilp.10C. C. of Pennsylvania.
[136]5Mason's Report, 465. No hay disputa á cerca de si los tribunales de almirantazgo tienen jurisdiccion sobre las cartas partidas y los contratos marítimos en general; la dificultad versa sobre los contratos prévios que dan lugar á aquellos, "Andrews v. Essex."F. and Insurance Company, 3Mason, 6. "The Schooner Tribune," 3Sumner, 144.
[137]"Haly v. Goodson," 2Meriv.77;Lord Stowellen los casos de la "Aurora," 3Rob. Admir.133, 136;The Warrior, 2Dod. Admir.288;The Pitt, 1Hagg. Admir.240. 2Bro Civ. Admir. Law, 114, 115.
[138]Journal of Congress, vol. I, p. 22, 29, 39.Journal of the Assembly of the Colony of New York, vol. II, p. 795, 797, 800. En Inglaterra como observa el Magistrado Conkling, el tribunal delExchequeres el único competente para conocer de los embargos trabados en virtud de las leyes de hacienda; y en los Estados Unidos, los negocios de esta clase sujetos á la jurisdiccion de los tribunales de distrito como tribunales de almirantazgo, solo lo están en virtud de disposiciones legislativas expresas. El efecto que produce la ley respecto á esos negocios es sustraerlos del conocimiento del jurado, sujetándolos á la sustanciacion del derecho civil (romano).Conkling's Treatise, 2d ed. p. 391.
[139]Art. 3, sec. 2.ª de la Constitucion federal. Ley del Congreso de 24 de Setiembre de 1789, c. 20, sec. 9. El Sr. Magistrado Story (3Comm. const.V. L. p. 533 note) dice que la opinion que aquí emito «se funda en un error,» porque la mente de la Constitucion fué que en el sistema judicial de la Federacion, la jurisdiccion de almirantazgo y marina tuviera exactamente el mismo carácter de privativa y la misma extension que tuvo en la jurisprudencia del common law, y nada mas; y que aquellos casos mixtos de almirantazgo, sobre los que antiguamente los tribunales del derecho comun tenian jurisdiccion cumulativa, no habian cambiado de condicion. Si me equivoqué en este particular, creyendo que el poder judicial que debe conocer de «todos los casos de la jurisdiccion de almirantazgo y marina,» segun la Constitucion, tenia el carácter de privativo, fuí inducido á este error, guiado por la interpretacion que hizo la Suprema Corte de los Estados Unidos en la sentencia que dió en el caso de «Martin v. Hunter's Lessee,» 1Wheaton, 304. En ella la Corte consideró que las palabras «el poder judicialse extenderá» etc., eran preceptivas, y por lo mismo, que el Congreso solo podia investir con el poder judicial de la federacion á los tribunales que él mismo creara é instituyera: tenia un deber de conferirtodo el poder judicialá sus propios tribunales. El instruido magistrado que redactó la decision de la corte se fijó en la diferencia de lenguaje que usó la Carta fundamental cuando declaró que el poder judicialse extenderá á todos los casosque en derecho y equidad dimanen de la Constitucion: átodos los casosque afecten á los embajadores etc.; átodos los casosde la jurisdiccion de almirantazgo y marina; y luego añade (omitiendo intencionalmente la palabratodos) á las controversias en que la federacion sea parte interesada, á las que se susciten entre dos ó mas Estados, etc., etc. Manifestó que el cambio de fraseología tenia un objeto y no habia sido meramente casual: que la jurisdiccion que en unos casos era resultado de un precepto, podria existir condicionalmente en los otros, y que cualquiera que fuese la interpretacion que se diera á la Constitucion, la jurisdiccion de los tribunales federales en los primeros era necesariamenteprivativa, mientras que en los últimospodria, ó no tener ese carácter, segun lo dispusiera el Congreso. Esta fué la razon en que fundé la opinion que expreso en el texto, de que siendoprivativala jurisdiccion de almirantazgo y marina, segun la mente de la Constitucion, no debia extenderse mas allá de los límitesreconocidosque tenia, cuando ésta se formó; y apoyado tambien en ella, despues de haber examinado la materia por segunda vez, me pareció que la luminosa decision dada en el caso de «Lovio v. Boit,» asumia una jurisdiccion demasiado ámplia. Pero la nota que se encuentra en los Comentarios á que me he referido, nos enseña que los tribunales de los Estados conservan toda la jurisdiccion cumulativa que tenian sobre los contratos marítimos en 1787, que no depende de la voluntad del Congreso, como dice Wheaton, (vol. I. p. 337) sino que se funda en «una interpretacion razonable de la Constitucion.»
[140]Common Digest, tít.AdmiraltyE. 1, 7, 10, 12, F. 1, 2, 4, 5, 3Blackstone Commentaries, 106, 107. En cuanto á los casos que dependen exclusivamente de lalocalidaddel acto ejecutado, para determinar la jurisdiccion á que pertenecen, la del almirantazgo se limita al mar y á las aguas sujetas á las mareas, sin pasar de la raya de la pleamar, pero conoce de loscasos mixtos, y seria competente para conocer, por ejemplo, de una demanda por servicios prestados parte en tierra y parte en aguas sujetas á las mareas para salvar el cargamento de un buque.United States v. Coombs, 12PetersU. S. 72. En el caso «Peyroux v. Howard,» 7 Peters U. S. 324, la Suprema Corte declaró que estaban sujetas á las mareas las aguas del puerto de Nueva Orleans, y por lo mismo allí procedia la jurisdiccion de almirantazgo; que las reparaciones hechas allí á un buque de vapor tenian el carácter de un servicio eminentemente marítimo, y constituian una hipoteca tácita sobre el vapor, aun cuando el punto de partida ó el término de su viaje estuvieren en el rio, fuera de las mareas. En el caso de «Smith v. The Pekin,»Gilpin, 203, se declaró que un contrato de salarios celebrado en un viaje entre puertos de Estados limítrofes y en aguas sujetas á las mareas en un rio ó bahía, pertenecia á la jurisdiccion de los tribunales de distrito, y podia pedirse su cumplimiento entablándose una accionin remante el almirantazgo. Mas si se tratare de un caso ocurrido en un barco destinado á la navegacion y tráfico interior, que viaja sobre aguas no sujetas á las mareas, no seria competente la jurisdiccion del almirantazgo para conocer de él, aunque dicho barco en su carrera hubiera tocado algun punto en aguas que sí lo están. «The Steamboat Orleans v. Phoebus,» 11PetersU. S. 175.En esta materia, parece que el principio reconocido, es que pertenecen á la jurisdiccion del almirantazgo todas las causas y servicios marítimos verificados en su parte sustancial sobre aguas sujetas á las mareas.En el caso «The Propeller Genesee Chief v. Fitzhugh, 12HowardU. S. 443, se declaró que era constitucional la ley de 26 de Febrero de 1845 (5Statutes at Large726) que en cuanto á los contratos y delitos ocurridos en buques matriculados y autorizados para hacer el comercio de cabotage, navegando de un Estado ó territorio á otros, y teniendo la capacidad de veinte toneladas, inviste á los tribunales de distrito con la misma jurisdiccion de almirantazgo que tienen respecto á los buques del mismo género empleados en el comercio de altura. Los lagos y las aguas que los unen están sujetos al almirantazgo. «Tretz v. Bull,» id. 466.VideJackson v. Magnolia, 20HowardU. S. 291.
[141]En el caso «The Atlas» (2Hagg. Admiralty48, 73) se declaró que el almirantazgo tiene jurisdiccion para conocer de los contratos á la gruesa sobre el casco, que están basados en los riesgos marítimos, y no producen obligacion si el buque se pierde en la travesía, fundándose la decision en la práctica y en las autoridades reconocidas. Mas para que así sea, es requisito indispensable que el contrato sea extrictamente aleatorio; esto es, que su obligacion ó validez, dependa de la ventura ó riesgos del viaje, pues de lo contrario, el almirantazgo no será competente.
[142]Common Dig.tít. Admiralty, F. 6; 3Blackstone's Com.18. El tribunal de almirantazgo tiene jurisdiccion para conocer de los juicios llamadoscausa spolii civilis et marítima, cuyo objeto es conseguir la restitucion de efectos quitados en alta mar por los piratas. «The Hercules,» 2Dodron's Admir.369.
[143]La ley que expidió el Congreso el 8 de Mayo de 1792, en su seccion 2 c. 36. dispone que en los mandamientos, ejecuciones y demás trámites de los juicios de la jurisdiccion de almirantazgo y marina se observe la misma forma (con excepcion del estilo) establecida por los principios, reglas y usos de los tribunales del almirantazgo, en contraposicion á los delCommon law, con sujecion sin embargo á las alteraciones que tengan á bien disponer aquellos tribunales y á los reglamentos que prescriba la Suprema Corte. El que desée conocer la práctica del almirantazgo puede consultar la obra deClerke«Practice of the Court of Admiralty in England,» de indisputable crédito, que fué reimpresa en 1809 por Mr. Hall, quien la adicionó con un apéndice de precedentes. Puede ver tambien el vol. 2.º deBrown's«Civil and Admiralty Law;» los apéndices á los tomos 1.º y 2.º de losReportsde Mr. Wheaton, en que encontrará un digesto y explicacion sumaria de la práctica de los tribunales de la instancia y de presas; y el tratado de Mr. Dunlap, «On Admiralty Practice.» El Dr. Dunlap fué Promotor fiscal de la federacion en Massachusetts, y su obra es calificada por personas muy competentes de erudita, correcta y metódica. Puede verse asimismo el caso de «Lane v. Townsend» que se siguió ante el juez de distrito de Maine en 1835: (Ware 287) allí el instruido juez define la naturaleza y efectos que tienen las estipulaciones en el almirantazgo, é hizo un análisis muy erudito de la manera de instaurar los litigios, y de los pactos pretorios que segun el derecho romano se exigian al demandado, demostrando con razones incontestables los errores en que incurrió Brown en la materia de estipulaciones, cauciones ó fianzas que eran necesarios en la secuela de los juicios segun la práctica del foro romano. En el caso de «Hutson v. Jordan,» [Ware385, 395] el distinguido juez que lo falló discute con su acostumbrada habilidad sobre la práctica del almirantazgo que se deriva del derecho romano y de los tribunales civiles, y sobre la acumulacion de acciones de diversas naturalezas en un solo libelo. Finalmente se puede consultar el vol. 3.º del «New York Legal Observer,» 357, y la entrega correspondiente á Marzo de 1846: del «Law Reporter» sobre las reglas de tramitacion que se observan en las causas criminales de la jurisdiccion de almirantazgo y marina seguidas ante los tribunales federales en el departamento de la instancia, expedidas en virtud de la ley de 23 de Agosto de 1842.
[144]Seccion 9 del «Judiciary Act» de Setiembre de 1789.
[145]Art. 4. sec. 3 de la Constitucion; «American Insurance Co. v. Canter,» 1PetersU. S. 511.
[146]Art. 1, sec. 8.
[147]El Presidente del tribunal de circuito del distrito de Colombia, Mr. Cranch, definió con mucha habilidad las facultades que tiene el poder judicial de ese distrito en el caso «The United States ex relat Stockes, Stockton and Moore v. Amos Kendall, Post Master General of the United States,» 5CranchC. C. 171. En la resolucion de este caso, con fundamento de la ley de 2 de Julio de 1836, se declaró que el tribunal tenia facultad para ordenar al Administrador General de correos, persona demandada, que acreditara á los informantes con la cantidad que elSolicitor of the Treasuryhabia decidido en su favor. El demandado se negó á comparecer á la cita del tribunal, alegando que como jefe de una de las secretarías de Estado, no estaba sujeto á su jurisdiccion para el efecto de la responsabilidad por sus actos oficiales. El Presidente del tribunal sostuvo: que éste tenia la misma jurisdiccion que tienen todos los tribunales de circuito de la federacion, en virtud de la seccion 11.ª de la ley de 13 de Febrero de 1801, y de la seccion 5.ª de la de 27 de Febrero del mismo año; y todavía mas: que solo era inferior á la Suprema Corte: que tenia facultad para hacer comparecer ante sí á cualquiera persona que se encontrara en su jurisdiccion territorial, desde la mas encumbrada hasta la mas humilde, y que en el Distrito, por elevada que fuese la categoría de un empleado, siempre podia llegar hasta él la accion del tribunal. Que en el caso, el demandado no podia escudarse con la autoridad ú órdenes del Presidente de la República. No existe ley alguna que establezca una relacion entre el Administrador General de Correos y el Presidente, quien no tiene facultades para prescribirle cuáles son sus deberes, ni entrometerse (control) en el ejercicio de sus funciones oficiales. En el desempeño de sus atribuciones, el administrador de correos es tan independiente del Primer Magistrado de la Nacion como éste lo es de aquel, y solo indirectamente puede ingerirse en (control) sus actos; á saber, por el temor que pueda tener de que lo remueva, y ningun acto verificado bajo semejante influencia seria justificable. Esta decision fué confirmada en la apelacion por la Suprema Corte de los Estados Unidos en Enero de 1838. «Kendall v. The United States,» 12PetersU. S. 524.
[148]En el caso «The Canal Company v. Railroad Company,» 4Gill & Johnson's, 1, el tribunal de apelaciones de Maryland sostuvo que en el distrito de Colombia y en otros distritos, el Congreso legislaba no como una legislatura local, sino con su carácter propio de legislatura de la Union; y en el caso «The State v. New Orleans N. Company,» 11Martin's Reports, 38, 309, se declaró que la legislatura delTerritoriode Orleans pudo haber otorgado una concesion que obligara al futuro Estado de la Louisiana. En el de «Williams v. The Bank of Michigan.» 7Wendell, 539, elCourt of Errorsde Nueva York declaró que la facultad de instituir un banco estaba comprendida en las facultades generales que el Congreso habia conferido al territorio de Michigan en su ley del 11 de Enero de 1805. De la facultad que tiene el gobierno general para adquirir nuevos territorios, sea á título de conquista ó de compra se deduce forzosamente la de gobernarlos; y precisamente una de dos cosas debe suceder: ó están bajo el dominio y la jurisdiccion del gobierno federal, ó carecen enteramente de gobierno, supuesto que en el momento de su adquisicion, ni tienen derecho á un gobierno propio, ni están bajo la jurisdiccion de ningun Estado. Se encuentran sujetos al poder con que la Constitucion invistió al Congreso. Esta fué la doctrina en que la Suprema Corte fundó su resolucion en el caso "The American Insurance Company v. Canter," 1PetersU. S. 511, y puede verse tambien á Story, Com. 193, 198. 536, n. 1. En un caso resuelto por la Suprema Corte de Justicia del Estado de Massachusetts en 1841 (1Metcalf, 580) se sostuvo que las personas residentes en los lugares cedidos á la federacion para arsenales etc., en que los Estados no se hubieran reservado mas facultades que la de hacer notificaciones allí en los juicios civiles y criminales, no tenian derecho á gozar del beneficio de las escuelas públicas de la poblacion en que estuvieran situados; no estaban sujetas á las contribuciones locales; no adquirian los derechos de vecindad por su residencia, ni gozaban finalmente de las franquicias electorales como habitantes de la poblacion.[148a]
[148a]En cuanto al distrito en que residen los Supremos Poderes de la Nacion, se concedió al Congreso la «facultad exclusiva de legislar en todas las materias,» y en cuanto á los territorios, la de «expedir todas las disposiciones y reglamentos necesarios respecto á los mismos territorios ydemás propiedadespertenecientes á la Union.» La naturaleza y límites de la soberanía que tiene la Union sobre los territorios y sus habitantes, han dado lugar á discusiones políticas muy acres y peligrosas. En el célebre caso deDred Scott, 19Howard's Reports, U. S. 393, la mayoría de los magistrados que formaban la Suprema Corte opinaban que la última cláusula constitucional precitada solo se referia al territorio que existia en los Estados Unidos cuando se adoptó la Constitucion; pero que no podia aplicarse á los que la federacion habia adquirido despues de las naciones extranjeras, por tratado ó conquista. Opinaba asimismo que no era ilimitado el poder del Congreso sobre esta última clase de territorios: que los ciudadanos de los Estados que inmigraban y se radicaban en ellos, no podian ser considerados como colonos, sometidos al poder absoluto del congreso, sino que debian ser tratados como ciudadanos de los Estados Unidos, en el pleno goce de todos los derechos de ciudadanía que otorga la Constitucion, y que no podia tenerse como constitucional ninguna ley expedida con objeto de quitar á un ciudadano su propiedad, al hacerse vecino de un territorio. La cuestion se suscitó con motivo de una ley del Congreso que prohibia la esclavitud en el territorio de la Alta Louisiana que se habia adquirido de Francia mediante un tratado.
[149]Hepburn v. Ellzey, 2Cranch, 445;Corporation of New Orleans v. Winter, 1Wheaton, 91.
[150]Recurso de casacion.
[151]Clarke v. Bazadone, 1Cranch202,United States v. Moore, 3 ibid 109.
[152]Ciceron, en su oracion de la ley Manilia, cap. 14 describe con vivísimos coloridos las vejaciones y abusos cometidos por los magistrados romanos, que ejercian el poder civil y militar en las provincias lejanas.
[153]En el caso de "Golden v. Prince" (3WashingtonC. C. 313) el magistrado Washington habia sostenido en el tribunal de Circuito de la federacion en Pennsylvania, que el Congreso tenia la facultad privativa de legislar en la materia de bancarrotas; pero despues modificó su opinion en el sentido de la doctrina expuesta en el texto.
[154]Es decir que la facultad de los Estados es puramentesupletoriade la de la Union.
[155]Está judicialmente resuelto que la ley que expidió un Estado para castigar el delito de circular moneda falsificada de los Estados Unidos, es válida, y que el Estado tuvo facultades para expedirla, considerándose que lafalsificacion de moneday lacirculacion de moneda falsaeran dos delitos enteramente distintos, «Fox v. The State of Ohio» (5How.U. S. 410.)
[156]Mr. Hamilton, en el informe que como Secretario de Hacienda dió en Enero de 1790, relativo á "una disposicion para sostener el crédito público de los Estados Unidos," recomendaba que el gobierno general asumiera la responsabilidad de pagar las deudas de los Estados, fundándose, entre otras cosas, en que si se dejaba á éstos la obligacion de arbitrarse recursos para pagar las deudas que habian contraido durante la guerra de independencia (que entonces se calculaban en veinticinco millones de pesos), podria haber tal competencia, que produjera disposiciones encontradas, conflictos y desórdenes. Ciertos ramos de la industria nacional llegarian á estar muy recargados con las diversas contribuciones provenientes del ejercicio simultáneo de las facultades de la Union, y las de los Estados sobre unos mismos objetos. A pesar de que conocia perfectamente y muy á fondo todas las dificultades del caso, parece que no puso en duda la autoridad de cada uno de los gobiernos para imponer contribuciones á su discrecion, sino que adopta la política y recomienda la necesidad de la moderacion y tolerancia, cuando se diera el caso de prioridad en la ocupacion de un objeto para satisfacer un impuesto. Es un punto resuelto, y me parece muy claro en su principio, que al interpretar la facultad que tiene el Congreso para decretar contribuciones, derechos y alcabalas, no debe considerarse la cláusula relativa como una concesion absoluta, sin ningun límite ú objeto definido, sino que debe tomarse en conexion con las palabras que le siguen inmediatamente, sujetando y limitando el ejercicio de la misma facultad, "á fin de pagar las deudas y proveer á la defensa comun y bienestar general de los Estados Unidos." (for the purpose of paying the debts, and providing for the common defence and general welfare of the United States.) Este fin no constituye en sí mismo una facultad distinta, sino que califica la de que tratamos restringiéndola á los interesantes objetos que se especifican, aunque la aplicacion de ella admite y aun exige el ejercicio de un arbitrio discrecional, ámplio é indefinido. En los Comentarios de Story (vol. 2, 367-398) se refiere minuciosamente la historia de esta cuestion, y las muy fundadas opiniones que se dieron en ella. Véase particularmente el mensaje del Presidente Monroe sobre el proyecto de ley relativo al camino de Cumberland, de 4 de Mayo de 1822, ibid, 445-446. La cuestion de si el Congreso tiene facultades discrecionales para invertir los fondos recaudados por contribuciones, ó de otra manera, enotros objetosque los que marcan las facultades especificadas, ha dado lugar á discusiones muy notables; y la solucion afirmativa ha sido sostenida con éxito por la práctica del gobierno y las respetables autoridades, entre otras, de Mr. Hamilton y Mr. Monroe, en unos célebres documentos que oficialmente sancionaron. Véase el informe de Mr. Hamilton sobre manufacturas y el precitado mensaje del Presidente Monroe. Story, Com. vol. 2, p. 440-458. Tambien este distinguido comentador da á la afirmativa la sancion de su decisivo parecer.[156a]
[156a]En el caso de «Howell v. State of Maryland» (3 Gill 14) se decidió con muy buenas razones que los Estados pueden imponer contribuciones á un ciudadano residente por los intereses que tenga en buques matriculados, conforme á la legislacion federal.
[157]Véase nota 10 del Traductor al fin.
Nota 10, pág. 236.—"Imparlance" (deParler.)—En general significa el término que el Tribunal concede á uno de los litigantes para responder á su contrincante, por ejemplo, para contestar á la demanda, para la réplica, etc. Pero ordinariamente se limita al término para alegar.
[158]Si llegare á darse el caso de que simultáneamente, un tribunal de la federacion y otro de un Estado expidieren mandamientos de embargo en debida forma contra unos mismos bienes, la prioridad en el tiempo decidirá cuál de los dos debia subsistir, para el efecto del depósito y remate de los bienes, «Jaylor v. Caryl,» [20 Howard United States, 583; «Treeman v. Howe»24 Howard United States, 456.]
[159]En el caso «The State v. Tutt» (2 Baileg S. C. 44) se declaró que independientemente de las leyes del Congreso, los tribunales de los Estados tienen jurisdiccion para castigar la falsificacion y circulacion de billetes de banco y moneda de los Estados Unidos, porque es una garantía indispensable para los ciudadanos. En el caso «The Commonwealth v. Fuller» (8 Metcalf, 313) se declaró que los mismos tribunales podian juzgar á los que conservaban en su poder moneda falsificada del cuño corriente, de plata ú oro, á sabiendas y con intencion de hacerla pasar. En las leyes de 1789, 1806 y 1825 se reconoce que los Estados tienen jurisdiccion concurrente sobre esta clase de delitos.
[160]Caso de «Lockington» resuelto por el Presidente de la Suprema Corte de Pennsylvania, Mr. Tilghman, en Noviembre de 1813, 5HallL. J. 92, y 5HallL. J. 301-330. Ocurrieron casos análogos en Maryland, 5HallL. J. 486, y en South Carolina, 5HallL. J. 497. «Commonwealth v. Harrison,» 11Massachusetts, 63; véase además el caso de José Almeida, en Maryland, de Pool y otros en Virginia, citados en el Derecho Constitucional de Sergeant, p. 279, 280. Por los Estatutos Revisados de New York (vol. II p. 563, sec. 22) los tribunales del Estado pueden otorgar elhabeas corpusen cualquier caso, ménos en aquellos en que se trate de una persona detenida por órden de algun tribunal ó juez federal, y sean de jurisdiccionprivativa.
[161]La ley de 24 de Setiembre de 1789, sec. 33 faculta á los jueces de paz y demás jueces decualquiera de los Estadospara arrestar y reducir á prision, ó exigir fianza carcelera á cualquiera persona que cometa un delito contra la federacion.
[162]Se ha debatido muy acaloradamente la cuestion de si se puede cometer el delito de traicion contra uno de los Estados en particular. Si el delito importa una traicion contra toda la nacion, pertenecerá al conocimiento esclusivo de los tribunales federales. Esta fué la doctrina que defendió la Suprema Corte de New York en el caso «The People v. Lynch» (11Johns549); pero convino en que era posible que hubiera traicion contra un Estado, sin que lo fuera á la vez contra la Union; por ejemplo, si se resiste al cumplimiento de las leyes del Estado, ó se intenta usurpar su gobierno por la fuerza. Mas elllevar la guerraá un Estado, es llevarla á todos los Estados en su capacidad federal, delito que solo el gobierno de la Nacion debe castigar. Parece por lo mismo que el delito de traicion contra uno de los Estados Unidos, separadamente, solo puede tener lugar cuando la oposicion armada que se hace á sus leyes no va acompañada con la intencion desubvertir el gobierno. Es necesario convenir sin embargo en que el lenguaje de las leyes de muchos Estados es tan general, que comprende la traicion en toda su amplitud, y no están bien definidos los límites de ese delito cuando solo ataca un Estado. Se encuentra un ensayo muy bien escrito sobre esta materia en el «American Law Magazine,» número 8 de Enero de 1845. La ley espedida por la Legislatura de New York (1N. YorkR. S. p. 170, 326. 3.ª ed.) supone que la traicion que se comete en el Estado puede ser juzgada y castigada segun sus leyes. Esta fué tambien la doctrina que sostuvo la Suprema Corte de Rhode Island en la causa de Dorr, y tiene el apoyo de escritores como Mr. Rawle y Mr. Sergeant. Véase «Wheaton's American Criminal Law,» Philadelphia, ed 1846 p. 586-592.[162a]
[162a]En 1859, John Brown con una pequeña fuerza armada invadió el Estado de Virginia, con el objeto de dar la libertad á los esclavos y derrocar el gobierno del Estado. Fué juzgado y ejecutado por un tribunal local por el delito de traicion.
[163]Barron v. The Mayor and City Council of Baltimore, 7Peters U. S.243. Véase tambien «In re Smith,» 10Wendell, 449.
[164]Los Estados no pueden establecer gobiernos militares permanentes; pero esto no impide que puedan emplear la fuerza armada para sofocar una rebelion, en caso de que no bastare al efecto la autoridad civil. Véase el caso de «Luther v. Borden,» 7HowardU. S. 1. Este caso es de sumo interés pues en él se discuten extensa y luminosamente los principios fundamentales de gobierno.
[165]«Craig v. The State of Missouri» (4PetersU. S. 410). En el caso de «Briscoe v. The Bank of Kentucky» (11Peters, 257) se discutió muy largamente sobre cuáles son losbilletes de créditoque la Constitucion prohibe á los Estados emitir, y se dijo que eran: «documentos expedidos con la autoridad y bajo la fé del Estado, para que circulen como dinero efectivo,» declarándose que la cláusula prohibitoria de la Constitucion, no comprendia la fundacion de un banco, hecha en nombre y beneficio del Estado de Kentucky, con un capital de dos millones de pesos de su exclusiva propiedad, administrado por un presidente y doce directores elegidos por la Legislatura, pudiendo recibir depósitos, hacer empréstitos y emitir billetes pagaderos al portador á la vista, los cuales, en virtud de una ley posterior, debian ser de forzosa admision en los juicios ejecutivos para el actor, sopena de suspenderse por dos años la secuela del juicio, en caso de que se rehusare. El Sr. Magistrado Story no asintió á esta declaracion, añadiendo que el Presidente de la Suprema Corte Mr. Marshall, habia sido de su parecer cuando en el término anterior de las sesiones se informó á la vista en este mismo caso, que para él era idéntico al de «Craig v. The State of Missouri,» respecto á los principios que envolvia. Séame permitido manifestar, con todo el respeto que tributo á la Suprema Corte, que esta decision revoca en lo sustancial la que se dió en el precitado caso de Craig, y que enerva la fuerza é importancia de la prohibicion constitucional. En el caso de «Linn v. State Bank of Illinois» (1Scammon87) resuelto por el Supremo Tribunal del Estado de Illinois en 1833 aparecen las siguientes circunstancias: que el banco era propiedad del Estado, tenia facultad para emitir billetes ó vales al portador desde uno hasta veinte pesos, que debian devengar intereses y recibirse en pago de los adeudos al Estado: que la Legislatura se habia comprometido á redimirlos, y que los acreedores que se resistieran á recibirlos en pago de sus créditos, tenian por vía de pena que esperar tres años, antes de que pudieran hacer efectivos sus cobros. Segun el mencionado tribunal habia una analogía tan perfecta entre este banco y el de Missouri, que era aplicable y obligaba al Estado como á todos los demás, la resolucion del caso de Craig, y declaró en consecuencia que era inconstitucional la ley del Estado que creaba el banco, y que sus billetes carecian de valor. En el caso de «Mc Farland v. The State Bank» (4Arkansas44) la Suprema Corte del Estado de Arkansas declaró que le obligaba la decision dada en el caso de «Briscoe v. The Bank of Kentucky,» admitiendo sin embargo que derogaba la que se habia dado en el de «Craig v. The State of Missouri,» cuya derogacion lamentaba, porque á su juicio ella contenia la verdadera y sana doctrina constitucional. El banco de Arkansas se encontraba en el mismo predicamento y tenia los mismos principios constitutivos que el de Missouri: sus billetes eran billetes de crédito, si se sujetaban á las doctrinas asentadas en la decision del caso de Craig; pero no lo eran segun las que se aprobaron en la del caso de Briscoe, y, á juicio de la Corte, éstas eran las que debian aplicarse.[165a]
[165a]El principio asentado en el caso de «Briscoe v. The Bank of Kentucky,» fué confirmado despues en el de «Dorrington v. The Bank of Alabama,» 13Howard, U. S.12.
[166]«Craig v. The State of Missouri,» ubi sup. Segun parece, el Magistrado Story (Comentarios á la Constitucion vol. 3 p. 19) sostiene la opinion de que si prescindimos por un momento de la larga práctica seguida desde que se adoptó la Constitucion, y consideramos la cuestion comores integra, segun las sanas reglas de interpretacion, los Estados no tienen facultad para crear bancos cuyo papel deba circular como moneda corriente, supuesto que se les prohibió espresamente acuñar moneda, y cita en su apoyo las opiniones de Mr. Webster, Senador de la Union, y de Mr. Dexter, Secretario que fué de la Guerra. Mas contra estas opiniones podria citarse la opinion tan respetable ó acaso más de Mr. Hamilton, el primer secretario que desempeñó la cartera de Hacienda, fuera de que son decisivos en la materia el juicio contemporáneo de todo el país y la práctica que invariablemente se ha seguido. La circulacion de los billetes de banco,checksy vales negociables, tiene por base el crédito privado, pues no son de forzosa admision, teniendo libertad las personas para recibirlos ó nó. Es claro, por lo mismo, que la Constitucion solo se refirió á los billetes de crédito, emitidos en virtud de alguna ley, en nombre y bajo la fé del Estado, para que circulen como dinero efectivo, de lo que teniamos ejemplos tan perniciosos en nuestra historia. Sus palabras fueron estas: "los Estados no podrán emitir billetes de crédito" [no State shall emit bills of credit]». Esta prohibicion no comprende la emision de billetes por personas particulares, individual ó colectivamente consideradas, sea que se asocien en virtud de algun contrato privado, como sucedia con el banco de New York á fines de 1791 antes de haber obtenido su carta de fundacion, ó sea que lo hagan en virtud de alguna carta de incorporacion, siempre que el Estado no preste su crédito, sancion penal ó coaccion para sostener la circulacion. Esta cuestion quedó resuelta en el caso de «Briscoe v. The Bank of the commonwealth of Kentucky,» declarando la Corte que la Constitucion no restringia la facultad de los Estados para fundar bancos, no tuvo la mente de proscribir los billetes de éstos, ni los consideró comobilletes de crédito, 11Peters U. S.257, 345-349.
[167]Toda ley que cambia el castigo de un acto criminal cometido antes de su expedicion es retroactiva, y solo dejará de ser nula cuando el cambio consista en la remision de una parte del castigo. «Hartung v. The People,» 22New York95; «The Sanchez v. The People,» id. 147.
[168]Los gariteros en los caminos nacionales que pasan por terrenos de los Estados, no pueden parar el carruaje que lleva la correspondencia pública por falta de pago del peage. El recurso que puedan tener, si acaso existe alguno, consistirá en demandar al contratista.Hopkins v. Stockton, 2Watts &. Serg.163.
[169]El Procurador General ha declarado y sostenido oficialmente que el Poder Judicial de la federacion no tiene más facultades para ordenar al Ejecutivo que suspenda la ejecucion de una ley ó el cumplimiento de un deber constitucional, que la que pudiera tener para impedir que la legislatura expidiese una ley.Opinions of the Attorneys General, Julio 27, 1824. Vol. 1. 507, 508.
[170]El Estado de Arkansas instituyó un banco cuyos billetes, segun la ley de fundacion, debian ser admitidos en pago de todos los adeudos al tesoro del mismo Estado, que era el solo dueño de las acciones. Judicialmente se declaró que la derogacion de dicha ley no desvirtuaba la obligacion que el Estado tenia de recibir en pago de sus créditos los billetes expedidos antes. «Woodruff v. Trapnal» [10Howard U. S.190.] «Paup v. Drew,» (ibid 218.) En los casos «Baltimore &. S. R. Co. v. Nesbit» [10Howard, U. S. 396] «Buter v. Pennsylvania» (id 402) «East Hartford v. Hartford Bridge Co.» (id. 511) se discute estensamente sobre el significado de las palabras «desvirtuar un contrato.»
[171]En el caso de «Brewster v. Hough» [10New Hampshire138] se declaró que la legislatura de un Estado no puede desposeerse de la facultad de imponer contribuciones, porque ésta pertenece á la soberanía ó dominio eminente del Estado, opinando el tribunal que solo podria sostenerse la decision dada en el caso de «New Jersey v. Wilson,» considerando la ley á que se refiere como un tratado celebrado con los indios. Mr. Marshal, Presidente de la Suprema Corte de la nacion, opinaba que no era de presumirse que un Estado hubiera convenido en renunciar á dicha facultad, cuando no hubiera una estipulacion expresa al efecto. Mas en el de «Gordon v. Appeal Tax Court» [3HowardU. S. 133] se declaró que una legislatura podia hacer un contrato válido, que debia respetar, de no imponer contribuciones á un banco ó á sus accionistas. Parece que esta declaracion destruye la duda que sugeria la que se dió en el caso deNew Hampshire, y prueba que un Estado, por razones de política ó conveniencia pública, puede comprometerse á no ejercer su poder soberano sobre cualquiera de las materias á que éste se extiende. Este punto está muy bien discutido en la publicacion titulada «American Law Magazine,» entrega de Enero 1846, art. 4 «State Bank of Ohio v. Knoop» (16How.U. S. 369) «Ohio L. Insurance &. Trust Co. v. Debott» (16HowU. S. 416).
[172]En el caso «Christ's Church v. Phil» (24How.U. S. 300) la Suprema Corte de los Estados Unidos declaró que la exencion del pago de contribuciones concedida en la carta de fundacion á una sociedad, era por su misma naturalezadurante beneplácito, pudiendo ser revocada por leyes posteriores. Sin embargo, en el caso «Jefferson Branch Bank v. Shelly» (1Black436) la misma Suprema Corte declaró que habiendo una causa de compensacion adecuada, un Estado puede eximir á una sociedad del pago de contribuciones en la misma carta de su fundacion, y que no podria revocar la concesion por alguna ley posterior. En el caso, segun la carta de fundacion, el banco debia pagar al Estado el seis por ciento de sus ganancias, en lugar de las contribuciones. Véase tambien «Piqua Branch of the State Bank of Ohio v. Knoop» [16HowardU. S. 369] y «Dodge v. Woolsey» [18How.U. S. 331] en que se resolvió el punto de la misma manera. En el de «Jefferson Branch Bank v. Shelly» 9Ohio State616, la Suprema Corte de Ohio no se sujetó á la doctrina de los últimos dos casos, y sostuvo que la ley que impuso la contribucion [á pesar de la exencion del banco] era constitucional; pero la Suprema Corte de la nacion revocó su fallo en la apelacion 1Black sup.
[173]El título de este caso tan célebre en la jurisprudencia constitucional de los Estados Unidos, y que se ha citado como ejecutoria para la resolucion de otros muchos, es «The Trustees of Dartmouth College v. William H. Wodward.» Tuvo el litigio su primera instancia en uno de los tribunales decommon Pleasdel Estado de New Hampshire, y se instituyó para recobrar los libros, carta original de fundacion, sello y otros efectos de la propiedad del colegio. De consentimiento de las dos partes se llevó ante el Tribunal Superior del Estado, y hecha relacion de los hechos, se sometió al fallo judicial el punto de la validez y fuerza obligatoria de dos leyes expedidas por la legislatura del Estado, decidiendo el tribunal en pro de la validez, y absolviendo por lo mismo á la parte demandada. Llevado el caso en apelacion ante la Suprema Corte de los Estados Unidos, ésta, por todos los votos de sus magistrados, ménos uno, revocó el fallo del inferior, declarando que las leyes espedidas por la legislatura eran inconstitucionales, y su observancia no obligaba á los administradores del colegio. Este instituto obtuvo su carta original de fundacion del gobierno británico en 1769, y en ella se puso bajo la direccion de una junta de doce miembros, los cuales debian tener el manejo y la administracion exclusiva de todos sus bienes, con facultad de nombrar á sus sucesores. La legislatura de New Hampshire sancionó una ley cambiando el nombre de la corporacion, y disponiendo que la junta se compusiera de veintiun miembros nombrados por el Gobernador de acuerdo con su consejo de Estado, pasando á la nueva corporacion todos los derechos, facultades, inmunidades y privilegios de la antigua. Otra ley adicional autorizaba al demandado, que era el tesorero de la primitiva junta (parte actora) para conservar la posesion de los bienes contra la voluntad de aquella. La causa se vió en plena Corte el 10 de Marzo de 1818, informando á la vista como patronos de los reclamantes Mr. Daniel Webster y Mr. Hopkinson, y por la parte demandada Mr. Holmes y el Procurador General de la nacion Mr. Wirt.
Nota del traductor.
[174]Véanse los casos «State v. Heyward» (3Rich.389) y «Toledo Bank v. Bond» (1Ohio State622). Se declaró en el último, que la carta de fundacion de una corporacion privada no es un contrato que pueda comprenderse en la cláusula constitucional, negándose que en el caso del Colegio de Dartmouth, la doctrina contraria hubiera recibido la sancion de la mayoría de los votos de la corte.